SEGOB Veracruz enfrenta pago de 200 MDP al SAT por incompetencias en administración de Eric Cisneros
***El
exsecretario de Gobierno permitió que sus colaboradores perdieran un caso por
incompetencia y desconocimiento jurídico. Y la culpable Concepción Cruz repite
en el cargo.
***Cartas
a la redacción: La simulación en la Universidad Veracruzana: una convocatoria
para validar una decisión ya tomada.
Claudia Guerrero Martínez | 19 sep. 2025
Tribuna
Libre.-
Grave la situación que enfrenta la
Secretaría de Gobierno de Veracruz, ya que habíamos advertido sobre las
incompetencias, negligencias y omisiones a deberes legales, al no atender
señalamientos del SAT y luego, se convirtió en una enorme multa en detrimento
de la SEGOB y sobre todo, por culpa de incapaces funcionarios, entre ellos el
exsecretario Eric Patrocinio Cisneros Burgos. En esta entrega daremos entrada a
una carta sobre la exposición de motivos y el estado que guarda esta millonaria
multa, por culpa de “El Bola 8” y sus incompetentes colaboradores. Y aquí el
texto:
La
saludo con afecto y la vez le comunico circunstancias relacionadas con su nota https://periodicoveraz.com/segob-veracruz-y-su-enorme-deuda-ante-el-sat-por-incompetentes-funcionarios-aliados-de-eric-cisneros-2/
, porque la sociedad debe saber las negligencias, complicidades o
incompetencias que afectan el buen gobierno que pretenden realizar Rocío Nahle
García.
Como
recordará usted, la nota mencionada se refirió a la ineptitud de la falsa
abogada Anahía Concepción Cruz Juárez, quien en 2022 presentó a Eric Patrocinio
Cisneros Burgos y a su también protector José Pale un medio de defensa
incorrecto, pues en vez de redactar el juicio de amparo en representación de la
Secretaría de Gobierno de Veracruz, como contribuyente, contra una sentencia
que confirmaba un crédito fiscal. Expediente 485/18-13-01-4/272/19-S1-02-04,
ante la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, les dio
a firmar una revisión fiscal, quedando evidenciada su escasa experiencia, según
sentencia dictada en la revisión fiscal 461/2022, del Tercer Tribunal Colegiado
en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Sistema
Integral de Seguimiento de Expedientes del Consejo de la Judicatura Federal con
la liga: https://sise.cjf.gob.mx/SVP/word1.aspx?arch=26/0026000030286990004.pdf_1&sec=Lorena_Sanchez_Osnaya&svp=1
, en la cual, la autoridad federal mostró lo mal defendida que está la
Secretaría de Gobierno, dando como resultado que tuviera que pagar cerca de
$200 millones de pesos, por un asunto que era ganable, lo que es injusto porque
esos recursos pudieron destinarse a niños con cáncer y ahora esa cínica
funcionaria los deja sin quimioterapias.
En el
fallo, la autoridad federal restregó al Gobierno Estatal encabezado por la
Ingeniera Nahle que según al artículo 63 de la Ley Federal de Procedimientos
Administrativo, “… la legitimación para interponer el recurso de revisión
fiscal, recae en la autoridad demandada en el juicio contencioso de origen,
salvo disposición expresa que la impida para ello; consecuentemente, si como se
expuso en líneas precedentes, la Secretaría de Gobierno del Estado de Veracruz,
es parte actora en el juicio de nulidad del que deriva el presente medio de
impugnación, resulta inconcuso, que carece de legitimación para interponer el
presente recurso de revisión, en virtud de que se insiste, dicha legitimación
únicamente la tiene la autoridad demandada a través de la unidad administrativa
encargada de su defensa jurídica.”
Motivo
por el cual desechó el recurso y el crédito fiscal quedó como consentido, por
la incompetencia de doña Concha, al no saber distinguir que, siendo autoridad
la SEGOB Veracruz, cuando actúa como contribuyente, se equipara a un
particular, con mayor razón cuando es parte de un procedimiento jurisdiccional
generado en una relación de supra a subordinación frente al SAT.
Pero
esto no es todo, porque al iniciar la presente administración y sabiendo que
Rocío Nahle y Ricardo Ahued quieren corregir lo mal hecho por Cuitláhuac García
y por Eric Cisneros, doña Conchita Cruz, se presentó como la salvadora de la
Dirección Jurídica, lo que fue comprado por la Directora y por la Subsecretaría
Jurídica, ávidas de encontrar personas sin escrúpulos que traicionen a sus
compañeros para echarlos y meter a su gente. Por esta bajeza, doña Concha fue
ratificada según liga: https://www.segobver.gob.mx/directorio_curricular.php
y se siente con poder de abusar aún más
del personal a su cargo, a los que retiene innecesariamente en horarios
prolongados, los ha culpado de los errores que ella ha cometido siendo personas
capaces y con años de servicio, al grado que varios intimidados renunciaron,
prefiriendo callar en lugar de enfrentarla.
Lo que
la directora y la Subsecretaría Jurídica no saben que están siendo utilizadas y
que la zalamería de Concha Cruz es el medio para ocultar sus propias
irregularidades, que si revisaran a fondo, seguro encontrarán muchas. En el
caso de su equivocada revisión fiscal 461/2022, pretende que prescriban las
faltas administrativas y los delitos por el grave daño patrimonial causado, ya
que los Manuales Específicos de Organización y el de Procedimientos, ambos de
la Dirección General Jurídica, señalan que es ella, como jefa de Departamento,
la responsable de analizar los asuntos y promover las demandas y recursos que
procedan para defender de manera efectiva los derechos del Gobierno del Estado
de Veracruz y de su Secretaría de Gobierno y no los analistas y auxiliares jurídicos,
quienes sólo redactan oficios y demandas, conformes las instrucciones que les
da.
Desafortunadamente,
Cisneros Burgos logró meter a SEGOB a funcionarios que le pasan información y
que en nada ayudan a un mejor gobierno, por esto confiamos en que la
gobernadora tomará cartas en el asunto y que sus áreas jurídicas le serán
leales. Por lo pronto se exponen a que Concepción Cruz les dé a firmar demandas
o recursos erróneos y por el cúmulo de trabajo las firmen, con el consiguiente
daño patrimonial, arrastrando a todos en su caída.
Estamos
indignados porque la flamante abogada fiscalista Concepción Cruz dejó a niños
con cáncer sin sus tratamientos y sus jefes anteriores ni Consejería Jurídica
procedieron en su contra.
Para
evitar mayores daños a las finanzas estatales es necesario que la directora
jurídica y la Subsecretaría Jurídica tomen medidas que frenen las tropelías de
la infiltrada Concepción Cruz, por su deber legal de denunciar y de abstención
de encubrir, como lo marca la Ley General de Responsabilidades Administrativas,
pues de la entrega de recepción de diciembre de 2024 se presumen que conocieron
el expediente de la revisión fiscal 461/2022. De no hacerlo, un grupo
ciudadanos denunciaremos el tema ante la Fiscalía y ante Contraloría contra
quienes resulten responsables por acción u omisión.
***Cartas
a la redacción: La simulación en la Universidad Veracruzana: una convocatoria
para validar una decisión ya tomada.
El
reciente comunicado de la Universidad Veracruzana, fechado el 2 de septiembre
de 2025, referente a la “Elaboración del Programa de Trabajo 2025-2029”,
representa una alarmante muestra de simulación institucional que debe ser
denunciada con firmeza.
Bajo el
disfraz de una “participación universitaria”, se invita a la comunidad a
integrarse en un proceso aparentemente abierto e inclusivo, cuando en realidad
se trata de una estrategia cuidadosamente diseñada para legitimar decisiones ya
tomadas a puertas cerradas. La referencia a mecanismos como "diálogos
universitarios", "consulta en línea" y "participación por
invitación" no es más que un ejercicio de validación simbólica que excluye
a la verdadera pluralidad de voces dentro de la institución.
Lo más
preocupante es que este montaje cuenta con el aval de la Junta de Gobierno, que,
en lugar de ejercer su responsabilidad crítica y evaluativa, ha respaldado sin
objeción un supuesto programa de trabajo de continuidad, ignorando por completo
la obligación de analizar alternativas reales y proyectos innovadores. El
órgano que debería velar por la transparencia, la pluralidad y la rendición de
cuentas, ha optado por el silencio cómplice.
Cabe
preguntar: ¿Qué significa la consulta si ya existe un programa de trabajo
aprobado? ¿Qué sentido tiene invitar a participar si solo se integrará lo que
convenga al discurso oficial? La comunidad universitaria no puede ni debe
prestarse a legitimar una farsa. Estos mecanismos son utilizados para fabricar
un consenso artificial que justifique un proyecto de continuidad sin debate ni
renovación auténtica.
La
Universidad Veracruzana merece un ejercicio democrático real, donde se escuchen
todas las voces y se enfrenten las ideas. Lo que hoy se presenta como un
ejercicio de planeación participativa, no es más que una escenificación vacía.
Participar en esta dinámica sin denunciar su falsedad, es ser cómplice de una
estructura que ha optado por el control y la simulación en lugar del
pensamiento crítico y la transformación genuina. No más simulaciones. No más
continuidad disfrazada de diálogo. La universidad crítica, libre y plural no
puede construirse sobre cimientos de opacidad.
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