*Enfrenta denuncia por desvío de recursos, amenazas y uso electoral del ayuntamiento.
Alvarado, Ver. | 27 mayo 2025
Tribuna
Libre.- La presidenta municipal de Alvarado, Lizzette Álvarez Vera, se
encuentra en el ojo del huracán y a un paso de enfrentar la justicia penal,
luego de que se presentara una denuncia formal ante la Fiscalía Especializada
en Combate a la Corrupción del Estado de Veracruz, donde se le acusa de una
serie de delitos que incluyen abuso de autoridad, desvío de recursos públicos,
amenazas de muerte y coacción del voto, todo en el marco del actual proceso
electoral.
La
denuncia, sustentada con documentos oficiales y testimonios, revela que empleados
municipales, policías locales y hasta vehículos oficiales del ayuntamiento han
sido utilizados con fines electorales para beneficiar al candidato del Partido
Verde Ecologista de México, Alberto Ángel Cobos Márquez, quien también ha sido
señalado en la querella.
El caso
más alarmante ocurrió la noche del 25 de mayo, cuando Carlos Ibrahim Almeida
Domínguez, identificado como jardinero adscrito al ayuntamiento, irrumpió de
forma hostil en actividades del equipo de campaña de Polo Deschamps, amenazando
de muerte a sus integrantes y advirtiendo que actuaba por órdenes directas de
la alcaldesa. Lo hizo además acompañado por elementos de Seguridad Pública y
con respaldo del delegado municipal, en un evidente acto de intimidación y
abuso de poder.
Además,
se aportaron pruebas documentales como una credencial oficial expedida para el
ejercicio fiscal 2026, lo que demostraría que la alcaldesa estaría premiando
con recursos públicos a operadores políticos, confirmando el uso faccioso de la
nómina municipal.
Los
hechos no solo representan una flagrante violación al Estado de Derecho, sino
también delitos graves en materia electoral, penal y constitucional, al
utilizar personal, recursos materiales y logísticos del ayuntamiento para
amedrentar a la oposición e incidir en la elección.
De
acuerdo con la denuncia, se solicitó a la Fiscalía dar vista a la Unidad de
Inteligencia Financiera (UIF), al OPLE Veracruz y a la Fiscalía Especializada
en Delitos Electorales, por lo que la red de corrupción y violencia que opera
desde el palacio municipal podría colapsar en las próximas horas.
Fuentes
cercanas al caso advierten que Lizzette Álvarez Vera podría ser vinculada a
proceso penal, perder el fuero y enfrentar la cárcel, al acumular evidencias
que la involucran como operadora financiera, protectora de redes clientelares y
facilitadora de amenazas contra adversarios políticos.
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