La iniciativa de la gobernadora Rocío Nahle precisa la elección de magistradas, magistrados, juezas y jueces y la creación del Órgano de Administración Judicial, entre otras disposiciones.
Xalapa, Ver. | 24 dic. 2024
Tribuna Libre.- Con 39
votos a favor y nueve en contra, el Pleno de la LXVII Legislatura de Veracruz
aprobó el dictamen de la iniciativa, remitida por la gobernadora del estado,
ingeniera Norma Rocío Nahle García, que modifica diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en materia
de reforma al Poder Judicial.
El contenido del dictamen, presentado al Pleno por la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales, integrada por los legisladores Carlos Marcelo Ruiz Sánchez y Diego Castañeda Aburto y por la diputada María Elena Córdova Molina, presidente, secretario y vocal, respectivamente, refiere que el objeto de la reforma es homologar la Constitución local con la reforma federal aprobada, en materia del Poder Judicial, publicada el pasado 15 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Expone que la citada reforma federal transformó el
paradigma del Poder Judicial, estableciendo la elección de magistradas,
magistrados, juezas y jueces mediante el sufragio universal, secreto y directo,
la creación de un Órgano de Administración Judicial y de un Tribunal de
Disciplina Judicial, así como la eliminación de fideicomisos y fondos, abriendo
la puerta a la democratización y la rendición de cuentas.
Además, destaca que las reformas indican el marco
jurídico para la implementación de procesos electorales ordinarios y
extraordinarios a través de convocatorias emitidas por el Congreso del Estado,
asegurando el cumplimiento de plazos y lineamientos que garanticen elecciones
abiertas, democráticas, con paridad de género, equidad y transparencia, en
congruencia con las disposiciones federales y locales en materia electoral.
En el decreto se establece una serie de disposiciones
transitorias para la implementación escalonada y ordenada del nuevo esquema,
incluyendo la extinción gradual del Consejo de la Judicatura, el inicio de
funciones del Tribunal de Disciplina Judicial y del Órgano de Administración
Judicial, así como la armonización de las leyes secundarias, “respetando en
todo momento los derechos laborales del personal del Poder Judicial del
Estado”.
Con respecto a las juezas y los jueces de primera
instancia, durarán en el cargo nueve años y podrán ser reelectos. Solo
perderían su cargo en caso de inhabilitación o destitución pronunciada por el
Tribunal de Disciplina Judicial o por retiro forzoso.
Para ser magistrada, magistrado, jueza o juez de primera
instancia, se requerirá, además de los requisitos señalados en la ley, no estar
inscrito en los padrones de deudores alimentarios morosos ni haber sido
declarado responsable de violencia familiar, violencia política o violencia de
género, estando así en condiciones de fortalecer el principio de idoneidad y la
protección a grupos en situación de vulnerabilidad.
El Organismo Público Local Electoral (OPLE) no solo
realizará los cómputos y entregará constancias de mayoría, sino que también
declarará la validez de la elección, dando mayor certeza al resultado
electoral. El Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) será la instancia
responsable de resolver las impugnaciones conforme a las leyes aplicables.
El periodo de campañas queda en 30 días y se suprime la
etapa de precampaña. “Esta medida busca agilizar el proceso, disminuir la
sobreexposición y los gastos, al tiempo que se concentra la actividad
proselitista en un plazo breve y controlado”.
Además, se extiende la competencia del TEV para resolver
conflictos derivados de la elección de magistradas, magistrados, juezas y
jueces, además de las que surjan en la renovación del Ejecutivo, el Legislativo
y los ayuntamientos, para garantizar un ámbito unificado de resolución de
controversias electorales.
De igual manera, la Comisión dictaminadora consideró
necesario ajustar disposiciones transitorias para señalar que, bajo el
principio de perspectiva de género, si se rebasara el número de magistraturas a
elegir en el proceso electoral extraordinario, la selección para depurar la
lista se aplicará exclusivamente a plazas ocupadas por hombres.
“Esta medida busca salvaguardar y ampliar la
participación de las mujeres magistradas en el proceso, mismo que se concatena
con los principios de paridad sustantiva de género y los tratados
internacionales”.
Las magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina
Judicial que resulten electos el proceso electoral extraordinario 2024-2025, se
les asigna un periodo de dos años y dos periodos de cinco años, dependiendo del
número de votos obtenidos, creando un escalonamiento que busca la estabilidad
institucional y un relevo ordenado de las magistraturas.
Las magistradas o los magistrados que participen en el
proceso electoral sin renunciar antes del cierre de la convocatoria no serán
beneficiarios de haber de retiro o pensión complementaria.
El contenido íntegro de esta reforma constitucional puede
consultarse libremente en el Anexo B de la Gaceta Número 13, publicada en la
página oficial www.legisver.gob.mx
Tras su aprobación por el Pleno del Congreso, la
Presidencia de la Mesa Directiva, a cargo de la diputada Tanya Carola Viveros
Cházaro, instruyó a la Secretaría General remitir el Decreto a la titular del
Poder Ejecutivo para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial del
Estado.
Posicionamientos
Del Grupo Legislativo de Morena, el diputado Diego
Castañeda Aburto precisó que la reforma, propuesta por la gobernadora Rocío
Nahle, respalda el proyecto de nación de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo
y que, si ha habido resistencia, es de aquellas personas o grupos que se han
visto perjudicados al perder privilegios.
Añadió que Veracruz siempre ha estado a la altura de las
exigencias que demanda la ciudadanía y que ahora se modifica la Constitución
para elegir de manera directa a las y los juzgadores, “si le fallan al pueblo
que los eligió, el mismo pueblo los puede quitar”. Aunado a que se crea el
Tribunal de Disciplina Judicial, con independencia para poder evaluar a las y
los magistrados y jueces, “en caso de detectar algún mal manejo, se investiga,
sanciona y hasta se le retira del cargo”.
En nombre del Grupo Legislativo del Partido Verde
Ecologista de México (PVEM), el diputado Carlos Marcelo Ruiz Sánchez destacó el
riguroso análisis técnico y jurídico de esta reforma, que armoniza la
Constitución local con una reforma basada en los principios de transparencia,
democratización y rendición de cuentas, para contar con un Poder Judicial
independiente, imparcial y cercano a la población.
El diputado Luis Vicente Aguilar Castillo, del Grupo
Legislativo del Partido del Trabajo (PT), dijo que con esta reforma se termina
con una era de decisiones y sentencias ajenas al interés popular, que
favorecían en la mayor parte de sus actuaciones al interés político y económico
y garantiza una igualdad genuina entre los tres poderes del Estado, pues, aseguró,
ahora también los juzgadores serán representantes populares y portadores del
sentir de la ciudadanía.
Por el Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional
(PAN), la diputada Indira de Jesús Rosales San Román habló de la necesidad y la
urgencia de una reforma al Poder Judicial que resuelva el rezago en la
impartición de justicia y la impunidad en el estado, cuestionó el procedimiento
y las implicaciones de la reforma, señaló deficiencias y propuso una
reglamentación al respecto.
Por el Partido Movimiento Ciudadano (MC), la diputada
María Elena Córdova Molina expresó su voto en contra, al considerar que debió
existir parlamento abierto para escuchar el pensamiento de la sociedad y agregó
que la reforma puede traer consecuencias negativas para quienes están
comprometidos con la justicia. “Lo que realmente se necesita es una
reestructuración profunda, pero sin hacer daño a las instituciones y a las
personas que la integran”, puntualizó.
Del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el
diputado Héctor Yunes Landa adelantó su voto en contra y expuso que la elección
por voto de jueces, juezas y magistrados politizará la justicia y que esta
acción contraviene los tratados internacionales de los que México forma parte.
“Se estaría violentando los derechos humanos de los veracruzanos y es falaz que
se democratice la justicia, solo se van a imponer perfiles”, añadió.
En la discusión en lo general participaron la diputada
Montserrat Ortega Ruiz y el legislador Alejandro Porras Marín.
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