Alejandro
Porras Marín propone una nueva legislación que regule la planeación,
programación, presupuestación, mantenimiento, gasto y control de las obras
públicas
Xalapa, Ver. | 24 enero. 2025
Tribuna
Libre.- El diputado Alejandro
Porras Marín presentó al Pleno de la LXVII Legislatura la iniciativa con
proyecto de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado
de Veracruz, que tiene por objeto regular la planeación, programación,
presupuestación, conservación, mantenimiento, demolición, gasto y control de
las obras públicas, a fin de asegurar las mejores condiciones disponibles en
cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad.
De
acuerdo con el contenido de la propuesta, se establece que los entes públicos
como los poderes Legislativo y Judicial, organismos autónomos y los municipios,
continuarán realizando obras públicas, así como, los servicios relacionados con
ellas, a excepción del Poder Ejecutivo estatal, quien realizará sus
contrataciones de obras públicas y servicios, a través de la Secretaría de
Infraestructura y Obras Públicas (SIOP).
Se
clarifica el Artículo 4, a efecto de considerar de manera integral aquellos
trabajos que tengan por objeto crear, construir, conservar, demoler o modificar
bienes inmuebles por su naturaleza o disposición de Ley. Además, se integró en
el Artículo 5, la definición de servicios relacionados con las obras públicas,
lo que permitirá a los entes públicos, tener claridad al momento de realizar
sus contrataciones y seleccionar el tipo de contratación al que deberán
sujetarse.
La SIOP
será la autoridad competente en materia de obra pública para el caso del Poder
Ejecutivo del Estado, quien además podrá hacer públicas sus interpretaciones
por medio de la Gaceta Oficial del Estado, a efecto de que estás, puedan ser
medio de consulta para los poderes Legislativo y Judicial, organismos autónomos
y los municipios.
Se
elimina la figura del Consejo Consultivo de Obras Públicas, como órgano de
asesoría y consulta para la aplicación de la Ley, y se propone que el titular
del Poder Ejecutivo por sí mismo o a través de la SIOP, pueda determinar la
oportunidad de ejecución de proyectos estratégicos de obras públicas y
servicios relacionados con ellas, en función de su conveniencia o impacto
social, ambiental y financiero.
Por
otra parte, se precisa que cada ente público tendrá un Comité de Obras Públicas
y Servicios Relacionados con Ellas, en el entendido de que, para el Ejecutivo
Estatal, existirá un solo comité, el cual será encargado de emitir las
disposiciones de contratación, a que deberán sujetarse las contrataciones.
En
cuanto a la planeación y presupuestación de la obra pública, se prevé y
considera los avances tecnológicos en función de la naturaleza de las obras y
la selección de materiales, productos y equipos, dando un énfasis especial a la
tecnología regional, estatal y municipal.
Asimismo,
se considera relevante que los entes públicos elaboren un catálogo de precios,
de los insumos, equipos, materiales, mano de obra, y demás conceptos, a
utilizar en los proyectos y contratos que servirá de referencia para el costo
de los mismos.
El
programa de la obra pública deberá indicar las fechas de inicio y término,
considerando las características ambientales, climatológicas y geográficas de
la región.
Establecería
un catálogo de contratistas de obra pública y servicios relacionados con ellas
especializado, el cual será integrado por la SIOP, y se puntualiza que las
propuestas podrán ser presentadas a través de medios electrónicos, conforme a
las disposiciones de contratación y que el comité podrá prever distintos
mecanismos de adjudicación como subastas ascendentes, descendentes, o subastas
a primer precio y criterios de desempate.
Incorporaría
el procedimiento al que deberán sujetarse la SIOP o los entes públicos, cuando
derivado del incumplimiento de las obligaciones por parte de los contratistas,
deba rescindirse un contrato. Con esta previsión se haría necesaria la
eliminación de dicha figura del Código de Procedimientos Administrativos del
Estado, a efecto de dar mayor certeza jurídica a las contrataciones.
La
iniciativa fue turnada para su estudio y dictamen a la Comisión Permanente de
Comunicaciones.
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