*Propone Marco Antonio Martínez Amador modificar el párrafo octavo del artículo 4° de la Constitución Política local.
Xalapa, Ver. | 11 nov. 2022
Tribuna
Libre.- El diputado Marco Antonio
Martínez Amador presentó al Pleno de la LXVI Legislatura una iniciativa que
prevé reformar el párrafo octavo del artículo 4° de la Constitución Política
del Estado para establecer que a los justiciables miembros de pueblos indígenas
y comunidades afromexicanas se garantizará el acceso a asistencia jurídica
gratuita, a través de intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su
idioma y lengua.
Al participar en la segunda sesión ordinaria,
correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional, el legislador
explicó que con esta modificación busca garantizar la defensa a los
justiciables pueblos originarios o afromexicanos que no dominen el castellano
y, a su vez, impulsar una legislación más igualitaria para promover juicios más
justos.
El
representante del Distrito de Acayucan dijo que en el estado de Veracruz hay
aproximadamente 663 mil personas pertenecientes a pueblos indígenas, “siendo la
cuarta entidad federativa con mayor población en todo el país con un equivalente
del 9.3 por ciento de la población indígena según datos del INEGI. La mayoría
en condiciones de vulnerabilidad social y económica lo que da una dimensión del
problema”.
Agregó
que la Ley de Derechos y Culturas Indígenas para el estado de Veracruz reconocer
y protege a los pueblos indígenas náhuatl, huasteco, tepehua, otomí, totonaca,
zapoteco, popoluca, mixe, chinanteco, mazateco, maya, zoque y mixteco, así como
a todos aquellos que estén asentados en la entidad.
Asimismo,
habló sobre los Tratados Internacionales de los que México es parte y precisó
que estos ordenamientos se advierte el derecho a no ser objeto de ningún tipo
de discriminación, en particular la fundada en su origen o identidad indígenas,
el derecho a que los pueblos indígenas puedan entender y hacerse entender en
las actuaciones políticas, jurídicas y administrativas; proporcionando para
ello servicios de interpretación u otros medios adecuados.
El
legislador detalló que en el ámbito internacional se reconoce el derecho de los
pueblos originarios a ser actores en procesos legales justos y equitativos,
“enfatizando su derecho a acceder a una interlocución e información
comprensible la cual se da, como resulta obvio para quienes no son hispanohablantes,
a través de la asistencia de un intérprete así como también por conducto de un
representante legal que además de hablar su lengua originaria conozca su
cultura y costumbres”.
Destacó
que en la elaboración de la iniciativa y acorde con lo dispuesto en la
legislación, realizó Foros de Consulta a los pueblos y comunidades indígenas,
toda vez que cualquier propuesta, plan o programa, e inclusive política
pública, debe tener su consentimiento, ya que les impacta directamente.
Al
respecto, informó que realizó foros el pasado 10 y 16 de julio en las ciudades
de Acayucan y Chicontepec para conocer a detalle las aportaciones de las y los
integrantes de los grupos originarios, “la consulta implica la obtención del consentimiento
previo, libre e informado respecto de la implementación de reformas o
modificaciones legislativas, que impacte los valores y las prácticas sociales,
culturales, religiosas y espirituales de nuestros pueblos originarios y
afromexicanos”.
La iniciativa fue turnada para
su estudio y dictamen a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos
Constitucionales.
