Ciudad de México. | 27 febrero 2023
Tribuna Libre.- La Fiscalía General de la República (FGR) cuestionó nuevamente al juez Roberto Paredes Gorostieta y Femat que absolvió a Rosario Robles, por el delito de ejercicio indebido del servicio público y anuló el proceso penal en su contra por considerar que hubo violaciones al debido proceso.
La dependencia federal aseveró que las
pruebas acumuladas en este juicio señalan, con absoluta claridad, la
responsabilidad penal correspondiente.
“El hecho de que el juez Paredes Gorostieta haya sobreseído en forma
total y con efectos de sentencia absolutoria, a favor de Robles Berlanga, es un
acto de injusticia inaudito que, por carecer de fundamento, obliga a esta
Institución a iniciar un procedimiento penal inmediato”.
En un comunicado, la FGR, a cargo de
Alejandro Gertz Manero, señaló que el sobreseimiento es una violación flagrante
a todos los expedientes penales que señalan las responsabilidades
correspondientes.
Declarar que eso no constituye delito es algo
absurdo e inaceptable, ya que dicha afirmación no está sustentada, ni
fundamentada en los hechos, ni en las leyes, ni en las pruebas.
La Fiscalía afirmó que el juez Roberto Paredes
Gorostieta y Femat “utiliza dolosamente una legislación que no es aplicable
penalmente, para violentar la ley y las constancias que existen en los
expedientes penales respectivos”, contrario a lo que señala la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en su artículo 118, que establece con
toda claridad la independencia de las responsabilidades administrativas de las
penales.
“Independientemente de que todas las
objeciones señaladas se incorporarán a la apelación correspondiente, la
Fiscalía General de la República no puede omitir su responsabilidad de
perseguir la comisión de un presunto delito contra la administración de
justicia (art. 225, fracción VI, del propio Código Penal Federal)”.
La Fiscalía aseveró que el desvío de recursos
realizado en las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) a cargo de Rosario Robles durante el
sexenio de Enrique Peña Nieto constituyen “uno de los casos más escandalosos de
corrupción y de daño patrimonial para el país”, en referencia a la Estafa
Maestra.
“Hasta este momento, la cantidad saqueada
supera los cinco mil millones de pesos y existen 24 casos penales federales en
donde están involucradas más de 50 personas, en averiguaciones previas y en
carpetas de investigación, todas ellas de carácter penal, que han sido
judicializadas en su momento”.
La FGR puntualizó que la afectación al
patrimonio nacional “ha quedado evidenciada en todos esos juicios,
principalmente en el caso de Rosario Robles, a quien se le imputó el delito de
ejercicio indebido de servicio público, ya que como titular de las áreas
involucradas, supo de los delitos ya señalados y existen pruebas abundantes al
respecto; y no avisó por escrito a su superior jerárquico, ni impidió, ni evitó
ese saqueo, estando dentro de sus obligaciones hacerlo”
“Lo cual generó un enorme daño patrimonial de recursos que deberían de haber ido a los sectores más necesitados del país y que fueron saqueados de una manera dolosa y abusiva”.
