Tribuna
Libre.- Este
miércoles es casi probable que la mayoría del partido en el Gobierno y sus
aliados en el Senado de la República logren derribar el último contrapeso a su
gobierno y el Poder Judicial sume una grave derrota política y mediática,
debido a que, como a otros contrapesos constitucionales e institucionales, les
falló la comunicación con la parte más amplia de la sociedad, mediante la cual
lograría equilibrar esa disputa de poder.
Desde la llamada Mañanera, el titular del
Poder Ejecutivo repitió una vez más este sábado 7 de septiembre, como lo hizo
desde febrero pasado, que el culpable de la impunidad es el Poder Judicial y
que los opositores “están ahí, tratando de frenar esta reforma que es
indispensable porque tenemos que acabar con la puerta giratoria”. El término
“puerta giratoria” en el ámbito penal se utiliza para criticar un sistema en el
que, debido a debilidades legales, corrupción, falta de recursos o de procesos
adecuados, los acusados (incluso aquellos que han sido arrestados múltiples
veces) logran salir en libertad, a menudo reincidiendo en conductas delictivas.
En medio del debate sobre la Reforma Judicial
impulsada por el Poder Ejecutivo con apoyo del Legislativo, surge una pregunta
crucial: ¿es el Poder Judicial el verdadero responsable de la falta de castigo
a los presuntos delincuentes? El gobierno apunta en esa dirección. Ha señalado
con dureza al Poder Judicial como el principal responsable de la impunidad en
nuestro país, sugiriendo que una reforma profunda es la solución para combatir la
impunidad.
El Poder Judicial se quedó estupefacto ante
las acusaciones y prácticamente nunca dijo, desde sus diferentes aparatos de
comunicación, que este enfoque pasa por alto un aspecto fundamental del sistema
de justicia que desafortunadamente la mayoría de los mexicanos desconoce o
confunde, ya que el aparato de justicia está dividido. Y que existe una gran y
enorme responsabilidad del Ministerio Público, que forma parte del Poder
Ejecutivo, en la recopilación y presentación de pruebas para que los jueces
hagan el trabajo de castigar a los responsables de delitos.
El Poder Judicial, encargado de impartir
justicia, no actúa en el vacío. Para que los jueces puedan emitir sentencias
condenatorias, primero deben contar con pruebas sólidas y casos bien fundamentados.
Aquí es donde entra en juego el Ministerio Público, cuya misión es investigar
los delitos, reunir pruebas y presentarlas de manera clara y convincente ante
el tribunal. Sin embargo, cuando este proceso falla, las consecuencias recaen
injustamente sobre los jueces, salvo sus excepciones, que también las hay, más
no son generalizadas.
El Ministerio Público tiene un rol crucial en
el proceso penal, ya que es el responsable de garantizar que las pruebas se
obtengan y se preserven de manera adecuada. Esto incluye seguir procedimientos
rigurosos que aseguren la cadena de custodia de las evidencias, evitando así
que sean cuestionadas o invalidadas en el juicio. Si el Ministerio Público
incumple con su labor, los jueces se ven obligados a absolver a los acusados
por falta de pruebas contundentes, lo que alimenta la percepción de impunidad.
Además, el Ministerio Público debe asegurarse
de que el debido proceso se respete en todo momento. Esto implica que las
investigaciones se realicen de manera imparcial y transparente, y que se
respeten los derechos de los acusados. Cuando el debido proceso es violado, ya
sea por detenciones arbitrarias o por la manipulación de pruebas, los jueces no
tienen otra opción que desestimar los casos, independientemente de la culpabilidad
del acusado.
Una decisión judicial que no se basa en
criterios técnicos o en pruebas contundentes, sino en percepciones subjetivas o
sin el debido respaldo probatorio, puede calificarse como una decisión
arbitraria o una decisión discrecional. Mucho menos un juez puede tomar
decisiones basadas en conjeturas o interpretaciones sin el respaldo adecuado de
las pruebas presentadas, como muchas ocasiones se ha impulsado desde La
Mañanera.
La Reforma Judicial que propone el Ejecutivo
podría parecer, a primera vista, una medida necesaria para fortalecer la
justicia en el país. No obstante, al centrarse únicamente en el Poder Judicial
y omitir las deficiencias del Ministerio Público, esta reforma se convierte en
una maniobra política para desviar la atención de las verdaderas causas de la
impunidad. En lugar de reforzar la justicia, podría debilitar aún más al Poder
Judicial, al hacerlo responsable de problemas que no están completamente bajo
su control.
Es esencial entender que el Ministerio
Público, como parte del Poder Ejecutivo, está directamente bajo la influencia
de las políticas y recursos asignados por el gobierno. Si el Ejecutivo no
proporciona los recursos necesarios para llevar a cabo investigaciones
exhaustivas y garantizar la capacitación continua de los fiscales, no importa
cuántas reformas se implementen en el Poder Judicial; el problema de la
impunidad persistirá.
Por lo tanto, cuando se habla de la falta de
castigo a los presuntos delincuentes, no se puede ignorar la responsabilidad que
recae sobre el Ministerio Público y, por ende, sobre el Poder Ejecutivo. Un
sistema de justicia eficaz no se logra simplemente reformando un solo
componente, sino asegurando que todos los actores involucrados cumplan con su
función. El Ministerio Público debe ser fortalecido, dotado de recursos
suficientes y supervisado para garantizar que las pruebas que presenta sean
irrefutables.
La ciudadanía debe ser consciente de que la
solución a la impunidad no reside únicamente en las reformas judiciales, sino en
la eficiencia y transparencia del Ministerio Público. La presión pública debe
dirigirse no sólo al Poder Judicial, sino también al Ejecutivo, para que asuma
su responsabilidad en la lucha contra el crimen. Después de todo, los jueces
pueden dictar sentencias justas solo si tienen todas las herramientas
necesarias, y estas herramientas provienen, en gran medida, del trabajo que
realiza el Ministerio Público.
En conclusión, la Reforma Judicial promovida
por el Ejecutivo es un intento de debilitar al Poder Judicial en lugar de
fortalecer el sistema de justicia en su conjunto. Para que los jueces puedan
castigar efectivamente a los delincuentes de cualquier tipo de delito --sea
penal, administrativo o financiero--, es imperativo que el Ministerio Público cumpla
con su deber de manera eficaz. La verdadera solución a la impunidad no está en
desviar la responsabilidad, sino en garantizar que todos los componentes del
sistema de justicia, empezando por el Ministerio Público, funcionen en armonía
y con los recursos necesarios para cumplir su misión.
En conclusión, es imprescindible que la
ciudadanía y los medios de comunicación comprendan que la lucha contra la
impunidad no depende únicamente de los jueces. El Ministerio Público, como
brazo del Poder Ejecutivo, tiene una responsabilidad mayor en la investigación
y presentación de pruebas. Para que los jueces puedan castigar a los
delincuentes, primero deben recibir un caso bien fundamentado, lo que recae
directamente en el Ministerio Público. Exigir justicia implica también demandar
un Ministerio Público eficiente, capaz y comprometido, que permita al Poder
Judicial actuar con todos los elementos necesarios para emitir una sentencia
justa.
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E-mail: renatoconsuegra@yahoo.com.mx
Twitter: @renatoconsuegra
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Renato Consuegra es periodista, ganador del X Premio Latinoamericano de
Periodismo José Martí; experto en comunicación política y director de Difunet
Comunicación y RP
