Renato Consuegra | 07 junio 2025
Tribuna
Libre.- En medio del avance del nearshoring, la transformación digital y la
necesidad urgente de modernizar al Estado, el gobierno mexicano ha presentado
una iniciativa para reformar la Ley Federal de Telecomunicaciones y
Radiodifusión, donde en el discurso oficial, se habla de “soberanía digital”,
“simplificación” y “eficiencia”; sin embargo, bajo esa superficie, existe un
riesgo real: que miles de micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) sufran
un golpe letal en su operación diaria, en su visibilidad digital y en su
libertad para competir.
La
iniciativa —que al momento de escribir estas líneas se encuentra en proceso de
análisis en el Congreso— propone sustituir al Instituto Federal de
Telecomunicaciones (IFT), un órgano autónomo, por una Agencia de Transformación
Digital y Telecomunicaciones (ATDT), dependiente del Ejecutivo. A esta nueva
entidad se le otorgarían facultades para bloquear plataformas digitales,
sancionar contenidos y regular el acceso a herramientas tecnológicas, con base
en criterios amplios y poco definidos, como “seguridad nacional” o “estabilidad
social”.
En
paralelo, la propuesta incluye la creación de una identidad digital única
(“Llave MX”) y un número nacional de atención ciudadana. A simple vista,
parecen avances. Pero el diablo está en los detalles.
La gran
mayoría de las MiPyMEs en México ya opera en desventaja: con acceso limitado a
crédito, asesoría legal, herramientas digitales y publicidad. Inmersas en este
oscuro panorama, muchas han encontrado en plataformas como WhatsApp, Facebook,
TikTok, Stripe, Amazon o Mercado Libre, un canal vital para sobrevivir y, para
muchas, es el único canal.
¿Qué
pasará si una de esas plataformas es bloqueada “por razones de Estado”? ¿Quién
responderá por las ventas perdidas? ¿A dónde acudirán los emprendedores que no
pueden pagar un abogado ni comprender el laberinto legal que viene?
La
iniciativa eleva el riesgo regulatorio y lo hace de manera opaca porque bajo el
nuevo esquema, una microempresa podría quedar expuesta a medidas discrecionales
que afecten su operación digital, incluyendo censura, restricciones
publicitarias o sanciones fiscales sin mecanismos claros de defensa. Dentro de
la propuesta no hay reglas precisas, no hay recursos inmediatos y, lo más
preocupante: no hay garantías de equidad frente a las grandes empresas.
Mientras
las corporaciones multinacionales tienen la capacidad de negociar excepciones o
acuerdos técnicos, las MiPyMEs quedarán solas ante un aparato regulador
centralizado y poderoso.
El Tratado
entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) protege principios como la
neutralidad de la red, la libre competencia y el acceso no discriminatorio a
servicios digitales, mientras que, al contrario, esta iniciativa, tal como está
planteada, puede entrar en conflicto con esos principios. Y si México recibe
sanciones o pierde competitividad internacional, las primeras en resentirlo
serán —una vez más— las MiPyMEs, que dependen de la estabilidad económica para
operar en un entorno ya complejo.
Este
debate no puede reducirse a trincheras ideológicas. Se trata de entender que
sin un ecosistema digital predecible, abierto y justo, el emprendimiento no es
viable en el siglo XXI. *Las MiPyMEs, como lo han demostrado históricamente, no
piden privilegios*: solo demandan un entorno donde puedan competir sin miedo a
que su canal de ventas desaparezca por decreto.
Ante
este panorama, es momento de actuar y preguntarnos qué hacer.
Primero,
*exigir claridad normativa*: las reglas para bloquear o sancionar plataformas
deben estar definidas con precisión y sujetas a supervisión judicial.
Segundo,
*defender la autonomía de los órganos reguladores*: concentrar todo el poder en
una sola agencia del Ejecutivo es una receta para la discrecionalidad.
Tercero,
*incorporar a las MiPyMEs en la discusión legislativa*: hoy, su voz está
ausente, como casi siempre frente a los temas que más las afectan.
La
digitalización de la economía no puede construirse bajo amenazas latentes de
censura, bloqueos o sanciones sin explicación. Si queremos un país donde
emprender sea posible, no bastan los discursos sobre “soberanía digital”,
necesitamos leyes que garanticen estabilidad, equidad y transparencia.
Y, en
eso, esta reforma —hasta ahora— aún queda muy lejos..
De
emprendimientos y más…
WeWork
ha alcanzado una ocupación promedio del 79 % en 70 edificios distribuidos en
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú, destacando especialmente a
México con una tasa del 82% en 22 ubicaciones clave en CDMX, GDL y MTY. El auge
de los espacios de trabajo flexibles responde a la transformación constante del
entorno laboral, en la que la flexibilidad y los esquemas híbridos juegan un
papel fundamental para potenciar la productividad y el bienestar de los
colaboradores… Hablando de tecnología,
los pagos en tiempo real están transformando el panorama financiero de México
al impulsar la inclusión financiera, aumentar la eficiencia económica y
contribuir significativamente al PIB del país, según ACI Worldwide y el Centro
de Estudios Económicos. En 2023, representaron el 8.3% de las transacciones,
superando a países como Alemania y Estados Unidos, y generaron $7.8 mil
millones de dólares en ahorros para empresas y consumidores, cifra que se
espera crezca a $9.3 mil millones en 2028, lo que podría aportar hasta $12.8
mil millones al PIB mexicano para 2028.
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