Tribuna
Libre.- Diputados
aprobaron la noche de ayer martes la extinción de 13 de los 14 fideicomisos del
Poder Judicial de la Federación (PJF), que suman más de 15,000 millones de
pesos.
En lo particular, el documento fue avalado
con 260 votos a favor de Morena, PT y PVEM y 196 en contra de PRI, PAN, PRD, y
MC, con la adición de un artículo transitorio. En lo general se aprobó por 259
votos a favor, 205 en contra y 1 abstención. Se remitió al Senado para su
análisis, discusión y, en su caso, aprobación.
El dictamen añade un segundo párrafo al
artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en materia
de fondos y fideicomisos.
Se establece que, en el ámbito del Poder Judicial
de la Federación, no podrán ser creados ni mantenerse en operación otros fondos
o fideicomisos adicionales al Fondo Económico para el Mejoramiento de la
Administración de Justicia.
La reforma legal implica la desaparición de
13 de 14 fideicomisos que mantienen el Consejo de la Judicatura, la Suprema
Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral. El decreto dispone que
en un plazo de 120 días, a partir de su entrada en vigor, se suscriban los
convenios de extinción o terminación.
Los 13 fideicomisos estaban destinados a
pensiones complementarias a mandos superiores, planes privados de prestaciones
médicas, mantenimiento de casa habitación de magistrados y jueces, entre otros.
Las obligaciones deberán ser atendidas con recursos de los propios fideicomisos.
El Pleno aceptó adicionar un artículo quinto
transitorio para señalar que los recursos deberán ser concentrados por concepto
de aprovechamientos en la Tesorería de la Federación y se destinarán por la
Secretaria de Hacienda y Crédito Público a los programas que a permitan cumplir
con el Plan Nacional de Desarrollo.
El Poder Judicial de la Federación, a través
de sus órganos competentes deberá publicar un informe individual, desagregado y
pormenorizado por cada fideicomiso extinguido, en el cuál se indiquen los
montos entregados a la Tesorería de la Federación.
Además, el Poder Judicial de la Federación
tendrá un plazo máximo de 7 días hábiles para publicar el informe, a partir del
día siguiente al que se realice la entrega a la Tesorería.
La propuesta fue impulsada por el líder de la
bancada morenista, Ignacio Mier Velazco, y presentada por el diputado Víctor
Gabriel Varela López (Morena).
Mier Velazco señaló que “desde la presidencia
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha mentido”. Acusó a la
ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, de “intentar defender sus
privilegios utilizando a los trabajadores del poder judicial como un escudo
humano”, esto en alusión a las protestas que se registraron lunes y martes,
convocadas por el sindicato del Poder Judicial.
Negó que se trate de una reforma ilegal y
dijo que está apegada a la división de poderes.
Por su parte, el presidente de la Comisión de
Presupuesto y Cuenta Pública, diputado Erasmo González Robledo (Morena),
encargado de la fundamentación de la propuesta,
expresó que el objetivo del dictamen es contribuir al fortalecimiento de
la transparencia, eficiencia y austeridad en la gestión de recursos públicos en
todos los niveles y sectores del Estado mexicano.
“Los recursos de los fideicomisos no se
reintegrarían en automático a la Tesorería de la Federación, sino que deberán
ser aplicados para cumplir todas las obligaciones contractuales y disposiciones
aplicables, salvaguardando los derechos que correspondan”, detalló.
González Robledo dijo que únicamente los
recursos remanentes serían reintegrados a las tesorerías correspondientes de
los propios órganos del Poder Judicial y, posteriormente, a la Tesorería de la
Federación. Para ello, el Consejo de la Judicatura Federal, la Suprema Corte de
Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral deberán realizar una cuidadosa
revisión de las obligaciones derivadas precisamente de estos instrumentos
financieros y garantizar su cumplimiento.
El diputado panista, Oscar de Jesús Almaraz,
acusó que el dictamen debilita la democracia y atenta contra uno de los tres
poderes que comprometen el Estado; es inconstitucional y carece de
fundamentación normativa suficiente para ejercer de manera efectiva los
artículos 14 y 16 de la Carta Magna, “porque un acto legislativo no puede
extinguir un negocio jurídico bancario legalmente constituido como son los
fideicomisos creados para un fin específico”.
Destacó que los 13 fondos y fideicomisos que
se pretenden extinguir se han constituido también con recursos de los
trabajadores del Poder Judicial, no sólo con recursos públicos que derivan en
asignaciones presupuestales. Este dictamen, agregó, contraviene el principio de
progresividad y afecta de manera directa e indirecta los derechos laborales Y
sociales de todos los trabajados de dicho Poder.
En su intervención, el diputado del PRI, José
Francisco Yunes, mencionó que el dictamen rompe la normalidad constitucional,
“atenta contra el principio de división de poderes cuando un Poder se arroga la
facultad de disponer de los activos, de los recursos o de los fideicomisos de
otro”.
Recalcó que la reforma atenta contra los
derechos y contra la seguridad social de los trabajadores al servicio del Poder
Judicial del Estado porque “esos fideicomisos, de los cuales el Poder Ejecutivo
busca apropiarse, le dan garantía de las prestaciones y de los derechos
laborales”.
Por parte de Movimiento Ciudadano, el
diputado Salomón Chertorivski Woldenberg afirmó que no se siguió el
procedimiento legislativo correspondiente, por lo que adelantó que ello dará
pie a amparos, acciones de inconstitucionalidad y se resolverá nuevamente en la
Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Lo que se pretende, dijo, es una
nacionalización de recursos privados; es un antecedente gravísimo, pues tal vez
lo que siga será nacionalizar las cuotas obrero patronal del Instituto Mexicano
del Seguro Social o las Afores. “Es un precedente grave y se afecta a personas
de carne y hueso. Debemos dialogar para no volver a cometer errores como los
suscitados en los fideicomisos anteriores”.
