Los ladrones Hugo, Ulises y Eleazar Jr compran candados y brazaletes con GPS a precios inflados en la SSP Veracruz
Claudia Guerrero Martínez | 12 octubre 2022
Tribuna
Libre.- Los
honestos resultaron ser unos ladrones. En la Secretaría de Seguridad Pública de
Veracruz se ha convertido en un paraíso de negocios lucrativos, actos de
corrupción y hasta el cobro de sobornos y moches en detrimento de los policías,
quienes son obligados a pagar diariamente el cobro de piso que imponen sus
jefes, entre ellos el ladrón Hugo Gutiérrez Maldonado, su titular de la Unidad
Administrativa Ulises Rodríguez Landa y el júnior Eleazar Guerrero Barrera,
hijo del primo hermano del gobernador, Cuitláhuac García, el pillo Eleazar
Guerrero Pérez. En esta entrega daremos a conocer dos ejemplos de compras a
discreción infladas en candados y kits
de brazaletes con GPS para penales en Veracruz. Y lo peor, ser un odontólogo
quien es el proveedor consentido de estos funcionarios corruptos.
¿Conocen a Rafael Alonso Núñez? Se dedica a
ser odontólogo, con el correo s.odontologicos.araucarias@gmail.com
y con domicilio fiscal en la calle Obras
Públicas número 8, Colonia SAHOP, en Xalapa, bajo el número de proveedor 6445
en SEFIPLAN. Este odontólogo es el proveedor de varios contratos asignados por
la Secretaría de Seguridad Pública en Veracruz, bajo la compra de candados
específicos para la Dirección General de Prevención y Reinserción Social a
cargo del Vicealmirante retirado Laureano Suárez Allen y kits de brazaletes con GPS para el Centro
de Internamiento Especial para Adolescentes (CIEPA) en el reclusorio de Palma
Sola, en el municipio de Alto Lucero.
Con la
Licitación simplificada LS-14T00000-008-22, se celebró el contrato
SSP-UA-049-22 de fecha 17 de junio del
2022 relativo a la adquisición de 184 Candados marca Hermex Modelo CA65LQ con precio unitario de $2,036 pesos con 30
centavos la pieza, haciendo un subtotal
de $374 mil 679 pesos con 20 centavos, con IVA incluido y retención del 1.25
por ciento dando un total de $429 mil
944 pesos con 38 centavos. Lo interesante es que cada candado fue inflado un
cien por ciento y jugaron con las especificaciones. Les cuento a las y los
inteligentes lectores.
Encontramos que el costo de estos candados es
el siguiente:
1.-Candado Acero 65 Mm Largo Puntos Hermex
43337 Hermex CA-65LQ a solo $235 pesos Fuente: https://www.walmart.com.mx/ferreteria/herramientas-electricas/compresores/candado-acero-65-mm-largo-puntos-hermex-43337-hermex-ca
65lq_00750120668105?srsltid=AR5OiO1PMmmzdOftJczTdb8oXvGI1gqMbEp-hynVrf9oNa0OPI_NqOQetro
2.- Hermex CA-65LQ, Candado redondo, 65mm,
gancho largo, llave de puntos, blíster a solo
$235 pesos Fuente:
Con este simple ejercicio de búsqueda, estos
184 candados asignados para la Dirección General de Prevención y Reinserción
Social, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública a cargo de Hugo
Gutiérrez Maldonado, jugaron con la descripción tratando de confundir con las
especificaciones, pero en realidad es un simple candado de acero doméstico,
elevándolo al 100 por ciento cada uno y más caros que comprarlos en tiendas de
conveniencia. Es decir, los compraron por cerca de 100 veces más caros.
Los jefes van a argumentar miles de excusas
por lo que no se puede comprar estos candados en estos establecimientos. Pero
este precio sirve de referencia para conocer el precio de mercado y bien pueden
cotizar en varios establecimientos que cumplan
con todos los requisitos como RFC, Comprobante Fiscal, entre otros, para
conocer el precio de mercado. Hay 288 empleados “administrativos”
adscritos a la Unidad Administrativa a
cargo de Ulises Rodríguez Landa, según la página de Transparencia de SSP y
varios de ellos pudieron cotizar, pero no lo hicieron, optando el mismo Ulises
Rodríguez asignarle el contrato e inflar
precios bajo la complicidad del dentista Rafael Alonso Núñez.
Sobre la cantidad de empleados en la Unidad
Administrativa de SSP, con base a la Ley esta dicta: “Artículo 15 Frac. VIII.
La remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos…” y se ve claramente que algunos nombres de
empleados se repiten, no sabemos por errores de llenado o aviadores, mostrando
no ser 288 “administrativos” adscritos a
la Unidad Administrativa y a algunas personas se les paga 2 o 3 sueldos, con
base a la información que arroja Transparencia.
Y sobre
los 184 candados a precio de cien veces más del costo comercial en
tiendas, también identificamos al mismo proveedor, el odontólogo Rafael Alonso
Núñez, con la misma dirección fiscal, a quien le otorgaron otro contrato con el
número SSP-UA-039-20, sobre la contratación del servicio de Señales Analógicas
y Digitales en el monitoreo electrónico
y adquisición de Brazaletes, el 07 de
julio del 2020, para el Centro de
Internamiento Especial para Adolescentes (CIEPA) en el Reclusorio de Palma
Sola, en el municipio de Alto Lucero, donde se adquirieron 17 kits de
brazaletes con GPS para menores infractores en libertad condicional, por un
monto de casi $700 mil pesos.
Lo interesante es que las especificaciones
fueron borradas en el documento informativo oficial, con la liga:
http://repositorio.veracruz.gob.mx/seguridad/wp-content/uploads/sites/16/2020/10/2.-SSP-UA-039-20.pdf el cual dicta: “Eliminado: 12 renglones
(Descripción del Bien). Fundamentación: Artículo 113 fracción I de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Motivación: Como
información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación comprometa la
Seguridad Nacional, la Seguridad Pública o la defensa nacional y cuente con un
propósito genuino y un efecto demostrable”.
Además, con la liga de una nota de un medio
de comunicación en Guanajuato:
https://lasillarota.com/guanajuato/estado/2019/9/11/brazaletes-de-tobillo-con-gps-para-los-reos-del-estado-en-libertad-condicional-198654.html en ella se especifica que un brazalete en el
tobillo por libertad condicional tiene un costo aproximado de $23 mil pesos
cada uno y cuenta con un espectro de 250 aparatos para ser monitoreados las 24
horas.
En este caso, las especificaciones sobre la
adquisición de 17 kits de brazaletes con GPS lo borraron para no evidenciar la
compra inflada, para beneficio del quizá prestanombres Rafael Alonso Núñez.
Con estos breves ejemplos se comprueba que
las compras en la Secretaría de Seguridad Pública son infladas, manipuladas y
se otorgan los contratos a personas sin experiencia en el ramo o son
prestanombres de altos funcionarios de SSP.
Notita importante: “Sobre la Primera Carrera
Recreativa Orgullo Policial 2022, las chicas que se encuentran en el módulo de oficinas centrales que están
inscribiendo a la Primera Carrera están recibiendo dinero en efectivo. Y se
hacen varias preguntas: ¿A qué partida cargarán las camisetas y las
medallas? ¿El ingreso que se obtendrá no
será por medio de la SEFIPLAN? ¿Se cotizó el costo? ¿Hay estudio de mercado?
¿Hay un dictamen? ¿Autorizó el Subcomité de Adquisiciones? ¿Ya se reportó a la
Contraloría? Entre otras. Seguro van a decir que hay dinero federal, pero aun
así hay requisitos que se deben cumplir como los antes descritos. O todo lo
llevan a la cuenta de “Vinculación Ciudadana” o a la “Agenda 2030” o como se
llame, en la cual, cargan todo como: Viáticos, gasolina, lapiceros, folders,
impresiones, la botarga, sueldos, entre otros, en una pequeña “licuadora”. ¿Y la transparencia?, bien gracias.
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Entre lo utópico y lo verdadero
Sobrina de López Obrador y titular de Evaluación de Delegaciones encontró anomalías y extorsiones en IMSS Veracruz Norte
Claudia Guerrero Martínez | 12 octubre 2022
Tribuna
Libre.- Detectamos
a la sobrina del presidente de México ser beneficiada en claro conflicto de
intereses por ser familiar directo del Andrés Manuel López Obrador, de nombre
muy largo, Luisa Alejandra Guadalupe Obrador Garrido Cuesta, actual jefa de la
Unidad de Evaluación de Delegaciones, quien realizó auditorías en la Delegación
Norte Veracruz encontrando quejas por actos de corrupción, anomalías
administrativas y extorsión en contra de empresarios.
Pero antes, daremos una síntesis curricular
de la sobrina del presidente López Obrador incrustada en el IMSS y ser el brazo
ejecutor de Zoé Robledo, titular del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Resulta que Luisa Alejandra Guadalupe Obrador Garrido Cuesta es la jefa de la
Unidad de Evaluaciones del IMSS desde abril del 2021 y antes se desempeñó como
coordinadora normativa del PHAE/DVIE a partir de julio del 2019. Y al arranque
del gobierno de su tío en el 2018, Luisa Obrador se desempeñó en la Unidad de
Política Interior en la Secretaría de Gobernación de diciembre del 2019 a junio
del 2020. Todos estos cargos bajo la protección e ilegalidad de su tío y
pariente Andrés Manuel López Obrador.
Y antes de que llegara al poder, Luisa
Obrador trabajaba en la Dirección de Relaciones Institucionales de Grupo
Salinas y Banco Azteca. Estudió Sociología con la Cédula Profesional 6702428 y título expedido por el Instituto Tecnológico Autónomo de México,
en el periodo 1989 -1992. Hoy, Luisa Alejandra Guadalupe Obrador Garrido Cuesta
es la encargada de auditar las Delegaciones del IMSS en todo el país, pero en
especial a la Delegación IMSS Norte Veracruz, por las constantes quejas por
actos de corrupción y extorsión en contra de empresarios.
Y nos comentan: “En el documento anexo
encontrará la información relacionada con los resultados de la auditoría que
nos mandaron de la Federación por instrucciones de Luisa Alejandra Guadalupe
Obrador Garrida Cuesta, sobrina del presidente Andrés Manuel López Obrador y
quien actualmente funge como jefa de la Unidad de Evaluación de Delegaciones
del IMSS, en el cual, la Dra. María de Lourdes Carranza Bernal, actual delegada
del IMSS Veracruz Norte está en el banquillo de los acusados por anomalías y
actos de corrupción.
Con la publicación del otorgamiento de
pensiones sin derecho, con la liga: https://periodicoveraz.com/fraude-imss-veracruz-otorga-955-jubilaciones-sin-derecho/
este fue el detonante para realizar una
auditoría profunda a la Delegación IMSS
Norte, por las quejas por extorsión en contra de empresarios y múltiples actos
de corrupción, siendo el Director General del IMSS Zoé Robledo Aburto quien
decidió enviar a realizar auditorías en Veracruz, bajo la responsabilidad de Luisa Obrador.
Dentro de los resultados preliminares informa
que encontraron, deterioro en la infraestructura hospitalaria, irregularidades
en los procesos licitatorios en el área administrativa a cargo de Rafael Zarate
Pérez, irregularidades en la asignación de plazas, así como retrasos en los
pagos a pensionados en el área de Recursos Humanos a cargo de Marco Antonio
Madrid Valencia, quien vende las plazas en $50 mil
a $150 mil pesos.
Además, se detectó disminución en la calidad de la atención médica a cargo de la
Dra. Ingrid Zaragoza Ruiz, pensiones y más pensiones otorgadas sin derecho,
vicios ocultos en los procesos de auditorías, sabotaje en los juicios, como el
tan sonado caso de Tiendas Tony de la familia Chedraui a cargo de Oscar
Barradas García y Hugo Cristian Mora Mávil, este último es quien protege a Ana
María Chan, la principal operadora de la Dra. María De Lourdes Carranza Bernal
en la Riviera Veracruzana, donde los sobornos oscilan entre los $30 y 50 mil
pesos por obra construida, dependiendo del lujo y costo del inmueble.
Todo esto orilló a la Delegada a hacer
cambios sustanciales en su estructura, el despido de la subdelegada y de los
responsables de la alteración de semanas cotizadas. También, llega a Xalapa
Andrés Moreno Aguirre y Julio Cesar Granados Moreno, protegidos de Luisa
Obrador y le fueron impuestos a la Delegada desde México.
Cabe mencionar con la llegada de Julio Cesar Granados Moreno
a la Subdelegación se esperan cambios radicales, pero el más extraño es el
nombramiento de Rodolfo Winstler, quien precisamente salió por la puerta de
atrás de la Delegación IMSS Veracruz Sur, por alterar semanas cotizadas para
otorgar pensiones de manera corrupta, lo que nos lleva a pensar, que con el
despido de la subdelegada y del resto del
personal solo realizaron una simulación y ese jugoso negocio viene de más arriba.
Esto lo advertimos, porque irónicamente la
Dra. María De Lourdes Carranza Bernal no le hizo ni cosquillas a otro de los
responsables, Oscar Barradas García, quien nos informan es protegido por la
Directora de Incorporación y Recaudación Norma Gabriela López Castañeda.
Se espera que esta auditoría pueda llegar a
la petición de renuncia de María de Lourdes Carranza Bernal por el bien de la
institución.
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