Xalapa, Ver. | 19 enero 2026
Tribuna
Libre.- Quince días bastaron. Quince días para que en Tamiahua quedara expuesto
lo que muchos sospechaban y pocos se atrevían a decir en voz alta. El poder no
se quiso soltar porque había demasiado que esconder.
La
diputada local del Partido Verde, Citlali Medellín Careaga, no se anduvo con
rodeos. Llamó a las cosas por su nombre y puso el dedo en la llaga. Lo que
ocurrió en Tamiahua no fue una simple controversia electoral, fue, en sus
palabras, un robo descarado de la voluntad popular.
La
anulación de la elección, notificada el 30 de diciembre, no sólo truncó un
proyecto político; dejó al descubierto una estrategia más profunda. Impedir la
llegada de un nuevo gobierno que, según acusa la propia legisladora, iba a
destapar el cochinero, los abusos y la corrupción acumulada durante cuatro
años. Y no lo dijo al aire: aseguró tener pruebas.
Los
señalamientos son graves y directos. Sobornos, chantajes, manipulación
política, recursos dispersados de último momento, participaciones retenidas,
obras mal hechas, inconclusas y un daño patrimonial que ya está en la mira del
ORFIS y de la Auditoría Superior.
El
resultado. Un Ayuntamiento sin ingresos, sin padrones actualizados y sin
capacidad siquiera para cobrar el predial. Un municipio paralizado por la
irresponsabilidad y la voracidad.
La
ironía es brutal. Quienes se dicen herederos del discurso de “no mentir, no
robar y no traicionar”, hoy enfrentan acusaciones de haber hecho exactamente lo
contrario. En Tamiahua, la bandera moral se les cayó a pedazos.
Mientras
tanto, un Concejo Municipal opera con las uñas, sin recursos y bajo presión,
tratando de mantener a flote a un municipio golpeado por la incertidumbre
política. Y la pregunta flota en el aire, incómoda e inevitable. ¿con qué cara
volverán a pedir el voto quienes hoy cargan con acusaciones de corrupción,
saqueo y simulación?
Lejos
de replegarse, Citlali Medellín avisa que viene más. Que ya hay denuncias
presentadas y que las responsabilidades no quedarán en el archivo muerto. Que
habrá consecuencias legales, incluso penales. Y que el Partido Verde volverá a
competir, convencido de que la mayoría social sigue del mismo lado.
Tamiahua
se convirtió, sin quererlo, en un laboratorio político. Ahí se mide si la
justicia electoral sirve para corregir irregularidades o para encubrir abusos;
si la legalidad protege al ciudadano o al poder.
Por
ahora, lo único claro es esto. En sólo 15 días, el discurso se cayó, la verdad
comenzó a asomar y el miedo a rendir cuentas quedó al descubierto. Y cuando eso
pasa, el problema ya no es electoral. Es político. Y es moral.
Reconoció
el respaldo de la gobernadora de Veracruz Ingeniera Rocío Nahle García y del
secretario de Gobierno Ricardo Ahued Bardahuil, y sostuvo que, aun sin
recursos, el Concejo Municipal está dando resultados y atendiendo a la
población.
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