*Organizaciones acusan obstrucción al acceso a la justicia y violación directa a la Constitución.
Ciudad de México | 15 julio 2025
Tribuna
Libre.- Organizaciones de la sociedad civil denunciaron que la Sala Superior
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) está
reteniendo de manera indebida un expediente que impugna la reciente designación
de sus integrantes, a pesar de que la Constitución establece que dicha
controversia debe ser resuelta exclusivamente por la Suprema Corte de Justicia
de la Nación (SCJN).
El 19
de junio de 2025, un grupo de organizaciones ciudadanas presentó ante el
Instituto Nacional Electoral (INE) un juicio de inconformidad en contra de los
acuerdos INE/CG567/2025 e INE/CG568/2025, que validaron los resultados de la
elección extraordinaria de magistradas y magistrados de la Sala Superior del
TEPJF.
La
acción legal fue interpuesta en estricto apego a la ley, con fundamento en los
artículos 50 y 53 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en
Materia Electoral (LGSMIME), que señalan claramente que estos casos deben ser
remitidos directamente a la SCJN.
“Este
caso es una muestra más del patrón de regresión institucional que ha
caracterizado a la actual integración de la Sala Superior del TEPJF: cierre
progresivo del acceso a la justicia electoral, debilitamiento de las garantías
jurisdiccionales mínimas y desprotección de los derechos colectivos que busca
defender la ciudadanía.”, señalaron los representantes de Poder Ciudadano,
Proyecto Justicia Común, Laboratorio Electoral, Consejo Nacional de Litigio
Estratégico, Electoralista, y Práctica: Laboratorio para la Democracia.
Contraviniendo
el marco constitucional, el INE turnó el expediente a la propia Sala Superior
del TEPJF y en un acto sin justificación legal, el tribunal no sólo recibió el
caso, sino que además lo asignó a la ponencia del magistrado Felipe Alfredo
Fuentes Barrera. Desde entonces, el expediente ha sido retenido por el TEPJF
sin que exista motivo legal para ello, incumpliendo de manera flagrante con la
obligación de remitirlo de forma inmediata a la Corte.
A más
de nueve días de haberse apropiado del caso, la Sala Superior sigue sin enviar
el expediente a su destino legal, en lo que organizaciones como Poder Ciudadano
califican como una grave violación al derecho de acceso a la justicia, al
principio de legalidad y al debido proceso establecidos en los artículos 14, 16
y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Esta
retención injustificada, sostienen las organizaciones firmantes, constituye una
interferencia institucional indebida y un intento evidente de obstaculizar la
revisión constitucional de una elección que involucra a los propios integrantes
del tribunal, lo que pone en entredicho su imparcialidad y su compromiso con la
legalidad democrática.
Las
organizaciones exigen la remisión inmediata del expediente a la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, la única instancia constitucionalmente competente
para resolver esta controversia. “El respeto al orden constitucional no es
opcional. La retención deliberada del expediente es una obstrucción inaceptable
que atenta contra la integridad del sistema electoral y el Estado de Derecho”,
advirtieron.
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