* Despedidas por denunciar públicamente la precarización del trabajo, la falta de medicamentos y el abandono de sus derechos laborales
Ciudad de México | 25 abril 2025
Tribuna
Libre.- Han pasado más de tres meses desde la crisis que estalló en el
Sanatorio Trinidad en la Ciudad de México el pasado 16 de enero, y aunque
algunos avances se han dado en el ámbito jurídico, la situación de los
trabajadores y trabajadoras despedidos hace casi un mes dista mucho de haberse
resuelto de manera justa y definitiva.
Trabajadoras
con décadas de servicio en el nosocomio ubicado en la Colonia Roma norte
denuncian haber sido acosadas, etiquetadas y finalmente despedidas por
denunciar públicamente la precarización del trabajo, la falta de medicamentos y
el abandono de sus derechos laborales.
El
pasado 16 de enero se dio a conocer públicamente que el Sanatorio Trinidad bajo
la actual administración realizó una serie de irreglaridades que ponían en
riesto la salud de los pacientes al realizar cirugías con los cuatro quirófanos
clausurados, los cuales habían sido ocupados ilegalmente por órdenes del
personal administrativo, lo cual propició un llamado de algún funcionario de la
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), para
que desalojaran el lugar y evitar el cierre definitivo.
Tras el
traslado de pacientes al hospital San Luis llegaron los señalamientos en contra
de al menos una docena de trabajadoras, además de represalias de diversa
índole, entre ellas el retraso en sus pagos y otras prestaciones, además del acoso
laboral y verbal directo.
El 25
de marzo se llevó a cabo una reunión de conciliación en la Junta Local de
Conciliación y Arbitraje, encabezada por la administradora actual del
sanatorio, Adriana Beltrán Mallén. Sin embargo, para varias trabajadoras cuya
antigüedad en la institución oscila entre los 14 y 30 años, el resultado fue
frustrante y decepcionante.
“Nos
dio de baja al siguiente día de la reunión de conciliación. A mí me ofrecieron
sólo una tercera parte de lo que en derecho me corresponde. Me quiso hacer
firmar un acuerdo injusto y cuando quise negociar al menos dos terceras partes,
simplemente se negó a seguir la conciliación. Ahora iré por la vía de la
demanda laboral”, explicó una ex trabajadora, quien agregó: “Esto ya no es solo
un tema económico, es un acto de violencia laboral y una represalia directa”.
Relata
que en el lapso entre el 16 de enero y el 25 de marzo no solo enfrentó falta de
pago de sus salarios, bonos, vales y demás prestaciones que tenía, lo mismo que
sus demás compañeras y compañeros de trabajo. Sin embargo, también fue objeto
de acoso laboral, discriminación y represalias por haber expresado
inconformidades durante su estancia como trabajadora porque “siempre decía la
verdad. Nos faltaban medicamentos básicos, había negligencia médica y
condiciones precarias y al poner todo esto sobre la mesa, me acusaron de
conflictiva”, agregó.
Por su
parte, otras ex trabajadoras que por estar en juego sus liquidaciones
solicitaron mantener su perfil en el anonimato, optaron por aceptar los
convenios propuestos, “más por necesidad que por conformidad”, aunque no sin
reservas. Una extrabajadora compartió:
“Sé que
merecía más, pero no tengo el tiempo ni los recursos para demandar. Acordamos
el pago en dos exhibiciones. Estamos esperando a ver si cumplen, pero si no, ya
nos dijeron en la Junta Local que podemos solicitar medidas precautorias
legales”.
La
incertidumbre continúa. Al día de hoy, varios trabajadores siguen sin recibir
pagos completos y el hospital arrastra deudas con proveedores, lo que ha
afectado la operación básica del nosocomio.
Los
trabajadores y trabajadoras afectados exigen el cumplimiento efectivo de los
acuerdos de conciliación firmados y que se respete el derecho al trabajo digno
y la libertad de expresión sindical y laboral.
Porque
se han documentado prácticas como compras externas improvisadas de insumos,
retiro de bombas de infusión por parte de empresas como PISA, y desvío de
equipo médico al hospital San Luis al que recurrieron subrogando los servicios
la madrugada del 17 de enero, tras el aviso de Cofepris de que al día siguiente
harían una inspección sobre las irregularidades denunciadas en medios de
información.
Otra ex
trabajadora señaló irregularidades graves, además de los impagos. Se ha
documentado el progresivo deterioro del funcionamiento del hospital bajo la
administración actual. “Desde que llegó esta señora hay cosas muy delicadas. Me
interesa contar lo que sé, pero primero necesito asegurar mi finiquito”, dijo
una de ellas.
A pesar
de los discursos iniciales de renovación y mejora con los que llegaron Adriana
Beltrán Mallén y la gente que la acompaña en la administración, además de los
socios minoritarios que se coaligaron para hacerse del control del nosocomio,
el equipo directivo encabezado por Beltrán Mallén y su padre Juan Beltrán
Arriaga, además de Jesús Torán Sierra, Julián Guinea Valencia, Eduardo Rocha
Pérez, Javier Alfonso Ortega Alonso y la Jefa de Recursos Humanos, Alma
Sigales, han sido acusados por múltiples voces de deteriorar gravemente las
condiciones laborales y operativas del Sanatorio Trinidad.
En
palabras de una de las trabajadoras: “Los Gutiérrez podrán haber tenido sus
fallas, pero nunca nos faltaron pagos ni prestaciones. Ahora es un caos total.
Ella (Adriana Beltrán Mallén) se cree dueña, pero no ha hecho más que hundir lo
que otros construyeron en años”.
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