*Ley de Amparo establece en artículo 61 que el juicio de amparo es improcedente contra adiciones o reformas a la Constitución, explicó.
*“Vamos
a notificar a quien sanciona a los jueces, porque es claro y notorio que se
está violando la Ley de Amparo”
*Poder
Judicial ha emitido resoluciones y amparos que frenan acciones para beneficiar
a los mexicanos y garantizar sus derechos: Gobernación.
Ciudad de México. | 22 oct. 2024
Tribuna
Libre.- La Presidenta
Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheinbaum Pardo, hizo
un llamado a jueces, juezas, magistrados, ministros y ministras a respetar las
leyes y no vulnerar el Estado de derecho, luego de que la jueza Nancy Juárez,
de Coatzacoalcos, Veracruz, emitió una orden para eliminar del Diario Oficial
de la Federación (DOF) la reforma constitucional al Poder Judicial, ya que el
artículo 61 de la Ley de Amparo establece que esta medida jurídica no es
aplicable en modificaciones a la Constitución Política.
“Ya hay
un cambio constitucional. Lo que desde nuestra perspectiva no está bien, es que
desde la propia Corte o los propios jueces violen las leyes que son tan claras;
se está queriendo poner que la Presidenta está en desacato, cuando los primeros
que están violando las leyes y vulnerando el Estado de derecho son los propios
jueces, juezas. En particular, violentando la Ley de Amparo, un juez, una jueza
que responde frente a una suspensión que le permite la Ley de Amparo no tiene
cualquier atribución, ellos tienen que cumplir con la ley. Entonces, ¿cómo
admite un amparo, cuando la Ley de Amparo en su artículo 61 dice claramente en
su artículo primero, que el amparo no es procedente para cambios
constitucionales?”
“¿A qué
estamos llamando? A que cumplan la ley, los jueces y juezas son los primeros
que deben de dar ejemplo del cumplimiento de la ley y no la cumplen; por eso es
la reforma al Poder Judicial, porque hay mucha corrupción en el Poder Judicial,
porque corrupción es tanto quien recibe dinero para hacer una sentencia, como
quien viola la ley; entonces, la jueza está violentando su propio carácter, por
eso hay una reforma constitucional’’, manifestó en la conferencia matutina “Las
mañaneras del Pueblo”.
Tras
informar que la reforma al Poder Judicial cumplió en tiempo y forma todos los
procesos que marca la legalidad, anunció que una vez que sea notificada sobre
la resolución de la jueza que ordenó eliminar la publicación de la reforma
judicial en el DOF —un hecho que no había ocurrido en los últimos 30 años—, el Gobierno
de México, a través de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, recurrirá
al Consejo de la Judicatura Federal para dar a conocer que se están violentando
las leyes, así como al Congreso de la Unión para preguntar la legalidad de este
amparo.
“Vamos
a notificar a quien sanciona a los jueces, porque es claro y notorio que se
está violando la Ley de Amparo y aun así se está haciendo una resolución de una
suspensión”.
Resaltó
que los amparos que se han interpuesto contra la reforma judicial son intentos
fallidos e improcedentes de jueces, juezas, magistrados, ministros, ministras
que intentan mantener sus privilegios sobre la voluntad ya marcada por el
pueblo de México.
“¿Qué
quiere el pueblo de México? Un Poder Judicial honesto, que permita que haya
justicia en el país. La Cuarta Transformación esencialmente es un movimiento
por la justicia, por la justicia social, por la justicia para las mujeres, por
la justicia ambiental y por un sistema de justicia en el país que le de
justicia al que menos tiene.”
La
secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, explicó que la
reforma al Poder Judicial es una necesidad derivada de que jueces, juezas,
ministros, ministras y magistrados suelen cometer actos que afectan la
impartición de justicia, por ejemplo, mediante la liberación de delincuentes;
tal es el caso de Emilio N., exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), a quien
se le otorga un amparo por el juez Juan Pedro Contreras para dejar sin efecto
la prisión preventiva, o el de Francisco Javier N., exgobernador de Tamaulipas,
cuya orden de aprehensión no se acató por un amparo concedido por la jueza
octava de distrito, Adriana Yolanda Vega.
Destacó
otras acciones que ponen en duda el actuar del Poder Judicial, como no emitir
sentencia para seis mil 97 personas privadas de la libertad de 21 mil detenidos
que existen en el país; otorgar amparos y suspensiones contra leyes, obras y
políticas públicas, tales como a la Ley de la Industria Eléctrica, el Fondo de
Pensiones para el Bienestar, el Tren Maya o los libros de textos gratuitos del
ciclo escolar 2023-2024.
“Integrantes
del Poder Judicial de la Federación han emitido resoluciones y amparos,
frenando la aplicación de leyes diseñadas para beneficiar a la sociedad
mexicanas y garantizar los derechos de la ciudadanía.”
También
mencionó la injerencia del Poder Judicial en asuntos electorales, como el
recurso interpuesto por el dirigente del Partido Acción Nacional (PAN) y
admitido por la ministra Norma Piña para que la SJCN interpretara y definiera
criterios para la asignación de diputaciones plurinominales; procesos viciados
en la selección de jueces, como la venta de exámenes de oposición en 186 mil
pesos, así como el nepotismo dentro de las instituciones de impartición de
justicia, donde 49 por ciento, equivalente a la mitad del personal, tiene al
menos un familiar en el PJ.
Destacó
que, en la actualidad, jueces, juezas, magistrados, ministros y ministras
tienen salario y prestaciones superiores a las que marca el artículo 127 de la
Constitución: un consejero de la judicatura gana hasta cinco millones 529 mil
451 pesos brutos anuales, mientras que un magistrado recibe cuatro millones 490
mil, 441 pesos al año, y un juez de distrito cuatro millones 050 mil 903, sin
importar que tengan denuncias, quejas o sanciones en su contra, como es el caso
de la jueza Nancy Juárez, que ha sido señalada por desempeño deficiente,
nepotismo y acoso laboral.