*Toss Capistrán y David Agustín Jiménez Rojas están en el ojo del huracán.
*Entramado
que involucra jueces, notarios y funcionarios para despojar a familias de sus
propiedades.
Xalapa, Ver. | 24 enero 2026
Tribuna
Libre.- La fiscal general del Estado, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, aseguró
que existen diversas denuncias en contra de notarios públicos, jueces,
funcionarios y exfuncionarios del Registro Público de la Propiedad, por lo que
investigarán a fondo los señalamientos de actos de colusión entre todos ellos y
que se ha denominado el "cártel inmobiliario".
Durante
su comparecencia, la Fiscal aseguró que se sancionará a quien o quienes
resulten responsables de diversos delitos en una misma forma de actuar para
despojar a familias veracruzanas de su patrimonio.
"Se
realizarán investigaciones a fondo, porque por cuanto hace a servidores y
exservidores públicos del Registro Público de la Propiedad, corresponde a la
Fiscalía Anticorrupción. Algunas denuncias están por cuanto hace a notarios en
la Fiscalía Especializada en Investigaciones Ministeriales. Empezamos a notar
que en varias de estas denuncias se advierte una misma mecánica, es decir, que
se utilizó una misma forma de actuar para despojar a familias veracruzanas de
su patrimonio", señaló.
La
fiscal general subrayó que se están deslindando responsabilidades,
identificando patrones, así como beneficiarios de estas acciones tanto
particulares como servidores públicos, despachos de abogados postulantes, entre
otros.
"Todo
esto constituye un entramado que debemos ir desmenuzando porque hay denuncias
dispersas en contra de notarios, de servidores y exservidores públicos del
Registro Público de la Propiedad, también contra jueces y exjueces, de la
concatenación que se haga de todas y cada una de las carpetas, sin duda se irán
deslindando responsabilidades", garantizó. 77
361
denuncias presentadas por el ORFIS contra ex funcionarios y ex alcaldes siguen
en integración.
**Ya
hay plan para priorizarlas junto con Unidad de Inteligencia
Por
otra parte, Lisbeth Aurelia indicó que de las 361 denuncias interpuestas por el
Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), por un monto de 36 mil millones de
pesos, todavía están en integración, no se ha determinado ninguna en ningún
sentido, pero tampoco se han archivado.
"Una
vez que se judicialicen podremos hablar de montos recuperados. La misma Ley
prevé figuras para estos casos que serían el embargo precautorio y la
inmovilización de cuentas y, en su caso, la Fiscalía Anticorrupción hará uso de
estas figuras para garantizar la reparación del daño", expuso.
Adelantó
que ya existe un plan de trabajo para priorizar las carpetas junto con la
recién creada "Unidad de Inteligencia Financiera" de la SEFIPLAN, y
con la cual ya firmaron un convenio marco para intercambiar información y
llegar a buen puerto y seguir el rastro del dinero que se robaron los
denunciados.
Comentarios
Publicar un comentario