Presidenta del Poder Judicial fue premiada para “alinear” los errores de la directora de Investigaciones de FGE Marcela Aguilera
Claudia Guerrero Martínez | 08 junio 2023
Tribuna
Libre.- Para
entender el por qué Lizbeth Aurelia Jiménez Aguirre llega como presidenta del
Poder Judicial, hay que hacer memoria y exponer el trabajo de “facilitadora”
como jueza de control en Poza Rica, en un caso lamentable en el que la propia
titular del Tribunal Superior de Justicia en Veracruz acató las órdenes de la
Fiscalía General del Estado y manipuló criterios ayudando a que no tuviese responsabilidad por
extorsión y desaparición forzada a favor de la titular de la CONADE, Ana
Gabriela Guevara Espinoza. En esta entrega daremos pormenores de cómo Lizbeth
no ha sido confiable, entregada a un sistema podrido y sobre todo, cuestionar
el apoyo total que hizo para la incompetente directora de Investigaciones
Ministeriales, Marcela Aguilera Landeta.
Pero vayamos a la introducción. En julio del
2020, ante un escándalo por corrupción en la Comisión Nacional de Cultura
Física y Deporte, que involucra a Ana Gabriela Guevara Espinoza por el cobro de
sobornos de un contrato por cerca de $20 millones de pesos, otorgado a
empresarios, se agrega la exalcaldesa de
Xalapa Armida Ramírez Corral, quien era la operadora de la titular de la CONADE
y vínculo con el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.
Pero ante la presión de cobros indebidos y
señalamientos de corrupción, en la
entrega de moches, desaparece el ingeniero Edgar Álvarez, pareja sentimental de
Armida Ramírez quien le pidió a Edgar ir
a la oficina de los empresarios para el cobro de sobornos por $2.5
millones de pesos y presuntamente al
salir, desaparece. La familia exigió una investigación exhaustiva con la
detención de Armida Ramírez Corral y después, de los abogados que dieron el
soborno en una oficina ubicada en Costa de Oro, de Boca del Río.
Y en ese mismo año, 2020, la jueza de control
en Poza Rica donde se desahogaba el caso era Lizbeth Aurelia Jiménez Aguirre,
quien como premio fue impuesta como magistrada en el Poder Judicial, supliendo
indebidamente al magistrado Roberto Dorantes, a quien le violentaron sus
derechos en su cargo. Ya ven por dónde va el hilo conductor de esta telaraña de
corrupción y pago de silencios.
Finalmente, Armida Ramírez fue enviada a un
penal de Morelos por los delitos de homicidio y desaparición forzada, así como
presuntamente orquestar un atentado en contra de los abogados Jesús Chaín
Oceguera y Rafael Sánchez Cano, el 10 de junio del 2020 en el Fraccionamiento Costa de Oro, de Boca del
Río. Y sobre estos dos litigantes
quienes trabajaban en la empresa Cocinas
Industriales Multifuncionales de Calidad (CIMCSA) y tener nexos con el
exsecretario de Seguridad Pública Arturo Bermúdez Zurita, semanas después
también fueron detenidos y encarcelados en un penal en Guanajuato.
Lo interesante es que Lizbeth Aurelia, como
jueza de control nunca emitió acción penal en contra de Ana Gabriela Guevara
Espinoza, hoy titular de la CONADE, aún cuando había señalamientos directos por
el cobro de sobornos y la FGE, así como el gobierno de Cuitláhuac García
optaron por detener a los abogados que pagaban los sobornos y no, a la cabeza
de esta malograda transacción como es Ana Guevara, protegida por el presidente
de México.
Lo vergonzoso, que ante el dolor de la
familia de Edgar Álvarez, ellos fueron manipulados por la FGE y la propia
Lizbeth Aurelia Jiménez para que dieran ruedas de prensa, hablaran con
reporteros y exigir que los involucrados fuesen vinculados a proceso, para así
salvar a Ana Gabriela Guevara Espinoza, quien era la principal culpable y
responsable intelectual en este caso de sobornos y desapariciones forzadas tan
lamentables en el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, quien se prestó a todo
para salvar a la exvelocista y así premiar a Lizbeth Aurelia Jiménez con una
magistratura.
Y ante los “reclamos” de la opinión pública y
los familiares de Edgar Álvarez, vincularon a proceso a Armida Ramírez y los
dos abogados, repartiendo culpas.
Lo importante, que el mayor interés era
salvar a quien ejecutó una investigación desaseada y sin criterio jurídico, ni
penal, como lo hizo Marcela Aguilera
Landeta para desvincularla de la investigación en contra de Ana Gabriela
Guevara y su ineptitud para llevar el caso, siendo salvada por la jueza de
control, Lizbeth Aurelia Jiménez.
Marcela Aguilera Landeta, directora de
Investigaciones Ministeriales de la FGE, de donde sale hoy la orden de
aprehensión en contra de la jueza Angélica Sánchez Hernández y Marcela es la
misma quien llevó el caso del asesinato del diputado local Juan Carlos Molina
Palacios, padrino y aliado de la propia
Marcela Aguilera. También es la misma, que orquestó una desaseada investigación
para ordenar la detención de Itiel “N” en León Guanajuato, de donde es
originario, para acusarlo por el asesinato del líder de la CNC en Medellín. El
mismo Itiel ha comprobado que estaba en
una fiesta infantil, ante más de 50 adultos, quienes vinieron a Veracruz a
declarar a su favor asegurando que el señalado estaba atendiendo a los
invitados el día y la hora de la ejecución de Juan Carlos Molina Palacios.
Y mientras el “Compa Playas” sigue libre y se
cae toda esta investigación fabricada por Marcela Aguilera Landeta. Y con este
tema ya van varios casos que se le caen a la directora de Investigaciones
Ministeriales de la FGE, porque son los fiscales directos a su mando quienes
imputaron al presunto “Compa Playa” o
“El Playas”. Y al final, se ha comprobado ser inocente.
Es de aquí de donde viene el interés de la
hoy presidenta del Poder Judicial, por la gratitud a quien vio en ella a una
aliada.
También trasciende el tema que de la misma
forma pusieron a disposición por la posesión de droga, posesión de armas y
ultrajes a los directores de Prevención del Delito de Poza Rica y Tihuatlán,
detenidos presuntamente en flagrancia por elementos de la Secretaría de
Seguridad Pública. Y el incompetente gobernador de Veracruz sale a declarar que
“los detuvieron por la violencia en la zona”. Y luego, este mismo extraviado
sale a decir que la jueza Angélica
Sánchez Hernández fue detenida por corrupción. Lo que no dice es porque obedeció un amparo y la ley federal.
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Entre
lo utópico y lo verdadero
Javier
Herrera Borunda paga a juez corrupto para quitarle el apellido a su comprobado
hijo
***El
menor de edad requiere constante atención médica especializada y gestionó para
separarse de su responsabilidad como padre.
*** El
ADN y firmas ante notario comprueban que Javier Herrera sí aceptó ser el padre
del menor.
***Abogado
Jorge Reyes Peralta orquestó esta violación a los derechos de un niño con
discapacidad por enfermedad y su derecho
a tener el apellido del padre.
Claudia Guerrero Martínez | 08 junio 2023
Tribuna
Libre.- La
historia que les vamos a informar es vergonzosa y ha sido un constante
viacrucis para Karina, orgullosa mamá de Emiliano, quien desde su
nacimiento le detectaron problemas de
salud y el padre, Javier Octavio Herrera Borunda, hijo del exgobernador Fidel
Herrera Beltrán omite su obligación como comprobado padre y cuidados para
atender sus enfermedades y atención
médica, ya que el menor sufre de complicaciones crónicas. El tema de esta
entrega es defender el derecho que tiene cualquier menor de edad de tener un
apellido y ser atendido, cuidado, mantenido y resguardado por un padre, quien
ha negado al menor desde que nació y luego de estudios de ADN y fe notarial,
confirman que Herrera Borunda es el padre. Hoy, sin atender nunca a este menor,
ahora lo quiere perjudicar legalmente.
Curioso que en una publicación realizada este
pasado 30 de abril, el mismo Javier Herrera Borunda comenta en su cuenta de
Facebook con la liga:
https://www.facebook.com/photo/?fbid=759366485592105&set=a.250243063171119
en la cual dicta: “A los niños no se les toca. A los niños se les respeta, se
les quiere y se les protege”, declaración hecha por su papá Fidel Herrera
Beltrán. Contradictorio cuando a su propio hijo no lo apoya, ni cuida,
quitándole su derecho de tener un apellido y ser reconocido legalmente.
En una audiencia que se efectuó en días
pasados, en el Juzgado Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia
Familiar, bajo el juez Javier Castellanos Chargoy, ahí Emiliano tuvo de cerca a
su padre, quien en todo momento, Javier Herrera le dio la espalda y no se
acercó a verlo, ni saludarlo, mostrando un completo desprecio por el menor de
edad.
Olvida Javier Octavio Herrera Borunda que
“Emi”, como le dicen de cariño, se ve forzado a sus constantes entradas y
salidas del hospital, por sus problemas en su sistema inmunológico, afectando a
importantes órganos vitales. Recientemente, ha estado internado en hospitales
especializados para el tratamiento infantil, siendo Karina quien ha buscado
recursos hasta por debajo de las piedras para continuar el tratamiento del
menor y darle calidad de vida.
Pero a
Javier Herrera no le importa eso…
En el proceso en materia civil del que Karina defiende los derechos
del menor, Javier Herrera fue beneficiado
con un manipulado peritaje que presuntamente demuestra no haber firmado
el acta de nacimiento del menor, evidenciando haber cometido un delito, ya que si
bien presuntamente no firmó el acta, por qué acudió a la Secretaría de
Relaciones Exteriores y ostentarse como padre, para firmar el pasaporte y un
poder notarial, autorizando el trámite
de la visa para el menor de edad.
En el proceso con el número 774/2020, en la
Mesa I del Juicio Ordinario Civil, el dirigente del Verde Ecologista en
Veracruz interpuso este recurso
demandando a Karina y al Registro Civil de Boca del Río, olvidando este
exdiputado federal haber realizado
falsedad de declaraciones tipificado
como delito penal. Cabe destacar que Herrera Borunda será denunciado, así como a su papá Fidel
Herrera Beltrán y Basilio González por el tema del acta de nacimiento, falsedad
de declaraciones, violencia infantil, violencia de género y los delitos que resulten, con el fin de
defender a Emiliano y a Karina, como víctimas.
Si bien, este parásito de la política no
tiene entrañas, ni sentimientos al dejar en indefensión a su menor hijo, en
noviembre del 2022, ante esta defensoría por los derechos de “Emi”, Karina fue
perseguida por un extraño vehículo cuando se dirigía a su domicilio y este le
cerró el pasó tratando de sacarla de la carretera, cuando ella iba con el menor
de edad y señala directamente a Javier Herrera, quien mandó a intimidarlos con
esta acción.
“La canallada de hoy es dejar al niño sin
identidad y pagar sobornos, para quitarle sus derechos legales”, comenta
Karina, ante un terrible proceso manoseado, en donde lo único que se pedía era
la atención del padre en el tratamiento médico de Emiliano, por su constante
entrada y salida de hospitales. Y Javier Herrera sin compasión, bajo la
operatividad de Jorge Reyes Peralta, le quita el apellido al menor de edad,
para que este tema se vaya por la vía penal y ahí, el perjudicado será el
propio aspirante por el Partido Verde Ecologista de México en el 2024.
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