*Plantea Hilda Nava Seseña actualizaciones a la legislación estatal.
Xalapa, Ver. | 09 mayo 2025
Tribuna
Libre.- Diversas reformas a la Ley de los Derechos de las Personas Mayores para
el estado de Veracruz, mediante una Iniciativa con Proyecto de Decreto, propuso
la diputada Hilda Nava Seseña, en la Cuarta Sesión Ordinaria.
En uso
de la palabra, la legisladora refirió que dicha Ley fue aprobada en 2020 y tuvo
como base los derechos de la Convención Interamericana sobre la Protección de
los Derechos Humanos de las Personas Mayores, sin embargo, consideró importante
incorporar derechos que no se incluyeron y son de gran relevancia para garantizarles
una vida digna.
Para
tal efecto, en su proyecto la legisladora plantea en el artículo 2 agregar el
concepto de envejecimiento, para efecto de que, quien interprete este término,
lo haga a partir de la definición que da la misma ley y no se deje a
discreción. En el artículo 4, adicionar como principio de la ley, la protección
judicial efectiva.
En el
artículo 5 propone agregar la prohibición de la tortura como componente del
derecho a la integridad, dignidad y preferencia; se adiciona el derecho a la
libertad y seguridad personal para que la edad no sea una justificación para
privarlas de la libertad de manera arbitraria.
En el
mismo artículo, agregar que se les debe garantizar un trabajo digno y decente y
que el Estado deba establecer mecanismos para garantizarlo. Asimismo, se
adicionan algunos derechos de la Convención que la ley todavía no las
contempla, como el derecho a la libertad de expresión, de opinión, de acceso a
la información y de protección de sus datos personales.
Se
adicionaría también el derecho a la privacidad y a la intimidad, el derecho de
accesibilidad y movilidad personal. Además, la prohibición de atentar contra la
privacidad y la intimidad de las personas mayores.
A esto
añade la implementación de un sistema integral de cuidados. Otros objetivos de
las políticas públicas que la diputada prevé son: garantizar el derecho a la
libertad de expresión y al acceso a la información; el acceso en igualdad de
condiciones que las demás personas al entorno físico, al transporte, a las
comunicaciones y a las tecnologías de la información.
Asimismo,
plantea implementar los mecanismos interinstitucionales para prevenir, atender,
sancionar y erradicar la violencia contra las personas mayores y garantizar la
procuración y administración de justicia en estricto apego a los derechos
humanos y al debido proceso.
En el
artículo 20, se adicionaría la obligación de la Secretaría de Seguridad Pública
de diseñar una política integral para la prevención de delitos en contra de las
personas mayores, y en el artículo 23, se establecería la obligación de
promover programas educativos gratuitos de los diferentes niveles, con énfasis
en las mujeres y en los grupos en situación de vulnerabilidad.
La
iniciativa, a la que adhirió el Grupo Legislativo del PAN, fue turnada a la
Comisión Permanente de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables.
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