*El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá no establece un plazo máximo para las consultas de resolución de disputas, pero el primer periodo de 75 días se ha cumplido este lunes, sin que se conozca el rumbo de las pláticas.
Ciudad de México. | 03 octubre 2022
Tribuna
Libre.- Se
ha cumplido: los primeros 75 días establecidos en el Tratado entre México,
Estados Unidos y Canadá (T-MEC) para tener un resultado de las consultas de
resolución de disputas iniciadas por los dos principales socios de México ha
llegado este lunes. El periodo no es definitorio: las partes pueden extender
las conversaciones por el tiempo que consideren necesario, pero de no llegar a
un acuerdo –algo que aún se mantiene en vilo–, un panel emitirá un fallo que
será definitorio para la política energética del gobierno de AMLO.
El capítulo 8 que, según el presidente López
Obrador, protege la libertad del país para cambiar las reglas en el mercado
energético, ha sido desestimado por los abogados especializados como un recurso
viable para defender las regulaciones impulsadas desde la presidencia. Los
párrafos de ese capítulo sólo tienen alcance en el mercado de exploración y
producción de hidrocarburos, que ninguna de las partes ha incluído dentro de
sus reclamos.
Estados Unidos y Canadá, dicen también los
juristas, no pueden exigir modificar las leyes mexicanas porque estarían
violando la autonomía del gobierno mexicano, pero lo acordado en el T-MEC es
suficiente para pedir a la administración federal retirar aquello que va en
contra del acuerdo internacional, sobre todo lo relacionado a beneficiar a las
dos empresas estatales, CFE y Pemex.
Sea como sea, dicen los analistas, México no
podrá continuar con la implementación de la regulación que ha puesto en marcha
hasta ahora.
“El País setendría que comprometerse a
propiciar un marco legal más predecible. Prácticamente a cumplir con lo que
ofrecieron con la reforma energética y que todo sea más transparente frente al
sector”, dice Francisco Franco, un abogado especialista en resolución de
controversias de Baker McKenzie.
Las principales quejas de la parte
estadounidense son la falta de transparencia en los cambios, que estos no han
sido predecibles y que a sus inversionistas no se les ha dado el mismo trato
que a las dos empresas estatales mexicanas, uno de los principales puntos que
violan el acuerdo comercial. “México no está administrando sus leyes de manera
coherente, imparcial y razonable”, dice la carta emitida por el gobierno
estadounidense en julio pasado.
El principal motivo de las consultas es el
cambio que hizo el gobierno mexicano a la Ley de la Industria Eléctrica en
2021, fue invalidada parcialmente por la Suprema Corte de Justicia en abril
pasado.
La cual se mantiene suspendida, por ahora,
por una centena de suspensiones generales otorgadas por jueces a empresas y
organizaciones ambientales.
En sus respectivas cartas, Canadá y Estados
Unidos, colocan como primer punto del desacuerdo el nuevo orden de despacho que
promueve la legislación para subir primero al sistema a la electricidad
generada por las centrales de la CFE.
La Corte no declaró como constitucional este
cambio, pero tampoco se alcanzó la mayoría para que este punto fuera expulsado
del orden jurídico.
Este es el primer punto, dicen los abogados,
que deberá ser cambiado por el gobierno mexicano, para así continuar con el
orden establecido en las reformas secundarias del cambio constitucional del
2013 y que dicen se le debe dar prioridad a la electricidad de centrales con
menores costos variables, que resultan ser las plantas eólicas y solares que,
en su mayoría, pertenecen a los privados.
El gobierno mexicano no ha dado señales de
querer modificar este punto. Esa modificación no ha entrado legalmente en
vigor, pero en la práctica han inhibido la entrada en operaciones de centrales
ya construidas y se ha aumentado el uso de las centrales de la estatal
mexicana. "Si bien el decreto para reformar la LIE se encuentra
actualmente suspendido debido a varios amparos emitidos por tribunales
mexicanos, el gobierno mexicano ha continuado persiguiendo los objetivos de
aumentar la participación de mercado de CFE en detrimento de los productores
privados a través de varias medidas administrativas", dice Canadá en la
carta de solicitud de consultas.
Como parte del acuerdo, dicen los juristas,
la parte mexicana se verá obligada a retraerse de este punto. “Tendría que
haber una iniciativa de ley, del mismo ejecutivo, para decir: ‘todo lo que
había dicho sobre el despacho, ahora va para atrás”, dice David Enriquez, de la
firma Goodrich Riquelme y Asociados.
El lado canadiense también ha sacado a
colación una regulación de 2019, en la cual se modifica la forma en que se
emiten los Certificados de Energías Limpias para que las antiguas centrales de
la estatal CFE tengan acceso a este mecanismo que fue diseñado para incentivar
la creación de nuevas plantas renovables. “Lo que es curioso de la consulta de
Estados Unidos es que está protegiendo a sus inversionistas, pero el de Canadá
está enfocado en proteger también al medio ambiente y eso le da otra capa de
complejidad al tema, y lo volverá más complejo de resolver”, dice Julia
González Romero, del despacho González Calvillo.
Las declaraciones sobre el rumbo de las
consultas han sido nulas hasta ahora. Pero el gobierno mexicano, dicen los
abogados, ya ha dado algunas señales de ceder ante las presiones de sus socios
comerciales o, al menos, de buscar conciliar en algunos puntos. Apenas el
jueves pasado la Comisión Reguladora de Energía (CRE), el regulador del mercado
eléctrico, aprobó 283 proyectos, después de meses en que no se pronunciaba
sobre ello.
Estados Unidos y Canadá agregaron como
segundo punto de queja el actuar del regulador mexicano, la omisión para dar
nuevos permisos y las aprobaciones en favor de CFE y Pemex.
“Hay una alta probabilidad de que se le dé
más tiempo a México, hay algunas expresiones de buena fe y eso puede hacer que
se abra la puerta a tener más tiempo. Pero el reclamo es muy claro, se tienen
que cambiar las porciones reglamentarias que van en contra de dar un trato
igual a los inversionistas”, explica Enriquez.
Estados Unidos también puso sobre la mesa
otros dos cambios regulatorios: uno impulsado desde la Secretaría de Energía
para que Centro Nacional de Control de Gas Natural (Cenagas) limitará la
importación de gas que no haya sido comprado a una de las dos estatales
mexicanas y una prórroga otorgada por la CRE exclusivamente a Pemex para
posponer hasta 2025 su obligación de suministrar diésel bajo en azufre. La
primera se encuentra suspendida por decisión de algunos juzgados especializados
en competencia y por un fallo de la Corte a favor de un recurso promovido por
la Comisión Federal de Competencia Económica. El segundo continúa en marcha y
el regulador no ha dado señales de cambio.
“Lo ideal sería abrogar [las regulaciones] o
buscar un balance donde no se perjudique al inversionistas, lo ideal sería
abrogar”, explica Franco. “No queda más que ceder y es lo que va a pasar”.
Los abogados del sector ya anticipan que
México deberá ceder en algún momento, sea en el periodo de consultas o por la
orden del panel de resolución –que se constuiría si no se llega a un acuerdo
entre los socios–. De llegar a este último, los especialistas dicen que los
argumentos de Estados Unidos y Canadá son más sólidos que los de la parte
mexicana.
