Abuso de autoridad en la CGE de Veracruz al omitir alegatos de defensa e imponen sanciones absurdas e ilegales.
Claudia Guerrero Martínez | 27 octubre 2023
Tribuna
Libre.- En esta entrega,
compartiremos una carta sobre los abusos de autoridad e ilegales procesos que
se ventilan en la Contraloría General del Estado de Veracruz, donde la misma
incompetente titular, Mercedes Santoyo Domínguez denunció a la autora de esta
entrega por haberla evidenciado por posibles actos de corrupción y ella nos
acusó de “violencia a la intimidad” al dar datos personales, siendo parte de
una investigación por corrupción y enriquecimiento inexplicable, cuando las
tres propiedades en cuestión, se compraron en menos de 9 meses, pagando en
efectivo y nunca ha negado los hechos. Y aquí la carta sobre abuso de
autoridad:
Existe Abuso de Autoridad por parte del Lic.
Miguel Ángel Olivares Martínez, director general de Responsabilidades
Administrativas de la Contraloría General del Estado y el Lic. Víctor Manuel
Rosas Toledano. subdirector de Responsabilidades de los Servidores Públicos,
pues hacen caso omiso de los alegatos de defensa que los ciudadanos
inocentes presentan en su legítima
defensa dentro de los expedientes de los Procedimientos de Responsabilidad
Administrativa (PRA), ya que no los analizan ni se pronuncian al respecto;
sobre todo en los casos de los ejercicios 2018 y 2019 donde ya operó la figura
jurídica de la “Prescripción” al haber
transcurrido en demasía el término prescriptivo de tres años que establece el artículo 74 de la Ley
General de Responsabilidades Administrativas y que claramente se le puntualiza
y se le explica con calendario en mano.
Máxime que no existió interrupción del
término prescriptivo que señala la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia con registro
digital 2024670, Instancia Primera Sala, Undécima Época Materias, Materias (s)
Administrativa, Tesis: 1ª./J.52/2022 (11ª.), fuente: Semanario Judicial de la
Federación, hoy en día en Veracruz no tenemos un Estado de Derecho correcto,
pues estas personas son unos principiantes que han llegado hasta el absurdo de
realizar supuestas mesas de trabajo,
reuniones con las demás áreas de la Contraloría General, dizque para
buscar criterios legales cuando está más
claro y lo que deben de hacer es estudiar y aplicar de manera correcta
la Ley General de Responsabilidades Administrativas y sus diferentes hipótesis
jurídicas para no violentar garantías individuales, derechos humanos.
Esto actualmente no lo hacen, ya que no
respeta la presunción de inocencia de los ciudadanos, ya que en sus
resoluciones sólo concluyen escuetamente que la Autoridad Investigadora
comprobó su acusación sin fundar y motivar su dicho, ni refutar los alegatos de
defensa de los ciudadanos, culminando sus arbitrariedades con sanciones de
inhabilitación que mañosamente las fijan entre tres y seis meses, con el objetivo
de que se cumplan antes de resolver la Revocación para inflar sus números de
resultados, sin importarles que los ciudadanos interponen el recurso de
revocación que establece el artículo 210 de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas, violentando el debido proceso.
Y es que realizan un argumento cantinflesco y
hasta tonto en el sentido que no pueden suspender la sanción que imponen, pues
es un hecho consumado que ya la registraron en su libro de gobierno y en la
Subdirección de Situación y Evolución Patrimonial, siendo algo totalmente inepto pensar esto ya
que una cosa es el registro y otra la consumación del término de la sanción,
siendo que ambas cosas pueden suspenderse pareciendo que les es imposible realizarlo,
pues quieren decir que como ya la registraron ya no la pueden suspender
ocasionando un daño de difícil reparación al ciudadano.
Si bien sólo alegan que se infringen normas
de interés social, sin explicar cuáles, ni de qué manera, agravando su actuar
autoritario. Con el hecho de que el medio de impugnación consistente en el
Recurso de Revocación también lo resuelven ellos en su área, existiendo un
claro conflicto de intereses, pues ellos son los emisores del acto reclamado y
de quien se quejan los ciudadanos, invadiendo la atribución de la Dirección
Jurídica de desahogar y resolver el citado medio de impugnación.
Se debe puntualizar que le corresponde de conformidad con el artículo 25 fracción II
del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado de Veracruz de
Ignacio de la llave, publicado en la Gaceta Oficial del Estado con número
extraordinario 172 de fecha treinta de abril del año dos mil veintiuno,
puntualizando que el reglamento citado en su artículo 42 fracción XX le obliga
remitirlo a la Dirección Jurídica y en ninguna de sus fracciones lo faculta
para dichos efectos, teniéndose claro que al resolver los Recursos de
Revocación van a confirmar sus resoluciones de los Procedimientos de
Responsabilidad Administrativa, pues no van a reconocer sus errores tapando su
negligencia jurídica.
Para ese tiempo, si ya había concluido el
término de la sanción de inhabilitación, corrupta y antijurídicamente no
suspenden los actos reclamados provocando esto un daño de difícil reparación a
cualquier persona que conozca un poco de derecho y sabe que los medios de
impugnación tienen como razón primordial de
evitar que se produzca una arbitrariedad, sumando a todo esto que hacen
los registros de las sanciones y las aplican sin que hayan causado estado
(ejecutoria).
Es algo lamentable en verdad que el
gobernador del Estado de Veracruz, el Ing. Cuitláhuac García Jiménez y la
contralora general del Estado la Ingeniera en Alimentos, Mercedes Santoyo
Domínguez no revisen o instruyan que no se comentan este tipo de
arbitrariedades pues la Cuarta
Transformación promete justicia social y con estas personas se está muy lejos
de tal cometido.
Notita importante: Después de publicar los
actos de corrupción con la entrega titulada: "Jefe de Servicios Generales
de SESVER de mendigo a millonario", con la liga: https://periodicoveraz.com/jefe-de-servicios-generales-de-sesver-de-mendigo-a-millonario/
usuarios nos comentan: “De la nota que
sacaron sobre Abraham Molina González,
jefe de Servicios Generales en la Secretaría de Salud y SESVER, el jefe
del área de mantenimiento es su recomendado, recién egresado que no cuenta ni
con título, ni experiencia, pero sí les pide cuota de los viáticos a los trabajadores
que salen de comisión. Además, en una de las empresas a las que les dio
contratos, está a nombre de su sirvienta. Sólo basta investigar un poco. También, se llevan
materiales de las bodegas a su casa de Chachalacas, en el municipio de Úrsulo Galván,
la misma, fue remodelada con dinero, material y mano de obra de SERVER. Inflan
presupuestos o los dan por asignación directa según por falta de concursantes.
Y a las empresas que no son de ellos para darles el contrato les piden el 25
por ciento.
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