*PJE no solventó observación de ASF del año 2021 por $82 millones de pesos.
*Violentando la ley de disciplina financiera, el PJE y la entonces titular de Administración utilizaron recursos federales para pagar servicios personales que no estaban presupuestados en 2021.
Xalapa, Ver. | 04 marzo 2024
Tribuna
Libre.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF)
concluyó que el Poder Judicial de Veracruz no logró solventar una observación
más por el probable mal manejo de 82 millones de pesos detectados en la cuenta
pública de 2021. Lo anterior, cuando Joana Marlen Bautista Flores fungía como
Administradora General del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del
Estado.
De acuerdo con un documento de la Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e Investigación de la ASF, el Poder Judicial de Veracruz reconoció haber utilizado recursos federales etiquetados en los capítulos 2000, 3000 y 5000 con tal de poder hacer frente a obligaciones laborales en el ejercicio fiscal 2021.
Sin embargo, la administración del Poder
Judicial, cuando aún estaba al frente Joana Marlen Bautista Flores, no
contempló el pago de servicios personales en el ejercicio fiscal de 2021
(salarios, bonos y prestaciones). En consecuencia, habría empleado
indebidamente recursos del Fondo Auxiliar para la Impartición de Justicia para
hacer esos pagos, considerados en la acción 2021-E-30004-19-1870-03-001.
En consecuencia, concluye la auditoría de la
ASF, el Poder Judicial de Veracruz no fue capaz de aclarar o justificar “el
haber incrementado durante el ejercicio fiscal 2021 la asignación global de
servicios personales aprobada originalmente en el Presupuesto de Egresos del
Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y registrar un
monto pagado superior al originalmente aprobado”. Por ello, enfatiza, subsiste
el monto observado por 82 millones 4 mil 811 pesos que no ha sido solventado.
Las acciones emprendidas por el Poder
Judicial de Veracruz, durante la administración de la magistrada presidenta
Isabel Romero Cruz, violentarían disposiciones de la Ley de la disciplina financiera.
La ASF dio por “No solventado el Pliego de Observaciones que se identifica con la
clave 2021-E-30004-19-1870-06-001” y advierte que procederá penalmente conforme
a los términos establecidos en el Título Quinto de la Ley de Fiscalización y
Rendición de Cuentas de la Federación y demás ordenamientos legales aplicables.
PJE y Joana Bautista prometieron ahorro de 22
millones en 2021, pero gastaron 82 millones más de lo presupuestado.
Cabe mencionar que, en junio de 2021, la
entonces presidenta del Poder Judicial, Isabel Romero Cruz, anunció el cierre
de 29 juzgados en Veracruz, con lo que dijo ahorraría un total de 22 millones
de pesos, como parte de un plan de austeridad, optimización y disciplina
presupuestal.
Pese a esas medidas, en septiembre de 2021,
el Poder Judicial solicitó al Congreso local una ampliación presupuestal por
519 millones 991 mil pesos, adicionales a los mil 614 millones que tenía
aprobados para ese año. El organismo argumentó un déficit presupuestal de 468
millones de pesos que le impedían cumplir con funciones jurisdiccionales y
administrativas.
La propia expresidenta del Poder Judicial,
Isabel Romero Cruz, reconoció en un evento público que no contaban con dinero
para cambiar “los sapos de los baños”. Pese a la solicitud, la Secretaría de
Finanzas y Planeación solo le otorgó al Poder Judicial 200 millones extras para
el cierre del ejercicio fiscal 2021.
Joana Bautista suma señalamientos por
presuntos actos de corrupción.
El pasado 9 de febrero de 2024, la presidenta
del Poder Judicial de Veracruz, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, confirmó la
existencia de 4 denuncias penales por presuntos actos de corrupción cometidos
al interior del organismo. Aunque dichas querellas se presentaron contra
quienes resulten responsables, los hechos corresponden al año 2023, el último
año que Joana Marlen Bautista Flores fungió como administradora del Consejo de
la Judicatura del Poder Judicial del Estado.
Jiménez Aguirre refirió que las 4 denuncias
están soportadas con una auditoría realizada por la Contraloría Interna del
Poder Judicial. Entre los posibles actos constitutivos de delito, destaca la
probable existencia de una red de empresas fantasma mediante las cuales el
Poder Judicial contrató servicios por casi 50 millones de pesos.
De acuerdo con la también presidenta del
Consejo de la Judicatura, las denuncias se presentaron desde octubre de 2023
ante la Fiscalía de investigaciones Ministeriales (FIM) y serán las autoridades
encargadas de procurar justicia quienes delimiten responsabilidades.
