Ciudad de México | 21 agosto 2024
Tribuna
Libre.- El
presidente Andrés Manuel López Obrador propuso a los cinco personajes de México
con mayor riqueza argumenten de manera pública sobre el contenido de la reforma
al Poder Judicial, la virtual conformación de la LXVI Legislatura en la Cámara
de Diputados y si debe interpretarse la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
“Queremos que ayuden a que vivamos en un país
con un auténtico Estado de derecho y que hagamos el compromiso de desterrar la
corrupción y la impunidad y que ellos nos den su opinión”, expresó.
El mandatario explicó que la Cuarta
Transformación pretende reformar el ámbito judicial con el objetivo de impartir
justicia a todas las personas; sin embargo, se oponen a este propósito
representantes del sector empresarial y financiero que históricamente han
obtenido beneficios del sistema corrupto.
“Que se aclare que no todo el que tiene es
malvado. No estamos en contra de quienes con esfuerzo, trabajo, de conformidad
con la ley, logran un patrimonio. Nosotros estamos en contra de la riqueza mal
habida y de la corrupción porque la corrupción es el principal problema de
México; era, todavía no hemos terminado de limpiar al país de corrupción”,
acotó.
En conferencia matutina, el jefe del
Ejecutivo llamó a hacer pública la postura de Carlos Slim Helú; Germán Larrea
Mota Velasco; Ricardo Salinas Pliego; de la familia Baillères y María Asunción
Aramburuzabala.
“Carlos Slim, quiero su opinión; no al
presidente, al pueblo de México. Y no hace falta consultar abogados. Él es muy
inteligente y tiene juicio práctico, sentido común que es a veces el menos
común de los sentidos. Que nos diga qué opina, si está bien que las
organizaciones a las que él pertenece estén solicitando que se viole la
Constitución, si eso es éticamente correcto, si ese es el México que queremos
para nuestros hijos, nuestros nietos, para las nuevas generaciones, que siga la
simulación, que siga predominando el Estado de chueco, el Estado de cohecho, no
un auténtico Estado de derecho”, enfatizó.
“Que se sinceren, lo peor es la hipocresía.
(…) Yo se los estoy pidiendo de manera respetuosa y no me doy por atendido.
Quiero una respuesta, además, con todo el derecho a decir: ‘no quiero opinar’ o
‘no tengo por qué dar a conocer lo que pienso’ y se respeta, pero ya no andemos
por las ramas. Directo porque está muy claro”, remarcó.
Secretaría de Gobernación desmiente rumores
de reforma al Poder Judicial y supuesta sobrerrepresentación legislativa
Respecto al contenido de la reforma al Poder
Judicial y la supuesta sobrerrepresentación del movimiento de transformación en
la virtual conformación de la LXVI Legislatura en la Cámara de Diputados, la
secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, dijo que el debate de ambos
temas gira en torno a falsedades y rumores, por lo que ofreció una nueva
explicación.
Puntualizó que la reforma al Poder Judicial
consiste en:
Instaurar el método democrático para elegir a
ministros, magistrados y jueces a través del voto libre y secreto de la
ciudadanía. Se realizarían convocatorias abiertas para quienes tengan
licenciatura en derecho con promedio mínimo de 8 y de 9 en materias afines al
cargo, cartas de recomendación y ensayos que respalden su candidatura. Los
comités de evaluación seleccionarían a los perfiles con mejor trayectoria y
preparación que destaquen por su honestidad.
Crear un órgano que vigile la actuación de
juzgadores denominado Tribunal de Disciplina Judicial como autoridad
independiente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación integrado por
magistrados electos por voto popular, quienes tendrían facultades amplias para
investigar la actuación de cualquier juzgador, incluyendo que sus resoluciones
se apeguen a la ley. Podrían aplicar sanciones ejemplares como la suspensión o
destitución cuando muestren falta de probidad.
Evaluar el desempeño de los juzgadores para
que cada nueve años sean ratificados en el cargo mediante el voto popular.
Jueces y magistrados electos deberán ser evaluados en el primer año en el
encargo y podrían ser suspendidos o destituidos por mal desempeño. Tendrán la
obligación de dar aviso y justificar demoras procesales ante el tribunal de
disciplina con posibilidad de sanción.
Operar con austeridad y transparencia para
que los sueldos topen con la remuneración de la Presidencia. Eliminar haberes
de retiro y privilegios al concluir el cargo. Eliminar fideicomisos que deben
retirarse para implementar la reforma y garantizar que los presupuestos de
egresos de cada año contemplen todos los derechos adquiridos de los
trabajadores.
Informó que, si se aprueba la reforma al
Poder Judicial, la renovación de los cargos será en dos etapas:
El 1° de junio de 2025 se elegirá a la
totalidad de ministros de la SCJN e integrantes del Tribunal de Disciplina;
vacantes de la Sala de Superior, la totalidad de salas del Tribunal Electoral y
la mitad de magistrados de circuito y jueces de distrito.
Los comités de evaluación verifican los
antecedentes académicos, profesionales y las cualidades técnicas y éticas de
los aspirantes seleccionan los mejores perfiles y eligen mediante insaculación
a tres candidatos por cargo (ministro, magistrado electoral e integrante del
Tribunal de Disciplina) y dos candidatos por cargo de magistrado de circuito o
juez. Magistrados, ministros y jueces en funciones tendrán pase automático a la
boleta.
Luego de mostrar un ejemplo de cómo sería la
boleta para votar por cinco mujeres y cinco hombres para jueces y magistrados,
así como por cinco mujeres y cuatro hombres en la elección de ministros y cinco
para el Tribunal de Disciplina, la secretaria de Gobernación expuso que el INE
será responsable de organizar, supervisar y fiscalizar la elección. Accederán a
los cargos quienes obtengan la mayoría de votos y se organizarán con base en
paridad de género.
En la elección intermedia de 2027 se elegirá
a magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral y a la mitad restante
de magistrados de circuito y jueces de distrito.
En el diálogo con representantes de los
medios de comunicación, la funcionaria reiteró los principios constitucionales
del artículo 54 que impiden la sobrerrepresentación de legisladores en la
Cámara de Diputados:
IV. Ningún partido político podrá contar con
más de 300 diputados por ambos principios (por mayoría y de representación
proporcional o plurinominales).
V. En ningún caso, ningún partido político
podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un
porcentaje del total de la Cámara que exceda en ocho puntos a su porcentaje de
votación nacional emitida en las urnas.
La secretaria detalló que las diputaciones
plurinominales se distribuyen de la siguiente manera de acuerdo con el artículo
15, numeral 2:
Para obtener la votación nacional emitida, se
debe restar a la votación total los votos nulos, votos a favor de candidaturas
sin registro, votos de candidaturas independientes y de los partidos que hayan
obtenido menos del 3 por ciento del total de votos válidos.
En un segundo paso, en función con el
artículo 16, numeral 1:
La votación nacional emitida se divide entre
el total de diputaciones plurinominales (200) para obtener el cociente natural.
En un tercer paso, según el artículo 17, se
determina el número de diputados que se asignarán a cada partido político
dividiendo su votación total entre el cociente natural.
En el cuarto paso, mismo artículo, se señala
que cuando sobren diputaciones por repartir tras aplicar el cociente natural,
estas se reparten entre los partidos que tengan el resto mayor de sus votos
iniciando por aquellos cuyo decimal se acerque más al entero.
Finalmente, la secretaria remarcó que
Movimiento Regeneración Nacional no violenta las reglas de la Constitución ni
los criterios de representación y tampoco rebasa los límites máximos en la
asignación de plurinominales.
“Este criterio se ha sostenido en todas estas elecciones: en el 2009, en el 2012, en el 2015, en el 2018, en el 2021. Ha sido la distribución de plurinominales que establece la ley en la Constitución. (…) Así ha sido siempre, desde la reforma de 2008, que por cierto el PRI aprobó y que eliminó que se considerara como coaliciones a los partidos políticos. Desde entonces siempre se ha cumplido con esta regla”, precisó la funcionaria.
