Ciudad de México. | 09 marzo 2023
Tribuna Libre.- Los recursos fueron repartidos desde el gobierno federal hacia los gobiernos estatales para financiar programas de prevención de la mortalidad materna y del cáncer de mama, para promover la salud de la mujer antes, durante y después del embarazo, así como para apoyar a refugios antiviolencia.
Se trata de 335
millones 107 mil 436.30 pesos que no se usaron en lo que se debía y que hoy no
se han recuperado.
Las irregularidades
fueron detectadas en el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud
Reproductiva, responsable de dispersar los recursos y de darle seguimiento a su
aplicación, durante el sexenio pasado y el primer año del actual por la
Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Aunque la ASF ya
emitió procedimientos de fincamiento resarcitorio para recuperar más de 290
millones de pesos, a la fecha no se ha logrado resarcir ni un solo peso de ese
daño patrimonial.
Además, la ASF
mantiene en investigación el destino de más de 42.9 millones de pesos,
presuntamente mal ejercidos en 2018, y 1.2 millones de la actual
administración, del programa de salud materna, sexual y reproductiva.
El año en el que más
recursos públicos se perdieron en la dispersión hacia los estados fue el 2015,
cuando el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva estuvo
encabezado por Ricardo Juan García Cavazos, actual director de Educación y Capacitación
en Salud en el Hospital General de México.
De ese año, la ASF
solicitó el resarcimiento de más de 217 millones de pesos, identificados como
daño patrimonial en dos auditorías al programa de “Salud materna y perinatal”.
De ese monto, no se
encontró evidencia de que 189.6 millones de pesos se hubieran usado
efectivamente en acciones de salud pública que ayudaran a la reducción de la
mortalidad materna y la calidad en la atención obstétrica, tales como la
identificación de riesgos y daños en salud perinatal y de la salud de la mujer
durante el embarazo, parto y puerperio, a través de consultas prenatales,
pruebas de tamiz neonatal, capacitación a médicos especialistas para la
atención de emergencias obstétricas y parto respetuoso.
Ocho estados, Baja
California, Campeche, Chiapas, Durango, Guerrero, Jalisco, Tabasco y Veracruz,
no demostraron a través de sus secretarías de Salud que un total de 34.2
millones de pesos hubieran sido ejercidos para los fines que se les entregaron
y lo peor, ese dinero no estaba en las cuentas bancarias en las que se les
depositó.
Además, casi todos
los estados, excepto Guanajuato, Jalisco, Michoacán y el entonces Distrito
Federal, reportaron que pagaron honorarios, sueldos y ayudas al personal médico
por 147millones de pesos e intentaron justificar el gasto con una lista de los
trabajadores, pero no con comprobantes que acreditaran el uso de ese dinero.
Los estados que más
gastaron así, sin comprobación, fueron Oaxaca, Quintana Roo y Guerrero.
Otros 8.2 millones de
pesos provenientes de ese programa fueron gastados por dependencias de salud de
13 estados en viáticos, combustible, internet, señales analógicas y
mantenimiento sin que se emitieran facturas por esos servicios.
De acuerdo con la ASF
el problema estuvo incluso desde el inicio, pues detectó que el reparto del
dinero aprobado hacia los estados por parte del Centro Nacional de Equidad de
Género y Salud Reproductiva se dio sin criterios específicos y sin revisar los
proyectos que las secretarías de Salud locales presentaron para la aplicación
de esos recursos.
“No acreditó que su
aprobación se sujetó a criterios de objetividad, equidad y transparencia en
función de las necesidades de cada estado para garantizar el cumplimiento de
los objetivos de dicho programa”, concluyó.
Sin embargo, el mal
uso de recursos por parte de los estados en el programa de reducción de la
mortalidad materna no era nuevo, pues desde 2013, la ASF había identificado un
daño patrimonial por 62.3 millones de pesos, cuya aplicación tampoco fue
comprobada y por la que también promovió fincamientos resarcitorios, pero el
Centro Nacional de Equidad de Género no aprendió de esa experiencia.
Refugios
antiviolencia y cáncer de mama, sin recursos
En 2015 también se
extraviaron otros 27.3 millones de pesos que tenían que haber sido usados como
subsidios para refugios de mujeres que, junto con sus hijos e hijas, viven
violencia extrema.
Los 15 estados que no
acreditaron el uso correcto de esos recursos que se les dispersaron como parte
del programa de «Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de Género”
fueron Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México,
Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Querétaro, Tabasco,
Veracruz y Yucatán.
Fue el Distrito
Federal, entonces gobernado por Miguel Ángel Mancera, el que concentró el monto
más alto de esos recursos sin comprobar, con 6.9 millones de pesos.
La ASF también
promovió un financiamiento resarcitorio por esos recursos, pero a la fecha, siguen
sin ser recuperados.
De 2014, la Auditoría busca recuperar 11.5 millones de pesos que fueron transferidos a la Secretaría de Finanzas y Planeación de Veracruz para la operación del programa «Prevención y Control del Cáncer de la Mujer», de los que no se demostró que se destinaron para dar cumplimiento a los objetivos y fines del programa.
