Ciudad de México. | 13 febrero 2024
Tribuna
Libre.-
La International Chamber of Commerce México (ICC México) considera que el
paquete de reformas presentado el pasado 5 de febrero por el presidente de la
República, atenta directamente contra el combate a la corrupción y desvanece el
modelo democrático del país, por lo que hace un llamado al Congreso de la Unión
a priorizar las instituciones y reflexionar seriamente los riesgos que
envuelven estas reformas.
En 2018, el presidente prometió combatir la
corrupción y la impunidad como su prioridad número uno. Transparencia
Internacional reporta a inicios de 2024 que México sigue estancado en el lugar
126 de 180 entre los países más corruptos del mundo y con una calificación de
31/100, en dónde 100 es altamente íntegro y 0 es altamente corrupto. La
propuesta de reformas del presidente socava las instituciones que debieran
combatir la corrupción que el presidente prometió erradicar.
Así también, la ICC México sugiere que en
estos momentos del país no debemos desviar la atención de los temas más
urgentes como son el combate a la impunidad y la inseguridad que priva a lo
largo y ancho del territorio nacional.
Las 20 iniciativas de reforma incluyen 18
reformas constitucionales y 2 reformas legales. Para la Comisión Anticorrupción
de ICC México destacan tres propuestas estructurales: la reforma al Poder
Judicial de la Federación, la desaparición del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI)
y la desaparición de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción.
1. La reforma al Poder Judicial propone
reducir la integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de
11 a 9 ministros, disminuir la mayoría calificada de 8 a 6 votos, modificar la
forma de selección de los ministros y magistrados en un modelo aparente de
“votación popular”, así como la desaparición del Consejo de la Judicatura
Federal y el establecimiento de un Tribunal de Disciplina Judicial. Lo más
relevante de esta reforma es que el transitorio prevé la eliminación de la actual
integración de la Suprema Corte y la designación de nuevos ministros.
Esta propuesta implica, de facto, el
desmantelamiento de uno de los Poderes de la Unión al erosionar por completo
los pesos y contrapesos internos que subsisten en la integración actual de la
Suprema Corte. Eliminar a la Suprema Corte actual y sustituirla por una
integración completamente nueva implica un riesgo del equilibrio de poderes,
especialmente en el poder que se encarga de determinar los límites de las
autoridades frente a los derechos constitucionales de los ciudadanos.
Respecto al mecanismo de voto popular para la
selección de ministros y magistrados, es altamente dudoso que esa propuesta
sume a garantizar la imparcialidad o la capacidad técnica y legal de los
magistrados y ministros. Todo lo contrario, el voto popular solo permitirá la
selección respecto de aquellos que hayan sido previamente preseleccionados por
el Poder Ejecutivo y el Legislativo, por lo que la fórmula está lejos de ser en
realidad un modelo de representación directa.
Por su parte, la reforma propuesta busca
eliminar el Consejo de la Judicatura y asegura el desmantelamiento de una de
las instituciones administrativo-legales más sólidas del país que se encargan
de garantizar el servicio de carrera judicial, la capacitación, así como la
selección y adscripción de jueces y magistrados de acuerdo con estándares
imparciales. Nuevamente, socava el balance de pesos y contrapesos republicano y
busca concentrar el poder.
2. La desaparición del INAI propone en su lugar
dejar en manos de los sujetos obligados el cumplimiento de los deberes de
transparencia y protección de datos. Esto los hace juez y parte, y volverá
eufemística, para efectos prácticos, la transparencia y el acceso a la
información pública. Para combatir la corrupción, es necesario saber dónde se
encuentra. Sin transparencia e información respecto al uso de recursos
públicos, combatir la corrupción se reduce a una buena intención.
El INAI se ha consolidado como un organismo
constitucional imparcial que ha impuesto a los sujetos obligados del país a
hacer pública información crucial para develar los grandes desfalcos y redes de
corrupción que operan en este y otros sexenios tal como la Estafa Maestra, el
caso Odebrecht, Segalmex, irregularidades en el AIFA o el Tren Maya. Fortalecer
y preservar al INAI es un presupuesto fundacional de cualquier combate a la
corrupción potencialmente efectivo.
3. El presidente propone eliminar de la
Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (“SESNA”) e integrarla
a la Secretaría de la Función Pública. La integración y eficacia del SNA es un
factor clave en una verdadera estrategia que busca detectar y erradicar la
corrupción en nuestro país, lo cual se logra a través de una coordinación entre
las entidades que lo integran, así como el establecimiento de bases de datos de
información tal como la Plataforma Nacional Digital, aspectos que hoy están en
manos de la Secretaría Ejecutiva. Por ende, eliminar la SESNA lejos de abonar a
esta consolidación implica la antesala de su desmantelamiento e implícitamente
una visión de permitir y proteger los casos de corrupción.
La Comisión Anticorrupción de la ICC México
identifica estos aspectos estructurales que ponen en riesgo el modelo
democrático y establecen el desmantelamiento de instituciones clave para el
combate a la corrupción. Estos aspectos son neurálgicos tanto para el
desarrollo económico y social interno del país, así como sus relaciones
comerciales y políticas en todo el mundo. Exhortamos al Congreso y a la sociedad
en general a valorar estos riesgos y a adoptar un diálogo constructivo que
busque fortalecer la democracia y una agenda anticorrupción que se traduzca en
acciones tangibles y no se quede en discursos.