Se amplía el catálogo de delitos que ameritarán esta medida cautelar
Xalapa, Ver. | 30 nov. 2024
Tribuna
Libre.- Con 38 votos a favor
y nueve en contra, el Pleno de la LXVII Legislatura del Estado de Veracruz
aprobó la minuta proyecto de decreto por lo que se reforma el párrafo segundo
del Artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en
materia de prisión preventiva oficiosa, remitida por la Cámara de Senadores del
Congreso de la Unión.
En la Séptima Sesión Ordinaria, celebrada este 29 de noviembre, las diputadas y los diputados de Veracruz dieron su aval a la modificación constitucional que tiene como finalidad incrementar el catálogo de delitos por los que un juez debe ordenar la prisión preventiva oficiosa.
Se
contemplan la extorsión, delitos relacionados con la ilegal introducción y
desvío, producción, preparación, enajenación, adquisición, importación,
exportación, transportación, almacenamiento y distribución de precursores
químicos y sustancias químicas esenciales, drogas sintéticas, fentanilo y
derivados, así como delitos graves en contra de la salud, del libre desarrollo
de la personalidad, contrabando y cualquier actividad relacionada con
comprobantes fiscales falsos.
El
proyecto precisa que, para la interpretación y aplicación de las normas
previstas, los órganos del Estado deberán atenerse a su literalidad, quedando
prohibida cualquier interpretación análoga o extensiva que pretenda inaplicar,
suspender, modificar o hacer nugatorios sus términos o su vigencia, ya sea de
manera total o parcial.
De
acuerdo con la página de seguimiento de reformas constitucionales del Senado de
la República a las 15:55 horas de este día, las legislaturas estatales que ya
han aprobado esta modificación constitucional son Chiapas, Ciudad de México,
Guerrero, Colima, Michoacán de Ocampo, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, San Luís
Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala y Zacatecas.
Tras la
aprobación por parte del Pleno de la LXVII Legislatura de Veracruz, la
presidencia de la Mesa Directiva, a cargo de la diputada Tanya Carola Viveros
Cházaro, instruyó remitir el decreto correspondiente e informar al Senado de la
República sobre el mismo.
Posicionamientos
En la
etapa de posicionamientos, por el Grupo Legislativo de Morena, la diputada
Ingrid Jeny Calderón Domínguez manifestó que la medida de prisión preventiva
oficiosa es excepcional, toda vez que garantiza el proceso penal y está sujeta
a la revisión y autorización del juez. Añadió que el procedimiento ha
evolucionado y que no es automática, sino que debe cumplirse debidamente con
los requisitos y prevé la protección de las víctimas, testigos y de la
comunidad en general.
“Es una
respuesta a los retos y significa un paso adelante hacia un sistema judicial
más justo y transparente”, citó.
Del
Partido Movimiento Ciudadano (MC), el legislador Adrián Sigfrido Ávila Estrada
subrayó que esta reforma significaría la salida de México de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), debido al contenido de la misma y
que la prisión preventiva oficiosa perjudica mayormente a las personas de
escasos recursos, “son las que hoy llenan nuestras cárceles, sin sentencia”.
Agregó
que la prisión preventiva a menudo se convierte en un mecanismo de abuso y que
más cárceles y penas no representa un mejor sistema de justicia.
Por el
Partido Revolucionario Institucional (PRI), la diputada Ana Rosa Valdés Salazar
dijo que cuatro de cada diez internos de los centros de reinserción social no
tienen aún sentencia y que eso significaría que podrían ser inocentes. Añadió
que la reforma va en contra de la presunción de inocencia y por ese motivo,
adelantó, su voto en sentido negativo.
Del
Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), la diputada Montserrat
Ortega Ruiz refirió que ampliar la prisión preventiva oficiosa traerá
consecuencias negativas para México, debido a los pactos de los que el Estado
forma parte e indicó que se viola la presunción de inocencia y que actualmente
hay muchos ciudadanos a los que aún no se les dicta sentencia, “podrían ser
inocentes”.
El
diputado Luis Vicente Aguilar Castillo, del Grupo Legislativo del Partido del
Trabajo (PT), realizó un recuento de los delitos por los que ahora podría
dictarse la medida cautelar de prisión preventiva y enfatizó la extorsión y
producción de fentanilo que tanto daño causan a la sociedad. Dijo que “se busca
redefinir el marco constitucional, que tiene como finalidad la necesidad de una
pronta reacción del Estado frente a estos delitos que han sido lesivos para la
sociedad”.
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