Acapulco ante el gran desafío de su reconstrucción: contener a la delincuencia es una oportunidad para mantener la continuidad del negocio
* Para evitar que los males del puerto previos al huracán Otis se extrapolen y, con una planificación que el empresariado impulse incluso dentro del propio gobierno, posiblemente se logre generar un nuevo esquema que reduzca la predominancia de los grupos que operan al margen de la ley.
Ciudad de México. | 28 noviembre 2023
Tribuna
Libre.- A
falta de un diagnóstico serio de la crisis que vive Acapulco tras el paso del
huracán Otis y también de una estrategia de contención, pues únicamente hay
presencia de la Guardia Nacional en 38 colonias del puerto, se abre la
posibilidad de que la llegada de recursos económicos y apoyos en especie para
la reconstrucción de la infraestructura hotelera, de negocios y vivienda, y en
general de la vida del puerto terminen en manos de los grupos delictivos de
manera indirecta o directa y esto conlleve el crecimiento exponencial de todos
los males, principalmente en la operación del narcotráfico y delincuencia
común.
Facundo Rosas Rosas, director de estrategia del Grupo BlackIND destacó en Rueda de Prensa que la Guardia Nacional no tendrá capacidades de análisis e investigación in situ que permita identificar y combatir la estructura criminal que continúa operando en el puerto, más aquellos grupos que seguramente surgirán en la actual coyuntura, ya sea nuevos y/o derivados de escisiones de los ya existentes.
Por su parte, Francisco Daniel Herrera Lau,
director de Estrategia Corporativa del mismo grupo empresarial afirmó que “la
reconstrucción de una localidad devastada por un desastre natural es un desafío
y una oportunidad para contribuir al desarrollo de la comunidad y garantizar la
continuidad de negocio” por lo que se deben tomar medidas urgentes que debe
considerar el empresariado para lograr una reconstrucción resiliente, ya que en
estos momentos aún nadie sabe si alcanzará la fuerza económica, de seguridad,
coordinación y visión estratégica para evitar que la nueva transformación de
Acapulco conlleve el crecimiento exponencial de todos los males.
María Elena Morera, presidenta de Causa en Común aseguró que el estado de Guerrero “desde antes del Huracán tiene un gobierno prácticamente inexistente, no asume su responsabilidad en educación, salud y menos en seguridad y justicia, es decir en lo más básico y el estado está tomado por el crimen organizado”.
Y agregó que con el objetivo de “levantar a
Acapulco” en unos meses el Ejecutivo Federal se negó a modificar el Presupuesto
y asignar recursos etiquetados, (mientras) los poco más de 61 mil millones
designados por Hacienda, además de escasos, no tienen reglas de operación, por
lo que será muy difícil darle seguimiento y saber sus resultados”.
Por lo que, concluyó, “la destrucción
provocada por el Huracán Otis, debería ser una oportunidad y el punto de
partida para reconstruir Guerrero de fondo. Regresar a la situación previa al
impacto del huracán como se pretende, es una forma de seguir matando Acapulco
de forma lenta”.
Francisco Rivas Rodríguez, director General
del Observatorio Nacional Ciudadano, destacó que esta es una oportunidad de
pensar “qué tipo de Acapulco y Coyuca de Benítez queremos reconstruir, pero
también pensar que si se pueden generar las condiciones para prevenir
tempranamente el delito; no espacios asignados, sino que haya elementos y
urbanización necesarias que inhiban la presencia de grupos delictivos”.
Destacó que un espacio que se deja vacío lo
llena la delincuencia y si el Estado no otorga servicios, llegará alguien que
lo haga y llegará de una manera ilegal. Entonces, el gran reto no sólo está en
de dónde va a salir el dinero y cómo le vamos a hacer, sino de quién lo va a
hacer y probablemente lo hará la delincuencia a través de negocios lícitos”.
Facundo Rosas Rosas expresó que ante la falta
de estrategia y la falta de voluntad política del ejecutivo federal y del
estado de Guerrero para enfrentar a los grupos que operan al margen de la ley,
bajo la consigna de “abrazos, no balazos”, existe la posibilidad de que parte
de los recursos que lleguen al puerto terminen en manos de los grupos
delictivos de manera indirecta o directa.
Mientras se reconstruyen los mercados
ilícitos de las drogas ilegales, secuestro, armas de fuego y trata de personas
buscarán tomar el control total de la extorsión y el cobro de piso, así como la
distribución de materiales para construcción, energéticos (gas, gasolina y
diésel), abarrotes y agua para uso doméstico (pipas), sobre todo en las
colonias más apartadas del puerto, a esas a las que la ayuda del gobierno
tardará más en llegar.
También extorsionarán al servicio de
transporte público, taxis formales e informales (tolerados o piratas), además
de vagonetas y autobuses urbanos y suburbanos, incluidos algunos turísticos, los
cuales reportarán cuotas a los grupos delictivos disfrazadas de aportaciones
sindicales, para la operación diaria, para la supervisión y despacho de
unidades, para los seguros (mutualistas) o de cajas de ahorro.
El mercado del empeño o préstamos dejando
prendas en garantía será otro mercado ilícito en poder de estos grupos, ya que
una significativa cantidad de artículos electrónicos, joyas, vehículos y
enseres domésticos carecen de facturas u otros documentos que amparen la legal
propiedad porque se perdieron en el huracán o la gente empeñará los artículos
que obtuvo de los saqueos o los que les entregará el gobierno para poder
subsistir.
La chatarra o material de reciclaje, en
particular los metales ferrosos y no ferrosos, también serán motivo de disputa
entre los grupos delictivos, tomando en cuenta la cantidad y tamaño de los
inmuebles que tendrán que ser reconstruidos en sus fachadas, lo que generará
grandes cantidades de este tipo de material.
De manera directa, expresó Rosas Rosas, la
“base social” de estos grupos serán beneficiarios de los programas sociales que
son entregados en efectivo, lo cual les permitirá subsistir en tanto se
recuperan las actividades económicas formales e informales del puerto que den
vida a los mercados ilícitos, en las cuales han estado sustentados durante los
últimos años.
Ante este panorama, Francisco Daniel Herrera
Lau expresó que se debe realizar una estrategia corporativa de gran alcance
para evitar que los males del puerto previos al huracán Otis se extrapolen y, con
una planificación que el empresariado impulse incluso dentro del propio
gobierno, se logre generar un nuevo esquema que reduzca la predominancia de los
grupos que operan al margen de la ley.
A decir de Herrera Lau, se necesita esquemas
de: a) Reevaluación y planificación donde es necesario hacer un diagnóstico de
riesgo, además de información útil y precisa para tomar decisiones efectivas
para evitar nuevas pérdidas; b) Seguridad y protección para garantizar la
seguridad de empleados y activos mediante servicios de seguridad privada,
medidas físicas y tecnológicas como alarmas, cámaras y control de acceso,
siempre acompañado de datos que permitan identificar amenazas y riesgos; c)
Ciberseguridad reforzada ante posibles amenazas, con el fin de fortalecer la
seguridad cibernética para proteger datos y sistemas informáticos.
Asimismo, d) Una mayor coordinación frente a
la delincuencia porque los grupos criminales y el narcotráfico intentarán
aprovecharse de la situación, y ello agudizará el denominado “cobro de derecho
de piso” e incluso impactará en la cadena de suministro, por lo que deberán
instalarse mecanismos de coordinación, colaboración e intercambio de
información corporativa para mitigar esta amenaza; e) Copias de seguridad y
recuperación para realizar duplicados de seguridad de datos y sistemas
críticos; f) Apoyo emocional y comunicación transparente con personal,
clientes, proveedores y partes interesadas; y, g) Gestión de crisis donde será
urgente mantener un equipo activo para tomar decisiones rápidas y efectivas
ante nuevas situaciones de emergencia.
Comentarios
Publicar un comentario