La Fiscalía General de la República acelera las investigaciones de la muerte de joven presuntamente asesinado por custodios en el Cefereso 18 de Ramos Arizpe y se enfoca en otras dos fallecimientos sospechosos de reos
Víctor Hugo Arteaga | 26 septiembre 2023
Tribuna
Libre.- El
posible asesinato de Óliver Eduardo Ramos Cardoza, ocurrido en mayo de este año
en el interior del Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) 18 en Ramos
Arizpe, Coahuila, abrió la puerta para que autoridades federales investiguen
otras dos muertes sospechosas en los años 2021 y 2022.
El crudo video de cámaras de seguridad de la
penitenciaría federal que mostró claramente cómo personal del Cefereso 18 de
Ramos Arizpe golpeó de manera inmisericorde al reo Óliver Eduardo, mantiene
bajo investigación a 18 funcionarios, desde custodios hasta personal
administrativo y ex directivos.
La revelación de las imágenes de la agresión a Ramos Cardoza, que forma parte de una investigación periodística de XPECTRO FM al recibir video de la agresión contra Ramos Cardoza de manera anónima, provocó además, que la Fiscalía General de la República (FGR) fijara su atención en las muertes sospechosas de internos ocurridas el 17 noviembre del año 2021 y el 8 de septiembre del 2022, en el mismo centro penitenciario.
En el caso ocurrido en el 2021, la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó al Fiscal del Estado de
Coahuila abrir una carpeta de investigación con el protocolo de posible muerte
ilícita; y en el hecho del 2022, la FGR atrajo el extraño fallecimiento de
Agustín Martínez Torres, por cuya muerte la Fiscalía de Coahuila se declaró sin
competencia.
Los graves casos ocurren en la llamada
“Sucursal del Infierno”, un centro de reinserción social que previamente había
sido casi reprobado en todas las evaluaciones a las que había sido sometido.
En el “Diagnóstico Nacional de Supervisión
Penitenciaria” de la CDNH, en los dos últimos informes del Cefereso de Ramos
Arízpe, fue colocado más cerca de reprobar que de alcanzar una calificación
favorable.
De acuerdo al Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, el Centro Penitenciario Número 18 (CPS), Coahuila obtuvo una evaluación de 7.42 en el 2020 y de 7.19 en el 2021.
Se habían detectado fallas en garantizar la
integridad de los reos, insuficiencia de programas para la prevención y
atención de incidentes violentos, falta de vías para remisión de quejas de
probables violaciones a los derechos humanos, fallas en las condiciones de
gobernabilidad, insuficiencia de personal de seguridad y custodia, además de
insuficiencia o inexistencia de actividades educativas.
A pesar de las advertencias, ninguna
autoridad intervino, hasta que ocurrió el presunto crimen de Óliver Eduardo
Ramos Cardoza.
Identificados
a custodios en agresión a Ramos Cardoza
La aparición de impactántes videos e imágenes
que evidenciaron el posible asesinato de Oliver Eduardo Ramos Cardoza, puso en
capilla a 18 funcionarios posiblemente relacionados con el caso por ocultar los
hechos que han conmocionado al país.
En las imágenes se apreció cómo al menos nueve elementos entraron a la celda de Ramos Cardoza para golpearlo y sacarlo con lujo de violencia, subirlo a una camioneta y llevarlo al área médica del penal, lo que echó por tierra la versión oficial de una supuesta muerte por un “infarto al miocardio”.
La esposa de la víctima realizó denuncias
ante distintas autoridades judiciales estatales y federales, además de una
serie de ellas ante la CNDH.
Las contundentes evidencias, tienen bajo
investigación a 18 funcionarios del Cefereso de Ramos Arizpe, entre ellos a la
ex directora Jetzael “M”, denunciada por abusos ante diversos organismos como
la CNDH, Poder Judicial de la Federación, la Fiscalía de Coahuila y la propia FGR.
De acuerdo con la investigación federal
número 00456/RAM/UAI/2023, a la cual tuvo acceso XPECTRO FM, los funcionarios y
oficiales investigados, hasta ahora, por la muerte y quienes el día del deceso
formaban parte de la plantilla registrada ante Recursos Humanos del Sistema
Nacional Penitenciario, son:
Juan Antonio “N”, Claudia Gabriela “M”, Juan
Francisco “N”, Ricardo “N”, Carlos “N”, Alfonso “N”, Nicasio “N”, Primitivo
“N”, Lorena “M”, Fabiola “M”, Samuel “N”, Diana Yadira “M”.
Se investiga también al perito médico forense
José Alejandro “N” y del área jurídica a Sulmi “M” y Noé “N”.
Tras el escándalo, la directora del penal
Jetzael “M” fue removida el 19 de mayo del 2023 de la dirección, cuatro días
después de la muerte de Ramos Cardoza, según una nota informativa de la
Administración de Penales Federales.
Se aseguró que los custodios involucrados
fueran removidos del área, pero continúan laborando de manera normal en otras
secciones del penal sin que al momento ni la FGR, ni la Fiscalía de Coahuila,
emitan órdenes de aprehensión en su contra.
Ramos Cardoza formaba parte de un grupo de
internos que buscó ampararse en contra de las amenazas de los directivos,
custodios y elementos de seguridad del penal, sin que el titular del Juzgado
Segundo de Distrito de Coahuila respondiera.
Fue después que se dio a conocer la muerte de
Ramos Cardoza, que el funcionario judicial resolvió amparar al resto de los
reclusos que estaban en la lista de amenazados.
Tras la muerte de Oliver Eduardo Ramos y, al
ver que las amenazas del personal de custodia eran reales, otro grupo de
internos buscó ampararse para evitar tener el mismo final que su compañero
fallecido.
El Órgano Interno de Control realiza las
investigaciones correspondientes,
mientras las Fiscalías General de la República y General de Coahuila, abrieron
dos carpetas para determinar las responsabilidades del caso
Muere
asfixiado al “golpearse la cabeza”
El caso de la víctima Oliver Eduardo Ramos, que
puso al descubierto un presunto asesinato y una posible trama de funcionarios y
elementos de custodia para ocultar la verdad histórica, obligó a autoridades a
fijar la atención en otras dos muertes sospechosas al interior de la
penitenciaría.
Una es investigada por la FGR y la Fiscalía
de Coahuila y ocurrió el 8 de septiembre del 2022, cuando las autoridades del
Penal Federal reportaron el fallecimiento del reo Agustín Martínez Torres de 27
años de edad.
Los funcionarios del centro de reinserción
social, encabezados por la directora Jetzael Martínez Cisneros, reportaron que
Martínez Torres había fallecido tras golpearse la cabeza dos veces: una al caer
de su cama y la segunda al intentar levantarse.
La reconstrucción de los hechos, estableció
que la víctima fue trasladada al Hospital General de Saltillo y el Resumen
Clínico del médico Arturo Iván Sánchez Bocanegra de la Jefatura de
Coordinación-Urgencias, quien lo atendió a su llegada, señaló que el paciente
sufrió una parada cardiorrespiratoria de acuerdo a la nota de valoración del
área.
La Secretaría de Salud en Saltillo confirmó
en el certificado de defunción con folio número 220080997, que la causa de
muerte de Martínez Torres fue por asfixia y broncoaspiración, no por un
traumatismo en la cabeza, ni por sus posibles consecuencias.
El reporte del Hospital General en Saltillo
se basó en la nota médica de referencia del área médica del Penal Federal, en
la que se afirmó que el interno sufrió traumatismo craneoencefálico leve,
hipotermia leve y pérdida de consciencia, pero el diagnóstico a su llegada fue
reservado y no se especificó que los golpes leves en la cabeza tuvieran
relación con la asfixia.
El informe del médico Sánchez Bocanegra
explicó que la nota médica de referencia del Centro Penitenciario que existía
evidencia clínica y paraclínica de datos de falla orgánica múltiple, teniendo
al paciente en condición grave y en malas condiciones.
El doctor Arturo Iván Sánchez informó que al
realizar la valoración en Urgencias del Hospital General el paciente no tenía
signos vitales, sin respuesta pupilar, definiéndose la defunción a las 20:03
horas del día en cuestión informando que se trató de muerte en traslado.
En la investigación se encontraron
deficiencias en la atención al reo, por ejemplo que la médico del penal federal
encargada del traslado al Hospital General, no le practicó reanimación
cardiopulmonar, ni brindó apoyo de oxígeno, ni vía canalizada.
Ante las evidencias, la directora en ese
momento del penal Jetzael “M”, se vio obligada a denunciar casi dos meses
después de los hechos, a la médico penitenciaria Esmeralda Molina Castro,
solicitando la investigación para buscar el esclarecimiento y descubrir si los
actos de la especialista pudieran ser constitutivos de probables delitos.
Se abrió la Carpeta de Investigación
FED/COAH/SALT/0001042/2022 en la que se anexó el Informe de Investigación
Criminal de la FGR con número de oficio
FGR/AIC/PFM/DGMM/UAIORCOAH/SALT/6565/2022 fechado el 28 de octubre del 2022, en
donde se da cuenta de las anomalías criminales detectadas.
Entre los documentos que Jetzael “M” presentó
en contra de Esmeralda Molina Castro estuvieron los oficios
SSPC/PRS/CPF18/DG/08851/2022 y el SSPC/PRS/CGCF/44460/2022 a través del cual se
instruye se envíe a la denunciada del 26 de septiembre al 16 de octubre a una
comisión al CEFERESO 17 de Michoacán.
El oficio SSPC/PRS/CPF18/DG/08851/2022 fue
firmado por la entonces Directora del penal, Jetzael “M”, mientras que el
oficio SSPC/PRS/CGCF/44460/2022 fue firmado por el Coordinador General de
Centros Federales, Sergio Alberto Martínez Castuera.
Hasta donde sé tiene conocimiento Esmeralda
Molina Castro no fue a dicha comisión en
Michoacán y continuó laborando en el Centro Penitenciario Número 18 de Ramos
Arizpe con normalidad.
El domingo 21 de mayo del 2023 especialistas
de la FGR exhumaron el cuerpo de Agustín Martínez Torres como parte de la
investigación que realiza por su posible asesinato.
Las autoridades del Penal de Ramos Arizpe
aseguraron que las cámaras del pabellón en la que se encuentra la celda que
ocupaba Martínez Torres, no servían ese día y no proporcionaron ninguna prueba
en video que sustentara su versión.
Se
“suicida” reo que debía ser vigilado por esquizofrenia
El segundo caso que llamó la atención tras la
investigación periodística dada a conocer y tras todas las irregularidades
encontradas en la penitenciaría ocurrió el 17 de noviembre del 2021, cuando
murió en condiciones extrañas un interno con problemas de esquizofrenia.
El 28 de abril del presente año la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos emitió la Recomendación 68/2023, mediante la
cual informa al Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención
y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad Protección Ciudadana,
Antonio Hazael Ruiz Ortega, sobre las irregularidades de la muerte de un
interno con problemas de esquizofrenia.
La víctima de identidad resguardada, fue
valorada en múltiples oportunidades por el personal médico del penal federal,
quienes en sus notas de atención psicológica indicaron que el paciente requería
de observación permanente en el área hospitalaria, según al expediente
CNDH/3/2021/10997/Q.
A pesar de las indicaciones del personal
psicológico, el 17 de noviembre del 2021 el interno fue, supuestamente,
encontrado muerto, colgado con una sábana alrededor de su cuello.
A pesar de recibir primeros auxilios no fue
posible reanimarlo. El reporte médico, en poder de la CNDH, afirmó que la
muerte del reo fue a causa de Anoxia Cerebral subsecuente a asfixia mecánica
por ahorcamiento.
La Recomendación 68/2023 de la CNDH, que es
pública, fue dirigida también al Fiscal General del Estado de Coahuila, Gerardo
Vázquez Guevara, a quien se le realizaron varias recomendaciones.
Entre las solicitudes del organismo de
defensa de derechos humanos a Vázquez Guevara destacó el realizar una
investigación, entre ellas el considerar el conjunto de principios y
directrices que contiene el Protocolo de Minnesota, durante la investigación de
muertes potencialmente ilícitas.
De tal forma que el fallecimiento del reo
también forma parte de las indagatorias por graves irregularidades en la
“Sucursal del infierno”
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