* Araly, un caso menor * Cuitláhuac naufraga * Admite que hay empresas fantasma * En enero de 2022 supo quiénes eran los saqueadores y los solapó * AMLO no congeló a Nahle en diciembre * La cobijó y ya la destapó * 3.5 millones al despacho recomendado de Gómez Cazarín * Ediles de Coatza no protestan ni cuando los visita un narco.
Mussio Cárdenas Arellano | 11 febrero 2023
Tribuna Libre.- A él, que lo registren. Y que hurguen en sus cuentas, en las empresas fantasma, y en Araly, la prestanombre, y en cada contrato, y en las fortunas de los favoritos del harem. Porque con Cuitláhuac García la corrupción ya detonó.
Que sí lo comparen con Javier Duarte, porque
uno y otro, la vedette por Morena y el gordobés por el PRI, se trazaron a idea
de cómo joder a Veracruz usando el erario a su antojo, traficando contratos,
tejiendo el entramado por el que hicieron correr cientos, miles de millones de
pesos, y al final la identidad de los hombres y mujeres de paja, las empresas
fachada, quedó al descubierto y dio la pista para desentrañar el modus operandi
para robar.
“No manchen”, había refunfuñado Cuitláhuac
cuando Movimiento Ciudadano lo situó en el mismo fango que Javier Duarte, el ex
gobernador que yace en prisión, purgando una condena de sólo nueve años,
señalado de embolsarse mínimo 34 mil millones de pesos o mucho más.
Pues sí mancharon y tuvieron razón.
Cuitláhuac García es la versión Duarte en
tono guinda. Saquea el erario con empresas fantasma, a nombre de personajes de
baja condición económica que se prestan a la treta o que dicen haber sufrido
robo de identidad y que sus datos sirvieron para que una persona física o moral
expidiera facturas cuyo importe se lee en cientos de millones de pesos.
Así fue el robo. Cuatro años metiendo la uña,
operando una red de corrupción mediante licitaciones simuladas, asignaciones
directas, entrega de contratos, un torrente de recursos cuyo destino fue un
selecto pull de proveedores vinculados a mandos altos y medios en secretarías
del gober rapaz.
Parecía perfecto el hurto pero no lo fue.
Creció como una burbuja, pero al final la burbuja reventó.
Hubo una primera señal. Una carta suscrita
por empleados de la Secretaría de Salud reveló identidades, nombres y rostros,
cargos y lealtades. Fue la voz que rompió el silencio.
Se difundió en la columna de la periodista
Claudia Guerrero Martínez, Entre lo Utópico y lo Verdadero, el 30 de enero de
2022. Y ahí el modus operandi de la pandilla de Cuitláhuac.
“El presente documento es una denuncia sobre
actos de corrupción y un evidente enriquecimiento inexplicable por parte del
Subdirector de Recursos Materiales de SESVER, el funcionario Javier Enrique
Rueda Oliver; hechos que son una burla y absoluta falta de respeto para todos
los veracruzanos que confiamos en este nuevo gobierno y en esta supuesta 4ª.
Transformación.
“Este funcionario, que llegó al estado de
Veracruz junto con el inicio del actual Gobierno Estatal, no solo operó como
encargado de las finanzas del PRI en el estado de Morelos a favor de José
Antonio Meade, cuando era candidato a la Presidencia de la República, sino que
además se mofaba de la 4T, burlándose en sus redes sociales del entonces
candidato Andrés Manuel López Obrador y de todos sus seguidores llamándolos
despectivamente “chairos”.
“De forma paradójica, Javier Enrique Rueda
Oliver se sube al tren de la 4T en Veracruz como funcionario de SESVER,
operándole gran cantidad de negocios a Jorge Sisniega Fernández, Director
Administrativo de SESVER y a su familia, donde la corrupción, los moches y los
intereses personales están a la orden del día.
“Javier Enrique Rueda Oliver ha beneficiado a
diversas empresas proveedoras de SESVER como Pharmacur SA de C.V;
Infraestructura y Equipamiento en Salud SA de CV; Afya Medik SA de CV; Araly
Rodríguez Vez; Abastecedora de Insumos y Equipos Comerciales S. de RL de CV;
entre muchas otras, las cuales, gracias a fuertes sumas de dinero que este
funcionario recibe, les ha permitido obtener contratos millonarios violentando
en muchas ocasiones las leyes que norman las compras en las instituciones de
gobierno”.
Araly Rodríguez se habría de convertir en el
detonante del escándalo.
El 14 de junio de 2022, Claudia Guerrero
abundó. Citó más nombres, relaciones familiares y el rol que jugaban en el
operativo para saquear a la Secretaría de Salud de Veracruz.
A Araly Rodríguez se le asignaron siete
contratos. Su giro comercial eran los bienes informáticos, licencias,
arrendamientos, materiales, útiles, bienes inmobiliarios y equipo de oficina.
Su nombre de proveedor, 32804. Pero la SSA le compró batas quirúrgicas,
overoles desechables, guantes, frascos goteros y otros implementos más.
En esa entrega, la autora de Entre lo Utópico
y lo Verdadero no sólo identificó a los integrantes de la red de corrupción. Reveló
sus nombres, sus rostros y la función dentro de la pandilla.
En la cúspide, Jorge Eduardo Sisniega
Basurto, director administrativo; su hermana, Lucía Sisniega Fernández,
operadora financiera, así como Rodrigo Basurto Gutiérrez y Hermes Alvarado Villanueva,
ambos integrantes de la red de corrupción.
Se asignaron contratos a TRKN, empresa
categorizada como fantasma o fachada por el Servicio de Administración
Tributaria (SAT) de Hacienda. Otro paquete de contratos fue para 30 empresas de
nueva creación.
Y seguían las irregularidades. A una de esas
empresas, “Infraestructura, Construcción Lumssy SA de CV, dedicada a la
realización de obra civil, la Secretaría de Salud le dio un contrato por $392
millones 437 mil 57 pesos, en la compra de cortinas antibacteriales”, agregaba
Claudia Guerrero.
Mostró la vida en rosa, la opulencia, los
viajes, el derroche. Abría la ruta hacia los integrantes de la red de
corrupción. Fotografías de Roberto Basurto en sus viajes a España, aparecían en
Facebook; Lucía Sisniega, en Abu Dhabi.
Luego vendría el misil del PRI. Su líder
estatal, Marlon Ramírez Marín documentó la podredumbre y la subió a tribuna en
el Congreso de Veracruz. En su rol de diputado, demandaba razones que
explicaran la asignación de contratos a empresas fantasma, algunas con
domicilio social en casas de condición humilde, en colonias alejadas, sin que
nadie supiera que en ellas operaran empresas contratistas.
Se había seguido el esquema de Javier Duarte
para saquear al gobierno de Veracruz.
Finalmente, un nombre, el de Araly Rodríguez
Vez, hizo añicos la faramalla de la honestidad valiente, el cuento obradorista
de la pureza, el “no somos iguales”. No, resultaron peores.
Con un salario de 7 mil 200 pesos netos al
mes, Araly Rodríguez es maestra de base en la Secretaría de Educación de
Veracruz. Su plaza está registrada en Cosoleacaque, al sur de la entidad.
Quienes la conocen, afirman que apenas si se sabe expresar, lo que tiene mucho
de criticable siendo maestra. Y aún así, el gobierno de Veracruz le asignó
contratos por 100 millones de pesos, todos en tres dependencias: Salud, DIF
estatal y Seguridad Pública.
Ahí se le torció el rabo al gobernador. Quizá
fue un desliz pero Cuitláhuac García admitió la irregularidad. Y se precipitó
en un tobogán de mentiras y enredos.
Tildó a Araly Rodríguez de “prestanombre”.
Luego diría que se ostentaba como representante de empresas. Después, que se
investigaba un posible lavado de dinero. Y que era trabajadora eventual y que
ya no se le contrataría. Más tarde se sabría que es empleada de base,
sindicalizada.
Araly Rodríguez tampoco es una víctima. Hay
quienes afirman que probablemente sufrió robo de identidad, que desconocía que
le habían asignado contratos por 100 millones de pesos. Falso. Su nombre
comenzó a circular el 22 de enero de 2022 cuando Claudia Guerrero difundió la
carta de los trabajadores de la Secretaría de Salud denunciando la red de
corrupción.
Más de un año y Araly Rodríguez Vez no
denunció el uso de su nombre. Por lo menos no hay evidencia de que haya acudido
a las instancias judiciales.
Tampoco es mérito de Marlon Ramírez y de la
diputada Anilú Ingram, quien en diciembre de 2021 apretó y cercó al entonces
secretario de Salud de Veracruz, Roberto Ramos Alor, sobre la contratación de
médicos cubanos y la asignación de contratos.
Marlon y Anilú fueron cómplices silenciosos
cuando Javier Duarte gobernaba Veracruz y el saqueo era descomunal, peor que el
de Cuitláhuac. Marlon Ramírez fue subsecretario de Gobierno; Anilú, presidenta
de la mesa directiva del Congreso de Veracruz por decisión de su padrino,
Javier Duarte. Su lucha no es contra la corrupción. Es por el regreso por
senadurías. Añoran el regreso al poder.
Cuitláhuac sí es como Duarte. Le faltan
alcances pero está hecho de lodo. Los distingue la corrupción, el saqueo, las
empresas fantasma, la mentira, las proclamas de honestidad.
Que me registren, dice ahora. Que lo hagan, y
que hurguen en las cuentas de sus afines, de la recua que lo circunda, de los
favoritos del harem.
Porque ahí, donde apesta, está la Cuarta
Putrefacción.
Archivo
muerto
Pues no. Andrés Manuel no bloqueó ni enfrió a
Rocío Nahle. Aquel 2 de diciembre de 2022, los que querían ver señales, vieron
lo que no era, ni es. Cuestionado en torno a si la secretaria de Energía se
perfilaba a ser candidata de Morena al gobierno de Veracruz, López Obrador los
metió en su juego. Nahle está dedicada a terminar la refinería de Dos Bocas,
les dijo. No estaba programada para estar en Veracruz, agregó. Y los cándidos
se fueron con el distractor. Ubicaron a Nahle fuera de la sucesión en Veracruz.
El mesiánico estaba atizando el tapadismo, guardando a su candidata, sabiendo
que el desastre de Dos Bocas es uno de los grandes negativos de la zacatecana,
disminuida por el sobrecosto, por no concluir el proyecto en los tres años que
ofreció, por el hervidero de corrupción, amiguismo y contratismo. Enviaba la
señal en la dirección que él quería, una cortina de humo, y le sirvió de
catalizador. Andrés Manuel midió lealtades y deslealtades, los que se alejaron
de Rocío Nahle y los que permanecieron ahí. Y a los dos meses metió a todos al
redil. Tras el fallo adverso de la Ley Nahle en la Suprema Corte de Justicia de
la Nación, López Obrador acuerpó a su secretaria de Energía. No logró ser
ciudadana veracruzana por tener hijas nacidas en Veracruz, pero sí puede ser
candidata de Morena a la gubernatura por acreditar residencia efectiva de más
de cinco años anteriores al día de la elección, en 2024. Y enfatizó: fue
diputada federal por Coatzacoalcos, en 2015, y senadora por Veracruz, en 2018.
Y para que nadie se imagine que habrá dedazo, Andrés Manuel precisó que será
candidata “si gana la encuesta”. Obvio, en esa encuesta sólo opinará el Dios
AMLO. Hay que conocer a López Obrador para entender a López Obrador… Un negro
historial se cotiza bien. Y sí va de la mano de Juan Javier Gómez Cazarín, más.
Que lo diga el contrato con el que BC Contadores y Consultores audita
financieramente al ayuntamiento de Coatzacoalcos, ejercicio 2021, y por el que
en seis meses de embolsó casi 3.5 millones de pesos. Si se tratara de un
despacho solvente, no habría reparo. Cumpliría su encomienda y que cobre su
servicio. Pero BC Contadores y Consultores es una bomba de tiempo. Los ediles
que aprobaron su contratación, el 15 de junio de 2022, nunca supieron el
alacrán que se estaban metiendo al calzón. Aprobaron la propuesta sin chistar.
No indagaron en el historial, en el dueño de la firma, en el padrino que meció
la cuna y en las consecuencias legales que podrían enfrentar. A Heber Johanan
Balán Cáceres, titular de BC Contadores y Consultores, lo apadrina Juan Javier
Gómez Cazarín, el malandro que hace de las suyas jefaturando a la fracción
parlamentaria de Morena en el Congreso de Veracruz. Por ahí llegó el contrato.
Los que andan en el fango hacen negocio con los que se mueven en el fango. BC
arrastra una denuncia penal en Cuernavaca, Morelos; un embargo trabado por la
Secretaría de Finanzas y Planeación de Veracruz, y quejas por incumplimiento de
contrato o servicios deficientes. El expediente cada vez engorda más. El
contrato en Coatzacoalcos es por casi 3.5 millones de pesos, y se desarrolló
entre el 16 de junio y el 31 de diciembre de 2022. Todo un privilegio para una
firma con tan negro historial. Y Heber Johanan, feliz. Mensualmente cobró más
que lo que gana Andrés Manuel López Obrador… Políticamente castrados, los
regidores no alzan la voz. Pueden ver que en el ayuntamiento de Coatzacoalcos
hay poderes paralelos y nada dicen. Ven al cabildo vituperado y callan. De los
de Morena no extraña; son peones del alcalde Amado Cruz Malpica, unos, y
lacayos de Rocío Nahle, otros. Son pura paja, inservibles hasta para hacer
bulto. Pero los tres priistas, el panista, el de Movimiento Ciudadano son una
vergüenza. Disfrutan su beca. No los pelan los directores de área. No los fuman
los jefes de departamento. Y no se inmutan. Pudo llegar un criminal embozado al
palacio municipal y nadie se pronunció. Llegó el criminal con una encomienda,
husmeando en los pasillos, dejando el mensaje al secretario del ayuntamiento,
Samuel Ordaz Ortega, por los negocios incumplidos, y nadie asumió la gravedad.
El crimen organizado no tocó a la puerta; se aposentó en la sede municipal. Y
los ediles impávidos, unos apanicados y otros angustiados porque no se les
fuera a apestar el hueso. Cuando el miedo se fue y la diarrea cesó, regresaron
a la no actividad. La beca pudre…
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