* Cofepris hace oídos sordos ante una crisis que genera irregularidades médicas, desgasta a trabajadores y pone en gran riesgo a los pacientes
Ciudad de México | 24 enero. 2025
Tribuna
Libre.- En el Sanatorio
Trinidad, el miedo y la intimidación han pasado a ser parte del mobiliario
cotidiano porque este centro hospitalario, que en sus mejores días fue un
referente en traumatología y ortopedia, hoy se encuentra sumido en una crisis
que afecta tanto a sus trabajadores como a los pacientes que confían en sus
servicios, ya que la administración encabezada por los doctores Jesús Torán
Sierra, Juan Beltrán Arriaga, Eduardo Rocha Pérez y Javier Alfonso Ortega
Alonso, con la dirección administrativa de la actuaria Adriana Beltrán Mallén y
Alma Alicia Sígales Chicas, ha instaurado un ambiente de terror que erosiona la
salud física y mental de su personal.
En un
documento interno del 29 de julio del año pasado, Angélica Clairín Pantoja
denunció que Adriana Beltrán Mallén generó junto con la Jefa de Recursos
Humanos, Alma Sígales, una estrategia de fabricación de pruebas y argumentos en
su contra a través de las propias colaboradoras de Clairín a las que
“compraron”, mientras que el doctor Jesús Torán Sierra le gritó, humillándola
ante el personal que ella lideraba como jefa de intendencia, luego de que como
tal había reclamado que les generaron exceso de trabajo durante su jornada
laboral, y les estaban restringiendo material para cumplir correctamente con
sus labores de limpieza e higiene del sanatorio. Finalmente, renunció.
Los
testimonios de otros trabajadores confirman que este ambiente hostil no es un
caso aislado. Enfermeros, camilleros, administrativos y personal de intendencia
se quejan de acoso constante, vigilancia excesiva (incluso con programas espía
en las computadoras) y desinformación. Muchos aseguran que se les presionó para
firmar declaraciones falsas contra antiguos directivos, como el ex
administrador Alfredo Gutiérrez del Ángel, bajo la amenaza de perder sus
empleos.
Han
intentado fabricarles pruebas para correrlos y, a través del acoso y la
intimidación, buscar que ellos mismos decidan renunciar, muchos con bastantes
años en la empresa, de acuerdo con documentos mostrados. Prefieren quedar en el
anonimato a la espera de cumplir el tiempo conveniente para jubilarse,
aguantando el acoso y la intimidación diarios.
Además,
los pagos de salarios y prestaciones como el Fondo de Ahorro y vales de
despensa se los han retrasado injustificadamente, así como los bonos de
productividad que les daban trimestralmente, simplemente han desaparecido desde
la llegada de la actual administración. Incluso, comentan, carecen totalmente
del apoyo de su sindicato Federación de Sindicatos Autónomos de México (FESAM),
que está totalmente del lado de los liderados por Jesús Torán y Adriana
Beltrán.
En la
más reciente negociación de salarios, a los que ganan el mínimo les subieron el
12%, pero al resto apenas el 5.5%, porque el Sindicato no quiso apoyarlos.
Mientras tanto, el incremento en vales fue de apenas 20 pesos. “A diferencia de
la anterior administración del doctor Arturo Gutiérrez, quien decía que su
personal era lo primero y más importante del Sanatorio, hoy medran con nuestros
salarios y prestaciones”, porque, afirman, “recursos económicos entran al
hospital”.
La
situación se agrava con la falta de insumos y condiciones laborales dignas. Los
empleados denuncian que los quirófanos están clausurados, las terapias carecen
de agua caliente y los medicamentos esenciales como omeprazol y paracetamol,
entre otros, brillan por su ausencia. Incluso los procedimientos de
quimioterapia, que antes eran transferidos a hospitales mejor equipados, ahora
se realizan con recursos limitados y sin remuneración adicional para el
personal que asume el riesgo. En urgencias, los pacientes deben enfrentarse a
la falta de materiales y medicamentos mientras los trabajadores intentan hacer
milagros con lo poco que tienen a su disposición, mientras corren a la farmacia
de la esquina a comprar lo que necesitan.
“Estamos
trabajando con miedo”, confiesa un enfermero que prefiere permanecer en el
anonimato. Las jornadas laborales son interminables, sin pagos extra, sin
tiempo para comer ni beber agua. En Navidad y Año Nuevo, el personal de
enfermería tuvo que asumir funciones de intendencia y camilleros, debido a la
ausencia de los nuevos contratados. Las quejas de los pacientes y sus familias
también se acumulan: habitaciones en mal estado, falta de ropa de cama y
toallas, y un trato que deja mucho que desear.
“Los
pacientes y sus familiares van y nos gritan, y con justa razón. Lo que están
haciendo es hartarnos para que nos vayamos. Nos dicen, ‘a ver, tú, tú, tú, tú,
ve y dile al paciente, no hay toallas para que se bañe’. No lo hacen ellos, nos
mandan a nosotros. ¿Quién recibe las malas caras? Los regaños y todo. Y por eso
queda la impresión de que las enfermeras son malas”, expresó una de ellas.
La
gestión financiera del hospital también está en tela de juicio. Los empleados
denuncian irregularidades en los pagos al SAT, IMSS, Infonavit y Fonacot.
Mientras tanto, la administración parece enfocarse más en aumentar el número de
vigilantes y personal administrativo que en mejorar las condiciones de trabajo
o garantizar la calidad de atención a los pacientes.
“Ha
sido difícil y humillante para nosotros trabajar con esta administración; nos
están hartando para que renunciemos”, afirma otra trabajadora cansada de las
humillaciones constantes. El doctor Erick Ramírez Arias se la pasa gritando a
los trabajadores. A su personal médico les dice que se callen cuando le
informan que un procedimiento está mal porque, afirma, él tiene mayor jerarquía
y deben mostrarle respeto. “Piden respeto, pero no lo dan”.
La
situación alcanzó su punto álgido a inicios de enero de 2024, cuando a un
directivo lo acusaron de robo y fue despedido de manera irregular. Este evento
marcó el inicio de una purga sistemática contra empleados vinculados a la
administración anterior. Las sospechas y rumores, fomentados desde la
administración, han creado una atmósfera de paranoia que paraliza al personal y
lo somete a una constante vigilancia.
La Comisión
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), pese a haber
identificado irregularidades graves, no ha clausurado el hospital de manera
definitiva. Esto permite que el Trinidad siga operando, pero a costa del
bienestar de sus empleados y, sobre todo, de sus pacientes, quienes han sufrido
de maltrato, como uno de ellos que tiraron los paramédicos durante el traslado
al hospital San Luis el reciente viernes. Las denuncias de maltrato,
intimidación y falta de recursos siguen acumulándose, mientras la
administración parece más interesada en mantener una fachada de normalidad que
en resolver las graves carencias estructurales, aún hoy después de la
suspensión urgente de actividades realizadas entre la tarde del jueves y
madrugada del viernes pasado.
Con más
de cien familias afectadas y un personal agotado física y emocionalmente, la
pregunta que queda en el aire es: ¿qué hace falta para que las autoridades
intervengan de manera decisiva? Los trabajadores del Sanatorio Trinidad
necesitan más que promesas y discursos; necesitan justicia, apoyo y una
garantía de que sus derechos económicos y laborales serán respetados. Mientras
tanto, el terror y la precariedad siguen siendo los protagonistas de este drama
cotidiano.
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