*Presenta diputado Jaime Enrique de la Garza Martínez una iniciativa para actualizar la Constitución Política local.
Xalapa, Ver. | 25 nov. 2022
Tribuna
Libre.- El diputado Jaime
Enrique de la Garza Martínez propuso que la seguridad pública, la protección de
los bienes y vivir en un entorno de tranquilidad social, libertad, paz y orden
públicos sean derechos fundamentales reconocidos y garantizados por la
Constitución Política del Estado de Veracruz, en favor de todas las personas y
en toda la entidad.
La propuesta fue presentada por el referido
legislador durante la Cuarta Sesión Ordinaria del Segundo Año de Ejercicio
Constitucional, mediante una Iniciativa de Decreto que adiciona un tercer
párrafo, recorriéndose los subsecuentes, al Artículo 4 del máximo ordenamiento
estatal.
Jaime Enrique de la Garza consideró que la
seguridad no es sólo un valor jurídico, normativo o político, sino también
social, pues, acotó, es la base del bien común de las sociedades, indispensable
para el desarrollo equitativo y justo de todos sus integrantes.
Respecto a los Derechos Humanos, amplió el
Diputado, la seguridad es causa y consecuencia. “Como causa, explica que no se
puedan garantizar otros derechos si no está garantizada la seguridad de los
ciudadanos de un estado. Como consecuencia, hay que ser conscientes de que el
incumplimiento del resto de los derechos genera inseguridad”, precisó.
Refirió la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, en cuyo artículo 3 establece que “Todo individuo tiene
derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”, además de
otros ordenamientos como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General del Sistema Nacional
de Seguridad Pública.
De acuerdo con el legislador, su propuesta
implica que el Estado transforme el enfoque actual, que hace de la seguridad
pública una obligación de brindar un servicio público, para ser considerada un
derecho de las personas y, por tanto, exigible individual o colectivamente.
De la Garza Martínez añadió que la seguridad
pública ya se encuentra reconocida como un derecho humano en la legislación de
otras entidades federativas del país como Baja California Sur, Chiapas, Ciudad
de México, Durango, Guerrero, Hidalgo, Querétaro, Tabasco y Zacatecas.
Esta iniciativa, con la adhesión de los
grupos legislativos del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido
Revolucionario Institucional (PRI), así como las diputadas Ruth Callejas Roldán
y Citlali Medellín Careaga, fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y
Puntos Constitucionales.
