*Dinero a manos llenas a medios y funcionarios consentidos
*FGR
logra pruebas que dejarían a exgobernador en prisión
Carlos Jesús | 19 febrero. 2025
Tribuna
Libre.- AUNQUE YA se veía con
medio cuerpo fuera de prisión tras ser sentenciado en 2018 a nueve años por los
delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación
delictuosa, el ex Gobernador Javier Duarte de Ochoa podría quedarse con las
ganas de recobrar la libertad luego de que su ex tesorero, Antonio Tarek Abdalá
Saad compareciera ante un juez federal para testificar y confirmar los
millonarios desvíos de recursos públicos, así como el fraude con fondos
federales a gran escala ocurridos en Veracruz durante la administración del
recluso, capturado en la recepción de uno de los hoteles más lujosos sobre el
lago de Atitlán de Guatemala, uno de los principales destinos turísticos de
aquel país. Es la primera vez que el extesorero de un estado comparece en un
juicio oral federal en México, en este caso para confirmar un masivo sistema de
corrupción que dejó, según datos de la Auditoría Superior de la Federación, un
boquete de más de 55 mil millones de pesos que, hasta la fecha, no han sido
recuperados. En su testimonio, Tarek
Abdalá (testigo protegido) reveló que por órdenes de Duarte de Ochoa se ocultó
la deuda pública a los acreedores del gobierno, se desviaron por sistema y
prácticamente por política de esa administración los recursos de las cuentas
federales, y se utilizó el dinero para toda clase de hechos ilícitos, desde
cubrir los gastos personales del exgobernador hasta subir el sueldo a todos los
altos funcionarios de su gobierno, así como pagar millones a medios de
comunicación a cambio de favores, propaganda o silencio. Y es que, desde su
posición como tesorero del estado durante tres años, el compareciente reconoce
que fue el brazo ejecutor de los desvíos. Pero a cambio de la información sobre
el modus operandi con que se cometieron estos fraudes y de comparecer ante los
jueces, la Fiscalía General de la República le ofreció desde 2018 un criterio
de oportunidad y sus procesos fueron cancelados. La oportunidad (y obligación)
de Tarek de testificar por primera vez ante un tribunal se materializó el
pasado 11 de febrero en el juicio oral abierto por peculado en contra Gabriel
Deantes, uno de los exsubsecretarios de finanzas del sexenio duartista en
Veracruz. Es el primero de varios procesos iniciados en contra de altos
exfuncionarios de dicho gobierno que llega a esa fase.
YA
DESDE Mayo de 2020, la magistrada Isabel Porras Odriozola, titular del Tercer
Tribunal Unitario en Materia Penal de Ciudad de México, determinó como idóneas
las pruebas ofrecidas por la entonces Procuraduría General de la República
(PGR) para vincular a Duarte de Ochoa con el entramado criminal que a través de
empresas fantasma y prestanombres consiguió desviar recursos del erario. La
resolución dada por el tribunal federal -a partir de una apelación del
exfuncionario- detalla que el proceso penal en el que Duarte aceptó declarase
culpable fue totalmente legal ya que fue él quien aceptó renunciar a su derecho
de defenderse en un juicio y de combatir las pruebas del Ministerio Público,
quitándose la posibilidad de haber entrado al fondo de su asunto. “La sentencia
se funda en los hechos y las pruebas aceptadas por el acusado (…) Es
inadmisible que en la apelación se analicen aspectos que ya fueron previamente
convenidos y expresamente aceptados ante el juez de control, en cuanto al
delito y la responsabilidad. Lo único exigible ante el juez y luego ante el
tribunal, es que los datos de prueba sean suficientes e idóneos”, concluye la
magistrada.
PERO EL
testimonio de Tarek es clave porque no solo deja en claro el involucramiento de
diversos funcionarios, sino que confirma que las órdenes y el consentimiento
venían directamente de Javier Duarte, quien permanece en prisión por un caso
distinto. Hasta ahora la FGR no ha imputado al exgobernador por estos desvíos,
pero hay carpetas de investigación en curso. En el testimonio rendido ante el
juez federal Ramón Eduardo López Saldaña, el extesorero dijo que cuando él
asumió el cargo en enero de 2012, la situación de las finanzas públicas de
Veracruz es y siguió siendo crítica como resultado de los malos manejos de los
recursos. En síntesis, el estado presentaba un déficit presupuestal de casi mil
millones de pesos mensuales, 12 mil millones anuales, que por instrucciones de
Duarte no se reportaba en los estados de la Cuenta Pública lo que, de entrada,
ya era un engaño para los acreedores de la propia administración estatal.
“Había déficit presupuestal de mil millones de pesos mensuales, globalizado 12
mil millones al año. Y aunque no se reportaba esto en Cuenta Pública para no
romper las condiciones que había con los que le prestaron dinero al gobierno,
la realidad es que había déficit de mil millones de pesos mensuales”, señaló el
extesorero.
TAREK
ASUME que había dos causas por las cuales esa deuda existía y se fue
acentuando. Una eran créditos bursátiles que el gobierno obtuvo a costa de las
participaciones federales que recibía la entidad. Ello ocasionaba que, de
entrada, del dinero federal que se recibía ya había una merma por el pago que
se tenía que hacer de los referidos créditos. Pero la otra razón, señaló Tarek,
era el uso indebido de recursos que se hacía de los fondos federales para pagar
cosas totalmente ajenas del presupuesto, todo por órdenes del gobernador. Ante
los cuestionamientos de los fiscales federales, el extesorero explicó ante el
juez el sistema implementado en la administración de Duarte para desviar los
recursos de los fondos federales hacia otros fines ajenos a los mismos. Su
narración confirma lo reportado múltiples veces en las auditorías federales. Lo
que se hacía, por sistema, era extraer de las cuentas autorizadas los recursos
que Veracruz recibía cada año de fondos federales y enviarlo todo a una cuenta
concentradora. Y de esa cuenta es de donde, de forma indiscriminada, igual se
tomaba dinero para gastos de emergencia del gobierno o para el beneficio
personal de los funcionarios.
EL
TESTIGO protegido revela que, en un supuesto intento de legalizar ese
mecanismo, la administración de Duarte publicó desde el primer año un decreto
en la Gaceta local en la que se autorizaba a la Secretaría de Finanzas y
Planeación de la entidad hacer estos movimientos. “Esto ya era una política de
gobierno… pero era ilegal de todas formas. El dinero no podía moverse así”. Se
trataba de una operación concertada y no de hechos aislados. La instrucción la
daba el gobernador al secretario de Finanzas, y de ahí viajaba al
subsecretario, en este caso en específico a Gabriel Deantes, y terminaba en el
tesorero. Se acordaba en consenso y siempre a través de órdenes verbales. No
hubo instrucciones por escrito ni para autorizar estos movimientos, pero
tampoco para frenarlos.
INTERROGADO
EN la audiencia sobre el destino del dinero desviado, el extesorero confirmó
que parte del recurso se fue a conceptos “ajenos al presupuesto” o de plano en
arteros hechos de corrupción. Un ejemplo de ellos fue la entrega de sobornos a
medios de comunicación. “Por ejemplo, medios de comunicación no era una partida
que estuviera presupuestada cuando se hizo el presupuesto de egresos del
Estado, sin embargo, se hacían pagos importantes a medios de comunicación y
estos medios de comunicación registraban la deuda a través de la Dirección
General de Comunicación Social. La realidad es que estos pagos a los medios de
comunicación nunca tenían un presupuesto, sino que se les pagaba por
instrucciones del gobernador. Otro destino fue lo que comúnmente se conocía
como “tacos”, que era el acrónimo con el que se referían a los recursos extra
que mensualmente se entregaban a altos funcionarios del gobierno de Duarte para
“igualar su salario” al de los funcionarios federales. Se trataba,
literalmente, de la entrega de dinero extra sin ninguna razón ni fundamento. Y
luego estaban los recursos que se tomaban de forma indiscriminada para cubrir
los gatos del exgobernador como comidas o ropa. Es como si el dinero federal
fuera la caja chica de Duarte, y todo ello provenía de las cuentas
concentradoras a las que se enviaban los recursos federales. Ni hablar, vaya
que se le viene otra tormenta a Duarte, si la 4T así lo decide, y todo por la
ambición desmedida de un sujeto que llegó al poder sin el menor oficio
político, solo por servilismo al antecesor. OPINA carjesus30@hotmail.com
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