*Con 36 votos a favor, el Pleno respalda el trabajo realizado por la Comisión Permanente de Vigilancia y del Órgano de Fiscalización Superior del estado.
Xalapa, Ver. | 01 noviembre 2023
Tribuna
Libre.- El
Pleno de la LXVI Legislatura avaló el dictamen de la Comisión Permanente de
Vigilancia por el que son aprobados los Informes Individuales y el Informe
General Ejecutivo de las Cuentas Públicas de los entes fiscalizables del estado
de Veracruz, correspondiente al ejercicio fiscal 2022.
En sesión extraordinaria, las diputadas y los
diputados conocieron el dictamen y, tras los posicionamientos de las diversas
fuerzas políticas, se instruyó abrir el tablero electrónico para la votación,
que dio como resultado: 36 votos a favor, siete en contra y cero abstenciones.
En el documento, la Comisión de Vigilancia
expone que, en cumplimiento con las normas legales, remitió al Órgano de
Fiscalización Superior del estado (Orfis) la Cuenta Pública 2022
correspondiente a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de
organismos autónomos, Universidad Veracruzana (UV), Secretaría Ejecutiva del
Sistema Estatal Anticorrupción del estado, municipios y entidades
paramunicipales, para que procediera a la revisión y posterior entrega del
Informe a esta Soberanía.
Asimismo, destaca que el Orfis remitió, en el
plazo legal, los informes de fiscalización superior, como conclusión del
procedimiento.
De acuerdo con el dictamen y derivado de la
auditoría financiera, para el caso de la Cuenta Pública consolidada del Poder
Ejecutivo no se detectaron irregularidades que hagan presumir la existencia de
daño patrimonial, pero sí inconsistencias de carácter administrativo que dieron
lugar a observaciones y recomendaciones.
En la revisión, para el caso del Poder
Ejecutivo, en 13 dependencias, 21 organismos públicos descentralizados y seis
fideicomisos no se detectaron irregularidades de presunto daño patrimonial,
pero sí inconsistencias de carácter administrativo.
Además, de las auditorías financiera y/o
técnica a la obra pública, se determinó un presunto daño patrimonial en dos
dependencias (Secretaría de Medio Ambiente y Secretaría de Desarrollo Agropecuario,
Rural y Pesca) y 28 organismos públicos descentralizados por un total de 161
millones 952 mil 891 pesos.
En el caso del Poder Judicial, se detectaron
inconsistencias administrativas en los tribunales Superior de Justicia, de
Conciliación y Arbitraje y del Consejo de la Judicatura, además, en el Fondo
Auxiliar para la Impartición de Justicia.
Respecto a los organismos autónomos,
previstos en el Artículo 67 constitucional, la Comisión Estatal para la
Atención y Protección de Periodistas (Ceapp) y el Tribunal Electoral del estado
de Veracruz (TEV) reportaron únicamente inconsistencias de carácter
administrativo.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos
(CEDH), el Organismo Público Local Electoral (OPLE) del estado, el Instituto
Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI),
la Fiscalía General del Estado (FGE) y el Tribunal Estatal de Justicia
Administrativa, que fue subrogado por el Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Veracruz (Trijaev), resultaron con inconsistencias de carácter
administrativo que dieron a lugar a recomendaciones, tras las auditorías
financieras y técnicas.
La UV registró un presunto daño patrimonial
por 4 millones 643 mil 744 pesos, además de inconsistencias de carácter administrativo
que dieron lugar a observaciones y recomendaciones.
El dictamen puntualiza que, derivado de las
auditorías financiera y técnica a la obra pública, en 195 municipios se
detectaron irregularidades que hacen presumir la existencia de daño patrimonial
por un monto de 1 mil 305 millones 891 mil 261 pesos.
Por último, se instruyó al Orfis que, una vez
integrado el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa por la probable
comisión de faltas graves, otorgue el derecho de audiencia a través de la
Dirección General de Asuntos Jurídicos del órgano, a efecto de que los
involucrados puedan argumentar lo que a su derecho convenga, así como llevar a
cabo las diligencias correspondientes de conformidad con lo dispuesto en la Ley
General de Responsabilidades Administrativas.
Posicionamientos
En primer término, por el Grupo Legislativo
de Morena, el diputado Rafael Gustavo Fararoni Magaña aseguró que la Comisión
de Vigilancia ha sido responsable de una fiscalización ajena a compromisos
políticos o de grupo, actuando con objetividad y eficiencia, por lo que las y
los veracruzanos “pueden tener la seguridad de que se trata de una Cuenta
Pública confiable y transparente”.
La diputada Verónica Pulido Herrera, del
Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), se pronunció a favor de la
rendición de cuentas, el derecho a la información expedita, la transparencia,
comunicación constante, regular y equilibrada entre el Orfis y todas las fuerzas
políticas representadas en este Congreso y del fortalecimiento de la
gobernabilidad democrática con estricto apego a la legalidad.
Por el Grupo Legislativo del Partido
Revolucionario Institucional (PRI), el diputado Marlon Eduardo Ramírez Marín adelantó
su voto en contra debido a que, consideró, hay hallazgos que ameritan la
observancia de la Comisión de Vigilancia en la dependencia estatal de salud, en
relación con indicios de diversas irregularidades. Agregó que debe mejorarse el
sistema con el cual se revisa la aplicación de los recursos públicos.
