Las reformas y adiciones a la ley establecen procedimientos claros de recaudación, administración y vigilancia del patrimonio universitario.
Xalapa, Ver. | 13 enero 2026
Tribuna Libre.- Con 39 votos a favor, ocho en contra y cero abstenciones, el Pleno de la LXVII Legislatura avaló las reformas a la Ley que crea la Universidad Popular Autónoma de Veracruz presentadas a esta Soberanía por la gobernadora del estado, Rocío Nahle García, a fin de establecer procedimientos claros de recaudación, administración y vigilancia del patrimonio universitario, con el fin de asegurar su integridad y aplicación estricta al sostenimiento, mejora y expansión de los programas educativos de la casa de estudios.
En la
Segunda Sesión Extraordinaria del Primer Receso del segundo año de labores, la
Mesa Directiva, presidida por la diputada Naomi Edith Gómez Santos, puso a
consideración del Pleno el dictamen emitido por la Comisión Permanente de
Educación y Cultura, derivado de la Iniciativa con Proyecto de Decreto que
reforma diversas disposiciones del ordenamiento mencionado.
La
reforma aprobada establece que la Universidad Popular Autónoma de Veracruz
(UPAV) es una “Institución Pública de Educación con carácter de organismo
público descentralizado de la administración pública del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, que gozará de personalidad jurídica y patrimonio propios y
estará sectorizada a la Secretaría de Educación del Poder Ejecutivo Estatal”.
Para
dar cumplimiento a su objeto legal y fines, la Universidad “se apoyará en el
personal administrativo y académico, y sus egresados”. El servicio social y el
combate a la pobreza siguen siendo tareas de todos los integrantes de la
Universidad.
En
cuanto a su patrimonio, a los rendimientos, recuperaciones y demás ingresos que
obtenga de la inversión de los recursos referidos en el artículo 7, la UPAV
deberá cumplir con el marco legal en la materia.
Además,
podrá convenir acciones de coordinación, colaboración y participación académica
con personas físicas o morales, públicas o privadas, nacionales o extranjeras,
en términos de la legislación aplicable.
El
dictamen detalla que los derechos y demás ingresos, que por cualquier título
legal sea bienes y valores de la Universidad, serán recaudados exclusivamente a
través de los mecanismos electrónicos dispuestos por la Oficina Virtual de
Hacienda (OVH) del Gobierno del Estado de Veracruz.
Para la
disposición de estos recursos, precisa el documento, el Rector deberá integrar
anualmente un proyecto de presupuesto específico y someterlo a la aprobación de
la Junta de Gobierno de la Universidad.
Respecto
de los bienes muebles, inmuebles, recursos económicos y todo lo que forme parte
del patrimonio de la Universidad, se equiparan al dominio público del Estado,
por lo que “tienen el carácter de inalienables, inembargables e
imprescriptibles y sobre los mismos no podrá constituirse gravamen alguno”.
Corresponderá
al titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) dictar las
normas en materia de control presupuestal de la Universidad.
También
se determina que el presupuesto de cada ejercicio deberá contener indicadores
de gestión, desempeño y financieros.
De
acuerdo con el Artículo Tercero Transitorio, la Universidad deberá expedir, en
un término no mayor a 90 días naturales, las normas en materia de planeación y
mecanismos de control del ciclo presupuestal en relación con la aplicación de
los recursos públicos que sean patrimonio propio de la UPAV; el Rector tiene la
obligación de ejercer sus atribuciones en materia de control y coordinación y
generar elementos que permitan la evaluación del desempeño de resultados, de la
medición a la gestión financiera y en su caso, las alertas cuando exista un uso
indebido de los recursos propios de la Universidad.
El
Cuarto Transitorio indica que los recursos provenientes de los derechos y demás
ingresos que hayan sido recibidos antes de la entrada en vigor del Decreto
deberán ser conciliados, registrados e integrados al patrimonio de la UPAV.
Por
último, el Quinto Transitorio establece que la Sefiplan deberá expedir en un
término no mayor a 60 días naturales las normas en materia control presupuestal
de la institución.
Las
reformas, propuestas por la gobernadora y aprobadas por este Congreso,
permitirán generar beneficios inmediatos en materia de control presupuestal,
consolidar en el mediano plazo una gestión financiera responsable y, en el
largo plazo, fortalecer la estabilidad institucional y el uso estratégico de
los bienes y recursos que conforman el patrimonio de la UPAV.
Discusión
del dictamen
El
diputado José Reveriano Marín Hernández adelantó el voto decidido del Grupo
Legislativo de Morena, que ha asumido “el compromiso irrenunciable de combatir
la corrupción y el derroche, priorizando el bienestar del pueblo veracruzano”.
Esta
reforma, aseveró, no solo asegura la integridad del patrimonio de la UPAV, sino
que fortalece su capacidad para expandir programas educativos accesibles y,
además, representa un paso adelante en la modernización de la gestión educativa
pública, asegurando que los recursos se destinen estrictamente a educar,
investigar y difundir la cultura, respetando la autonomía universitaria y las
relaciones laborales.
A su
vez, el diputado Héctor Yunes Landa, del Grupo Legislativo Mixto Veracruz Nos
Une, centró su posicionamiento en la autonomía presupuestal de la Universidad y
su financiamiento, derechos laborales de docentes y personal, administración y
destino de los bienes muebles e inmuebles y recursos de la institución.
Por el
Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), la diputada Indira de
Jesús Rosales San Román habló de la necesidad de actuar con honradez,
responsabilidad, orden y congruencia, y que las medidas que se tomen a partir
de esta reforma redunden en favor tanto de las y los estudiantes como de las y
los docentes, en justicia y con respeto a sus derechos.
La
legisladora Elizabeth Morales García, del Partido del Trabajo (PT), reconoció
que la gobernadora Rocío Nahle García actuó con sensibilidad y visión
institucional al impulsar una actualización del marco legal de la UPAV que
atiende problemas estructurales y, sobre todo, busca fortalecer a la
Universidad, dotarla de reglas claras, proteger su patrimonio y asegurar que
los recursos públicos sean administrados con transparencia, legalidad y
responsabilidad.
Por
último, el legislador Adrián Sigfrido Ávila Estrada, del partido Movimiento
Ciudadano (MC), adelantó su voto a favor del dictamen “porque consideramos que
este nuevo marco institucional puede sentar las bases para reconstruir la
integridad, transparencia y credibilidad de esta casa de estudios, sin embargo,
no basta con reorganizar la estructura administrativa”.
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