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noviembre 09, 2022

Layda Sansores deberá eliminar publicaciones contra Ricardo Monreal al conceder juez de distrito amparo

                                                                                          Ciudad de México. | 09 nov. 2022 

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Tribuna Libre.-  Un juez de Distrito admitió la demanda de amparo interpuesta por el senador Ricardo Monreal Ávila, a quien se le concedió la suspensión provisional que, de acuerdo con tesis de jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, procede para que los responsables, la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, y demás autoridades, se abstengan de continuar realizando publicaciones, así como que eliminen de internet y de las redes sociales las publicaciones "que a todas luces son falsas, carentes de veracidad, objetividad e imparcialidad, además de que con su utilización las autoridades actúan con ilegalidad, rebasando sus facultades".  

El equipo legal del legislador señaló que haber optado por la vía de la autoridad persecutora de delitos y la jurisdiccional tiene por propósito evidenciar las burdas e ilegales maniobras de ataques sistemáticos, con motivaciones políticas, emprendidas contra el senador Monreal Ávila.

Recordó que con motivo de las intervenciones de comunicaciones privadas que realizó y difundió Layda Sansores, el senador Ricardo Monreal interpuso ante la Fiscalía General de la República denuncia penal por varios delitos, entre ellos, intervención y difusión de conversaciones privadas y peculado, por lo que la carpeta de investigación se está integrando, y se procede a su desahogo en términos de ley.  

La demanda de amparo procede para que la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, y demás autoridades, se abstengan de continuar realizando publicaciones, así como que eliminen de internet y de las redes sociales las publicaciones.   

Los mensajes, materia de la denuncia, fueron publicados el 23 de octubre y el 1 de noviembre de 2022 en diversas redes sociales, así como el 25 de octubre de 2022 en el programa “Martes del Jaguar”.

Se reclama por la vía penal la intervención ilegal de comunicaciones privadas, así como la manipulación, edición, publicación y difusión a través de redes sociales oficiales (Youtube, Twitter, Facebook).

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