*La magistrada presidenta del Tribunal Electoral, Mónica Soto Fregoso, convocó a la ciudadanía a votar el 2 de junio con la certeza de que su voto será protegido.
*El magistrado de la Sala Superior, Felipe Fuentes Barrera, dijo que la ciudadanía debe saber que el Tribunal está unido.
Ciudad de México. | 27 febrero 2024
Tribuna
Libre.-
La magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
(TEPJF), Mónica Aralí Soto Fregoso, hizo un llamado a las actoras y actores
políticos, así como a la ciudadanía en general, para que se conduzcan con pleno
respeto a la ley, a la Constitución y a los principios que rigen la democracia
durante este periodo electoral.
"Mexicanas y mexicanos, salgan a votar con la tranquilidad que les da la fortaleza de las instituciones de la democracia mexicana que hemos construido todas y todos”, expresó durante la sesión solemne en que se rindió el informe de labores 2022-2023 de la Sala Regional Monterrey del TEPJF.
El máximo órgano jurisdiccional en materia
electoral garantiza que se habrá de proteger su decisión, agregó. “El Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación no organiza las elecciones, no
cuenta los votos, pero sí garantiza que cada uno de ellos se haya expresado en
forma libre y autónoma, eso sí es una garantía que este Tribunal les puede
dar”, sostuvo.
El magistrado de la Sala Superior Felipe
Alfredo Fuentes Barrera expresó que la ciudadanía debe saber que el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación está unido y fuerte de cara a lo
que viene y, gracias al alto nivel de profesionalismo de sus integrantes,
permitirá llegar “al puerto de la democracia rica, al puerto de la democracia
deliberativa, al puerto de un mejor sistema para México”.
Este proceso electoral es histórico por sus dimensiones y depende de quienes integran el TEPJF hacerlo histórico también por sus resoluciones. En ese sentido, refirió su responsabilidad de garantizar que la contienda electoral se ajuste a la legalidad y a los estándares democráticos que demanda el orden jurídico, y reconoció que le corresponde a esta institución sentar confianza ciudadana, la cual —detalló— sólo se construye con imparcialidad, independencia y autonomía.
Adelantó que se tiene previsto que lleguen
unos 18 mil asuntos a la Sala Superior y las salas regionales durante la
contienda electoral. Dijo que, desde el 7 de septiembre, en que inició el
proceso electoral federal, el TEPJF ha recibido cerca de cuatro mil asuntos, de
los cuales ya resolvió tres mil 700.
Al rendir su informe, la magistrada
presidenta de la Sala Regional Monterrey, Claudia Valle Aguilasocho, sostuvo
que la ciudadanía puede estar segura de que en la contienda electoral, en la
que se disputarán 3 mil 742 cargos federales y locales de la segunda
circunscripción, esta sala y en general el TEPJF actuarán con independencia e
imparcialidad.
“Desde el rol que tenemos como catalizadores
de las tensiones propias de la contienda, abonaremos al orden y a la paz
social, en unidad”, expresó. En ese sentido, agregó, es importante que la
ciudadanía sepa que el blindaje jurídico de la actuación de un tribunal lo dan
los argumentos de sus sentencias.
Afirmó que la Sala Regional Monterrey tiene
como misión abonar a la certeza jurídica, y en razón de ello, se ha enfocado en
que la justicia que imparte se blinde a sí misma. “Estamos listos, estamos
listas, para afrontar los retos que implique el ingreso de los medios de
impugnación relacionados con las elecciones en cita”, declaró.
Al referir el trabajo jurisdiccional
realizado, destacó que del 1 de noviembre de 2022 al 31 de octubre de 2023 se
resolvieron 564 medios de impugnación, de los cuales 540 estaban concluidos y
solo 24 se encontraban en trámite. La mayoría de los asuntos provino de
decisiones tomadas por autoridades electorales de Guanajuato y Aguascalientes,
seguidos por Nuevo León, Coahuila y San Luis Potosí. El menor número de casos
ocurrieron en Tamaulipas, Querétaro y Zacatecas. Todas esas entidades conforman
la segunda circunscripción electoral.
La magistrada Valle Aguilasocho advirtió que
por segundo año consecutivo se dio un incremento relevante de los juicios en
que se reclamó la comisión de Violencia Política por Razón de Género,
particularmente cometida en el ejercicio de cargos municipales.
“Hoy, a casi 10 años de la reforma que
tipificó la violencia política y la violencia política por razón de género,
vemos que el modelo de sanción es insuficiente para generar un cambio cultural.
Lo anterior nos debe convocar a una profunda reflexión sobre la urgencia de
acciones que lleven a la prevención y a la concientización generacional, sobre
la igualdad entre todos y todas”, aseveró. La política y la forma de hacer
política puede y debe prescindir de la violencia de género, añadió.
Asimismo, destacó que la Sala Regional
Monterrey ha resuelto los asuntos en 14.5 días en promedio, y en algunos casos
incluso en un día. Además, el 92.7 por ciento de sus sentencias se decidieron
por unanimidad.
Agregó que en 2023 se autorizó un presupuesto
menor a 18.48 por ciento respecto al de 2022, y al final del periodo se
generaron ahorros del 9.66 por ciento.
En el informe estuvieron presentes el
magistrado Ernesto Camacho Ochoa y la magistrada en funciones Elena Ponce
Aguilar, integrantes de la Sala Regional Monterrey, así como ex magistrados de
esa instancia jurisdiccional.