Otra vez la UV: Lo dijimos, después del niño ahogado
Claudia Guerrero Martínez | 16 octubre. 2025
Tribuna
Libre.- Compartimos un texto académico y con base a experiencias sobre
seguridad y Protección Civil, mismo daremos a conocer textualmente: En pasada
entrega que realizamos el 13 de mayo de 2025, sobre la columna Entre lo utópico
y lo verdadero, compartimos una muy importante preocupación, debido a que un
colectivo de trabajadores afiliados al Sindicato Estatal del Personal Académico
de la Universidad Veracruzana, conocido como FESAPAUV, hizo pública una
denuncia sobre diversas irregularidades que se observaban dentro de la
institución e instaban a sus autoridades a que tomaran medidas efectivas para
garantizar la seguridad laboral e integridad física de todos los trabajadores y
de la comunidad universitaria en su conjunto.
Denunciaron
que los esfuerzos en materia de Protección Civil y Educación sobre el Riesgo de
Desastres dentro de la Universidad Veracruzana, se han limitado durante toda la
administración del Rector Martín Aguilar Sánchez a aspectos generales y
superficiales, sin abordar las necesidades reales de seguridad y de prevención
que deben implementarse para la salvaguarda de la población universitaria ante
cualquier desastre natural que pudiera afectar y cuya responsabilidad recae en la Dra.
Jacqueline del Carmen Jongitud Zamora,
secretaria de Desarrollo Institucional, de quien depende el mal llamado SUGIR,
que bien debería ser y actuar como una Unidad Interna de Protección Civil, de
acuerdo a la Ley General respectiva que obliga a tener como parte de su
estructura organizacional, al igual que a todas las instituciones educativas
del país, lo que evidentemente la UV no tiene.
Mencionan
trabajadores, que la Unidad Interna de Protección Civil debe ser la responsable de formular y operar
los Programas tanto internos y externos de Protección Civil debidamente
autorizados, los que dentro de ningún
inmueble universitario existen; tampoco, se cuenta con los tan necesarios
Análisis de Riesgos emitidos por especialistas, Dictámenes de Ingeniería Eléctrica y Estructural
formulados por peritos en la materia y
Dictámenes Técnicos de Riesgo previos en la construcción de obras universitarias,
para evitar que éstas se asienten en zonas de riesgo como susceptibles a
inundaciones; todas estas carencias que son el resultado de la negligencia y la
ignorancia institucional, son constitutivas de acuerdo a la ley, de delitos
graves y por ende, pueden ser sancionadas con prisión de tres a diez años y
multa de mil a cinco mil días de salario mínimo vigente en la capital del
Estado.
Con
esta falta de cumplimiento con las normativas vigentes, se han mantenido
situaciones de riesgo y vulnerabilidad que han puesto en riesgo, como ya se
corroboró ante los desastres naturales presentados en el norte del Estado, a la
integridad física de los miembros de nuestro sindicato, estudiantes, maestros y
en general de toda la comunidad universitaria.
Mencionaron
reiteradamente los trabajadores, que en la generalidad de las edificaciones
universitarias, existe una alarmante falta de equipamientos y dispositivos
esenciales para la seguridad, tales como hidrantes, extinguidores, equipos
contra incendios, y señales informativas, preventivas y restrictivas y de
obligación y luces de emergencia, conforme a las Normas Oficiales Mexicanas y
Tratados Internacionales aplicables; tampoco existen salidas o escaleras de
emergencia, rutas de evacuación formales y seguras e instructivos y manuales
donde se consignen las reglas y orientaciones que deben observarse en caso de
una emergencia y en los que deberían señalarse las zonas de seguridad o los
puntos de reunión, mismos que no se encuentran actualmente definidos y
marcados.
El tema
de la Protección Civil en esta institución se ha convertido en un asunto tabú;
pocos se atreven a mencionarlo o a discutirlo abiertamente. Se argumenta que no
hay recursos financieros suficientes para implementar las medidas requeridas
por la ley. No obstante, se ha considerado que la solución no se limita
únicamente a la disponibilidad de fondos; muchos de los instrumentos que se
hacen necesarios para mejorar la protección civil, podrían haber sido
desarrollados por los propios trabajadores administrativos, alumnos y
académicos de las diversas regiones de la UV, a través de programas de trabajo
que para el caso se hubieran implementado. La ausencia de partidas
presupuestales específicas para la protección civil dentro de los presupuestos
anuales autorizados en la UV evidencia un desinterés total por parte de las
autoridades y demuestran la falta total de voluntad política que ha existido
durante la presente administración para atender este importante tema, lo que
plantea interrogantes serios sobre el compromiso de la institución con la
seguridad de sus miembros.
Es claro
que de haberse contado con Unidades Internas de Protección Civil con sus
correspondientes Programas Internos y Externos debidamente autorizados, así
como con los Análisis de Riesgos emitidos por especialistas y basados en el
Atlas de Riesgos del Estado de Veracruz, se hubiera determinado, las zonas que
afectaron instalaciones universitarias eran susceptibles a ser inundadas y
afectadas por las intensas lluvias que se pronosticaron por el Servicio
Meteorológico Nacional, quien desde el lunes 6 de octubre estuvo alertando
sobre la incidencia que tendrían las condiciones meteorológicas para los
próximos días, anunciando lluvias intensas en la zona de la Huasteca
veracruzana, las que alcanzarían entre 250 mm a 350mm.
Esto
considerando además, el riesgo latente de la cercanía que existía con el Río
Cazones, una de las afluentes más importante de Veracruz y el que recibió
aportaciones de agua de lluvia no solo
del territorio veracruzano, sino también de los estados aledaños y de las
montañas por la que este baja; esto fue demasiado como para no haber tomado
medidas extremas, lo que no se hizo, ni por los Gobiernos Federal o Municipal,
pero tampoco por la Universidad Veracruzana, quien debió velar por la
salvaguarda de toda su población en esa zona de la entidad, como la propia Ley
Orgánica de la Universitaria le obliga a ser el garante y responsable de la
salvaguarda de la institución, sean sus bienes materiales, como su población.
Se
suspendieron las clases un par de días, pero sabemos que muchas personas como académicos
y estudiantes debieron asistir por compromisos ya agendados y supuestamente
impostergables; no se tomó en serio el riesgo latente porque no hubo una
instrucción tácita de evacuar la zona de riesgo; una gran cantidad de
universitarios, incluso sus familias, vivían en zonas aledañas a las Facultades
donde asistían y por desgracia se encontraban en zonas, como se señala en el
Atlas de Riesgos del Estado de Veracruz, como inundables y sujetas a sufrir
serias afectaciones por la creciente del Río Cazones; se dio igualmente la
instrucción de quedarse en casa, las que también en muchos casos se encontraba
dentro de la zona de riesgo y por desgracia de ella, ya no pudieron salir como
hoy sabemos.
¿Nuevamente
nos preguntamos, en dónde están la Junta de Gobierno y la Contraloría Interna?,
instancias que deberían haber protegido los intereses de la universidad y
garantizar el cumplimiento de las leyes, aquellas que creemos que alguna vez
juraron respetar. ¿Dónde están los sindicatos universitarios? Todos cayeron en
una complacencia alarmante, priorizando intereses personales sobre la defensa
de los universitarios.
A
cuatro años de esta administración universitaria, la ausencia de iniciativas
concretas para implementar políticas de prevención de riesgos ya causó muertes
de estudiantes universitarios. La inacción parece ser la norma y no se
vislumbra ningún cambio en el horizonte. Aunque la historia nos ha enseñado
que, lamentablemente, solo se actúa ante la inminencia de un desastre o después
de este, aquí no se actuó de forma alguna y desde luego que al presentarse este
desastre natural, se ocasionó la pérdida de muchas vidas humanas; es evidente
quiénes son los responsables de estas negligencias; ojalá la justicia
constituya y sancionen esta negligencia e irresponsabilidad institucional, como
delitos graves como la Ley en la materia lo establece. La identificación de los
actores que han permanecido inertes ante esta situación es crucial, ya que su
indolencia ya tuvo consecuencias devastadoras para aquellos que no tuvieron
condiciones para afrontar el impacto de un gran desastre y que por ello
perdieron la vida, lo que como vemos pudo evitarse.
Aquella
entrega del pasado 13 de mayo que realizamos por este medio, hoy ratifica el
testimonio claro que esto estaba previsto para el futuro y que tarde o temprano
tendría que ocurrir; aquí el asunto es pensar en cuántos desastres vendrán más
adelante.
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