El Senado de la República aprueba con 87 votos y 40 en contra, que militares sigan en las calles hasta el 2028
*“Vamos a luchar por recobrar nuestra seguridad, confiemos en nuestras instituciones, en las fuerzas armadas”: Ricardo Monreal
Ciudad de México. | 05 octubre 2022
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Libre.- El
Senado de la república aprobó el día de ayer
extender hasta 2028 la permanencia de los militares en las calles, en
momentos en los que se han visto envueltos en polémica tras la extracción de un
cúmulo de comunicaciones electrónicas del Ejército por parte de un grupo de
hackers.
Tras un maratónico debate que se prolongó por
más de ocho horas, el Senado, controlado por el partido gobernante, aprobó por
87 votos a favor y 40 en contra, una reforma constitucional respaldada por el
presidente, Andrés Manuel López Obrador, que amplía de 5 a 9 años la
participación de los militares en labores de seguridad pública.
Los senadores acordaron la modificación de un
artículo transitorio de la Constitución, vigente desde 2019, que establecía que
los militares debían permanecer fuera de los cuarteles hasta 2024.
La iniciativa será remitida ahora a la Cámara de Diputados, que deberá evaluar los cambios que realizaron los senadores a una reforma que fue discutida el mes pasado por la cámara baja, para su aprobación final.
Al defender la reforma, el presidente de la
Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, dijo que la
iniciativa permitirá dotar a la fuerza armada de una “base constitucional” y la
someterá a un mecanismo de control parlamentario.
“Y vamos a luchar por recobrar nuestra
seguridad. Confiemos en nuestras instituciones, en las fuerzas armadas”, indicó
Monreal.
Durante su sexenio, López Obrador ha dejado
en manos de los militares una cantidad cada vez mayor de tareas, que incluyen
la construcción de obras emblemáticas como el nuevo aeropuerto de la capital
mexicana y un tren en el sur del país, el manejo de las aduanas y aeropuertos y
la distribución de vacunas.
Parte de la oposición rechazó la reforma
alegando que viola la Constitución, que establece que la seguridad pública debe
estar en manos de civiles.
“No necesitaría más en un Estado de derecho
que lo que ya dice la Constitución”, afirmó Damián Zepeda, senador del opositor
Partido Acción Nacional, al acusar a López Obrador de incumplir las leyes.
Durante su intervención, rompió algunos papeles y aseguró que el mandatario
“así le va hacer al documento que van a aprobar (…) y lo va a tirar a la
basura”.
El Movimiento Regeneración Nacional (Morena)
debió negociar por casi dos semanas con senadores opositores para lograr los
votos necesarios para aprobar la iniciativa. El primer debate de la propuesta
tuvo lugar el 21 de septiembre, pero se suspendió porque el partido gobernante
no contaba con votos suficientes para sacarla adelante.
Horas antes de que el Senado aprobara la
reforma constitucional, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez
hizo un llamado a los legisladores a no aumentar la militarización en México y,
en un mensaje en Twitter, dijo que el Ejército “no es incorruptible”, tal como indicó
un informe de un grupo de expertos que investiga la desaparición de 43
estudiantes hace ocho años en el sur de México, donde resultaron implicados
algunos oficiales que ya están detenidos.
Durante años, López Obrador defendió el
retorno de los militares a los cuarteles, pero en los últimos meses el
gobernante dio un giro a su postura alegando que, ante el recrudecimiento de la
violencia, se requiere que la fuerza armada permanezca más tiempo en la calle.
Desde 2006, los soldados han cumplido un papel clave en la lucha contra el
crimen organizado y el narcotráfico.
A pesar del amplio despliegue de la Guardia
Nacional, que el mes pasado pasó a estar bajo el control del Ejército, y de
otras fuerzas militares en diferentes estados, la inseguridad se ha mantenido
en México.
En los últimos días, la Secretaría de la
Defensa de México se ha visto envuelta en polémica luego que se dio a conocer
que el grupo de hackers Guacamaya logró sustraer un cúmulo de sus correos
electrónicos. Medios locales difundieron algunos de los archivos sustraídos,
que incluyen planes estratégicos de la fuerza armada e informaciones sobre la
salud de López Obrador.
El grupo Guacamaya hackeó también archivos de agencias militares y policiales de Chile, Colombia, Perú y El Salvador.
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