CGE omite transparentar información hasta la declaración patrimonial de Cuitláhuac García Jiménez
Claudia Guerrero
Martínez | 06 marzo 2023
Tribuna Libre.- Compartimos cartas a la redacción en esta entrega sobre denuncia en contra de un funcionario de la Contraloría General de Veracruz: El Titular de la Unidad de Transparencia de la Contraloría General de Veracruz, Juan Ignacio Martínez Franco, se le ha acusado dentro de la CGE de más omisiones legales, así como de imponer corrupción que reside en el desorganizado e ineficiente staff de la Ingeniera en alimentos, Mercedes Santoyo Domínguez, demostrando su compromiso de lealtad, no al pueblo veracruzano, sino a sus fuertes convicciones de mostrar lealtad a la contralora corrupta.
Nos enteramos que
Juan Ignacio Martínez Franco ha estado brindando información parcial a los que
solicitan información pública completa y concisa. Sin pretextos de que la
información es clasificada, es preciso señalar que en los últimos meses, la
información proporcionada, ha sido también trivial, generalizada e inútil,
donde no ha proporcionado datos suficientes para dar cumplimiento a la normatividad aplicable
del Estado de Veracruz "La Ley 875, La Ley Orgánica del Estado de Veracruz
y el Reglamento Interior de la Contraloría General".
Martínez Franco ha
convocado, la mayoría de veces, vergonzosas prórrogas para capacitar a las
áreas corruptas de la Contraloría General, de cómo deben contestar la
información, para que el IVEA no detecte el ocultamiento, alteración y/o
clasificación de información donde no cumple con los elementos suficientes para
clasificar o dar una entrega de información completamente pública.
Medios de las áreas
operativas han divulgado la posible complicidad de prestanombres de contratos
que han realizado ilegalmente la Contraloría General del Estado con terceros y
familiares de servidores públicos, donde servidores públicos foráneos, han
reportado diversos conflictos de interés en las áreas administrativas y muchas
incongruencias en las planeaciones de vigilancia y control.
Esto ha provocado
que las funciones de las áreas operativas se vean saboteadas, retardadas y
obstaculizadas, para cumplir con las circulares y oficios que solicitan la
Contraloría General del Estado, careciendo de fundamento legal y de congruencia
lógica en sus solicitudes.
Cabe mencionar la
operatividad de Juan Ignacio Martínez Franco para evitar transparentar la
información se hizo evidente, cuando se ocultó la Declaración Patrimonial del gobernador
Cuitláhuac García Jiménez con la liga:
https://www.infobae.com/noticias/2022/08/29/la-riqueza-de-los-gobernadores-cuitlahuac-garcia-tiene-casi-nada-pero-oculta-casi-todo/
sobre la decisión de reservar la información contenida en la declaración
patrimonial de Cuitláhuac García y fue aprobada por el Comité de Transparencia
de la Contraloría, formado por Juan Ignacio Martínez Franco, como presidente;
Rocío Carolina Sigala Aguilar, siendo secretaría; y Miguel Montoya Barradas,
fungiendo como vocal.
La Contraloría
General ha querido limpiarse las manos,
al responsabilizar a Entes de Control descentralizados, por su mala
organización e ineficiente atención para capacitar, evaluar y vigilar que se
cumplan con las normatividades aplicables, cuando los verdaderos responsables
de ello, es la CGE y la incompetente Titular al cargo.
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