* Lo tundieron a golpes en Xalapa * “Son oficiales; me quieren secuestrar” * Alcanzó a grabar sus últimos minutos de vida * Hijo de alcalde choca y deja parapléjico a petrolero * Colorado hierve y Amado amenaza * La firma de Cutberto Sánchez en obra asignada a contratista * El director de Alumbrado es un gatopardo.
Mussio Cárdenas Arellano | 22 mayo 2023
Tribuna Libre.- Fueron los golpes, el asedio y la saña, la esencia criminal de la policía de Veracruz, captada en un relato de muerte que la víctima, en el último aliento, logró grabar y enviar a un amigo antes de morir.
“Márcame wey, en cuanto escuches este audio,
wey —imploraba el joven, de identidad reservada—. Y si no, búscame en San José
—cuartel de San José, donde la policía remite a los inocentes que luego
aparecen muertos por “causas naturales”.
“Y si no, wey, búscame en otro lado porque,
hijos de su puta madre wey, estos oficiales, cabrón, andan pegándome desde hace
rato, wey.
“Me andan correteando y pegando y correteando
y pegando. Me les escapé cabrón, la neta”.
Y el relato estalló:
“Estos vatos se pasaron de verga y me
golpearon y me pegaron una verguiza, pero no hay pedo, es lo de menos. Pero
estos vatos dijeron que me querían secuestrar”.
Y cinco horas después, aquel 12 de diciembre
de 2020, hace dos años y medio ya, el cuerpo apareció sobre las calles de
Xalapa. Aún vivía. Se le trasladó al Hospital Vital donde falleció.
Fue la policía criminal pero también la
omisión de una fiscal de atención temprana que no actuó. Y la omisión de una
Fiscalía que dejó que el tiempo disolviera la evidencia, que en dos semanas no
recogió imágenes en los sistemas de videovigilancia porque el truco es que los
rastros se los lleve la tormenta. Y que el disco duro del equipo de cómputo
borre las escenas en forma automática. Y que no se pueda establecer qué
patrulla participó, su número de control, la identidad de los policías
asesinos.
Y hoy, en mayo de 2023, vuelven a ser la
fiscal Verónica Hernández Giadáns y el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac
García Jiménez, los dispensadores de impunidad, desdeñando la ley, atropellando
la justicia, rechazando por enésima ocasión una recomendación de la Comisión
Estatal de Derechos Humanos, porque se trata de abuso —y crimen— policial.
La trama es de un sadismo brutal y de una
omisión condenable, cuando se funden el perfil criminal de la policía y la
complicidad del órgano destinado a procurar justicia.
En la recomendación 09/2023, la Comisión
Estatal de Derechos Humanos consigna el relato del padre del joven agredido y
muerto por la Policía Estatal y en ella se acreditan omisiones graves desde que
se reportó la desaparición y asesinato.
Los padres acusan a la fiscal Priscila
Nathaly Santiago Ramón por no dar celeridad a las diligencias y al asesor
jurídico de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, Pablo Solís, y a su
superior, Miriam Robles Pensado, así como a la Secretaría de Seguridad Pública
de Veracruz.
En la recomendación, la CEDH estableció responsabilidad
de la Fiscalía de Veracruz por no terminar de integrar las carpetas de
investigación a dos años y medio de la agresión a la víctima, pero señaló no
tener elementos para establecer acciones contra la SSP y la Comisión Estatal de
Atención a Víctimas.
Aquel 11 de diciembre, el joven y algunos
amigos en el 40/20, en Plaza Xanat. Se retiró a eso de la una de la mañana. Sus
amigos fueron. Intentó tomar un taxi pero nadie le dio el servicio. Decidió
caminar para llegar a su hogar.
De sus últimos momentos de vida da cuenta el
mensaje de voz que envió a un amigo, no identificado en información del portal
Al Calor Político. De acuerdo con la relatoría del padre, la golpiza habría
ocurrido a las 2:30 y las 2:36 de la madrugada, el 12 de diciembre.
En el audio, la víctima señala a policías
estatales. Dice no haber visto el número de patrulla. Habla de persecución,
golpes y la intimidación que más lo preocupó: un posible secuestro.
Lo que describe es sadismo policial. “Estos
oficiales, cabrón, andan pegándome desde hace rato, wey. Me andan correteando y
pegando y correteando y pegando”.
Y lo más crítico:
“Estos vatos se pasaron de verga y me
golpearon y me pegaron una verguiza, pero no hay pedo, es lo de menos. Pero
estos vatos dijeron que me querían secuestrar”.
El ataque ocurrió en la colonia Tabasco,
sobre la calle Gregorio López y Fuentes, entre Paraíso y Samaria, en Xalapa.
Fue hallado a las 7 de la mañana. Se le
trasladó al Hospital Vital. Presentaba traumatismo craneoencefálico que a la
postre la quitó la vida.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos
inició una investigación bajo el expediente DAV-0082/202111. En él se establece
que la fiscal Priscila Nathaly Santiago Ramón no mostró “avances significativos
en la integración de la carpeta de investigación, mostrando con ello la falta
de debida diligencia con su actuar”.
El padre de la víctima relató a la CEDH que
solicitó realizar diligencias a la Comisión Estatal de Atención a Víctimas pero
la respuesta fue insólita: “me dijeron que no harían las diligencias que yo
había solicitado porque no las consideraba pertinentes y que ellos no
trabajaban así, a lo que le comenté de nuevo que me lo fundara y motivara y que
yo vería qué recursos legales tendría a mi alcance (…); lo anterior, junto a mi
esposa, nos hizo sentir intimidados, regañados y sobajados por estos
funcionarios”.
El encubrimiento a los policías criminales es
burdo. La Fiscalía dejó pasar dos semanas para solicitar imágenes de los
sistemas de videovigilancia, que contendrían imágenes para establecer el número
de patrulla y, por consiguiente, la identidad de los elementos agresores.
Cuando lo hizo, ya era tarde.
No es la primera vez que el desgobierno de
Cuitláhuac García lo hace, vía la fiscal espuria, Verónica Hernández Giadáns,
que acata sin chistar la línea de palacio.
Con las manos manchadas de sangre, mandaron
al diablo la recomendación 88/2023, del 31 de enero de este año, de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos que halló conductas contrarias a derecho por parte
de la policía ministerial cuando irrumpió en la bodega propiedad del empresario
José Antonio May González, en Río Blanco, el 19 de junio de 2021, golpeando
salvajemente a los empleados, sembrándoles droga, acusándolos de ultrajes a la
autoridad.
Los esbirros de la fiscal Verónica Hernández
Giadáns destruyeron las cámaras de videovigilancia y el sistema de cómputo,
pero no detectaron una cámara más, que registró la tortura, las amenazas y
hasta la presencia del titular estatal de la Unidad Antisecuestro.
La CNDH recomendó deslindar responsabilidades
pero Cuitláhuac García se negó. Adujo que en el lugar se halló mercancía
robada. Pues no. Así fuera cierto, los ministeriales allanaron el lugar sin
orden judicial, ejercieron tortura, lanzaron amenazas y destruyeron evidencia legal.
El fondo es político. José Antonio May apoyó
la campaña de Morena en 2018 pero se negó a hacerlo en 2021. A partir de ahí
llegó el asedio, la presión, el conflicto.
Otra: la aprehensión ilegal, tortura,
agresión sexual, violación contra Yuly “N”, a quien le imputaron el crimen de
Guadalupe Martínez Aguilar, rectora de la Universidad Valladolid. Sus verdugos
fueron los agentes ministeriales enviados a la Ciudad de México.
El fallo 51 VG/2022 de la CNDH acreditó la
conducta criminal de los policías ministeriales, pero el gobernador Cuitláhuac
García se negó a aceptarlo.
Yuli “N” fue condenada a 60 de cárcel por un
crimen que no cometió ni planeó. Se hallaba a 500 kilómetros, en la Ciudad de
México.
Y algo peor: la hija de la rectora señala que
la autora intelectual del crimen fue la hermana de su mamá.
Cuitláhuac, Cisneros y la fiscal encubren a
la Policía. Y a la Fuerza Civil. Y hay un manto de impunidad ante los múltiples
atropellos de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz.
Y si los policías arremeten contra ciudadanos
inocentes, hay silencio. Y si asesinan menores de edad en Amatlán, hay
silencio. Y si abusan de la fuerza al realizar desalojos y liberar carreteras,
hay impunidad. Y si golpean periodistas, hay complacencia.
El sicariato policial tiene licencia para
matar inocentes. Y para sembrarles droga. Y para fabricar delitos. Y para
atestar las cárceles de Veracruz con culpables que no lo son.
Y Cuitláhuac es el delincuente mayor.
En el Veracruz de Cuitláhuac, la policía
tiene licencia criminal. Asedia, agrede, tortura, incrimina, asfixia a sus
víctimas y las muele a golpes. Si se trata de delincuentes, los respeta. Pero
si son inocentes, les arranca la vida.
Y si alguien los tiene que encubrir, es la
fiscal espuria, Verónica Hernández Giadáns.
Archivo muerto
Para el hijo del alcalde, justicia y gracia
y, sobre todo, complicidad, así provoque un accidente y deje parapléjico a un
joven. Noé Castillo Gamboa, alias “El Chacha”, impactó la noche del 2 de mayo
su camioneta Renault contra el taxi 326 de Agua Dulce. Ángel Gómez Javier,
quien viajaba en la unidad de alquiler, recibió un golpe brutal. En estado
crítico se le trasladó a la clínica de Pemex en Agua Dulce y de ahí al Hospital
de Concentración de Petróleos Mexicanos, en Minatitlán. Ángel Gómez Javier no
mueve los brazos ni las piernas, ni un sólo dedo del cuerpo. Por momentos está
consciente. Sólo puede hablar y escuchar. Tácitamente está parapléjico. Aquella
noche su vida cambió. Y la de su familia también. Se volvió un drama. Aquella
noche, los hidrómilos vieron para qué sirve la Cuarta Transformación de la
Impunidad. Noé Castillo Gamboa, “El Chacha”, hijo del alcalde morenista, Noé
Castillo Olvera, protegido de Rocío Nahle, fue encubierto por el delegado de
Tránsito, Job Salazar, y por la Policía estatal de Veracruz. El junior no fue
puesto a disposición de la autoridad judicial. No se le practicó la prueba del
alcoholímetro. El delegado de Tránsito abordó a la familia para preguntarles
“cómo se iban a arreglar” con el causante de la tragedia. Lo mandaron al
diablo. La Fiscalía local nada hizo hasta que los hechos trascendieron. Uno de
los medios que detonó la gravedad del caso fue Sureste Sur; otro, Multimedios
Radio. Enfatizaron el silencio miserable de la prensa, las dádivas del alcalde
Noé Castillo, vía publicidad o chayote, generando una cortina, la complicidad
de los periodistas que callaron. Sacudidas las redes sociales, vino una oleada
informativa, señalando la impunidad en que se mueve el hijo del presidente
municipal morenista, Noé Castillo Olvera. Pero el caso da para más. Las
diligencias realizadas por la Fiscalía de Veracruz, tardías y a regañadientes,
dejan claro cómo el delegado de Tránsito y Seguridad Pública de Veracruz
permitieron que el causante del accidente, Noé Castillo Gamboa, pudiera andar
libre, como actualmente está, pese a que existen videos que lo muestran
tambaleante luego del siniestro, auxiliado por una mujer. Todas las
informaciones afirman que se hallaba bajo los influjos del alcohol y “presuntamente”
—así lo difundieron— de alguna droga. Mientras, Ángel Gómez Javier lucha por su
vida en el Hospital de Pemex en la Ciudad de México… Cuando el ejido se harta,
la tierra hierve. Indignados, los oriundos de Colorado, ejido bravo, se la
cantaron al alcalde Amado Cruz Malpica. ¿No hay obras? Hay repudio. Retuvieron
un vehículo asignado al DIF de Coatzacoalcos —del DIF donde doña Esther
Mortera, esposa del edil, tiene su propio caos— y le encadenaron dos ruedas
para evitar que fuera recuperado. Y los demonios comenzaron a danzar. La agente
municipal, Lucy Jiménez González, le leyó la cartilla en redes sociales, el 9
de mayo: en 2022, ni una obra pública en Colorado; en 2023, igual; cuando le
reclamaron al secretario de Gobierno, Andrés Rosaldo, la falta de apoyos,
obras, empleo temporal, agua para las necesidades mínimas y una explicación por
los festejos de Día de las Madres programado para realizarse en otro lugar, no
en Colorado, ni apoyo para el evento del Día del Niño, la quiso torear
prometiéndoles un diálogo que nunca llegó. Y la bilis se derramó. “Con el
pueblo todo, sin el pueblo nada”, le espetó Lucy Jiménez. Hará cuanto sea
—dijo— para que las obras y los apoyos lleguen. Y encadenaron el vehículo del
DIF. La respuesta de Amado Cruz Malpica fue insólita. Primero, su indignación
—“me parece que retener un vehículo de ellos (el DIF) es un acto reprobable”;
luego, la amenaza de proceder por la vía legal. Pierde el piso Amado Cruz. Los
olvidados tienen el derecho a rebelarse. Los abandonados tienen derecho a
actuar. Los amenazados tienen derecho a increpar. ¿Va a encarcelar a la agente
municipal de Colorado? Amado, el represor, juega con fuego. Una chispa y el
pueblo se le comienza a incendiar… Cutberto Sánchez García ya la hizo. Es
director de Alumbrado municipal y, en su momento, representante de una empresa
contratista. Wow. El amigo Cutberto salió audaz. Venía de ser subdirector y
luego director de Alumbrado Público Municipal en el ayuntamiento de Víctor
Manuel Carranza Rosaldo, y un día, justamente el 20 de agosto de 2022, ya con
Amado Cruz Malpica, su firma apareció recibiendo la notificación para la
contratista Andrea del Carmen Cinta Ortiz, a la cual por invitación directa la
Dirección de Obras Públicas de Coatzacoalcos le otorgó el contrato FISMDF-014/22
para realizar la rehabilitación del sistema de agua potable en la calle
Ferrocarril, entre Geranios y Margaritas, y Geranios, entre Ferrocarril y 20 de
Noviembre, en la colonia Adolfo López Mateos, con un monto de 500 mil pesos. El
enredo huele conflicto de interés. ¿En calidad de qué Cutberto Sánchez estampó
su firma en la notificación de adjudicación del contrato: socio, empleado o ex
funcionario municipal? Cercano al alcalde Amado Cruz Malpica, perredista
convertido a la secta pejista, Cutberto Sánchez es hoy, de nuevo, director de
Alumbrado, sustituyendo a Reyna Gordillo, una más de las fanáticas del
nepotismo tan común en Morena, el mal que aqueja a Amado y la familia Mortera,
la parentela de su esposa Esther…
https://mussiocardenas.com/informe-rojo/117188/la-policia-lo-mato-y-la-fiscal-los-encubrio
