Ángel Rafael Mtz Alarcón | 17 marzo 2026
Tribuna
Libre.-
El pasado miércoles 10 de marzo, la
administración encabezada por la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, quien ostenta
los récords de ser la presidenta con mayor aprobación popular y la más votada
en la historia política de México, sufrió un revés de consideración. La
iniciativa de reforma en materia electoral —denominada por el oficialismo como
"Reforma Electoral" y calificada por la oposición como "Ley
Maduro"— no logró alcanzar las mayorías necesarias para su aprobación en
el Congreso de la Unión. Dicho fracaso legislativo puede interpretarse como una
derrota política, evidenciada por la falta de consenso incluso entre sus
aliados tradicionales, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el
Partido del Trabajo (PT). Esta propuesta, en su concepción y espíritu, porta el
sello indeleble de su predecesor en el Ejecutivo, el ex presidente ManuelAndrés
López Obrador.
La
fallida reforma del régimen actual se inscribe en el marco del 150 aniversario
de la proclamación del Plan de Tuxtepec, liderado por el general Porfirio Díaz
en 1876. Dicho plan, en su tercer intento por alcanzar la presidencia, inauguró
un prolongado período autoritario. La analogía histórica resulta sugerente para
analizar el presente, así como el proyecto político que algunos analistas han
denominado del "Mesías tropical", en alusión al principal artífice
intelectual de esta iniciativa. El objetivo último de la reforma, desde una
perspectiva crítica, habría sido la consolidación hegemónica y, virtualmente,
vitalicia de Morena en el poder, emulando modelos de partido único como los de
Corea del Norte o Cuba.
La
narrativa del actual proyecto político, a menudo designado como la "Cuarta
Transformación" (4T), se ha caracterizado por una aparente inversión
semántica de sus principios declarados. El lema "No mentir, no traicionar
y no robar" fungió, a juicio del autor, como un recurso discursivo que
contribuyó a obtener el respaldo electoral a partir de 2018. La iniciativa de
reforma, en este contexto, nació sin viabilidad política al ser elaborada al
margen de las fuerzas opositoras. Durante los últimos siete años, la
administración federal ha mantenido una relación de nulo diálogo con estas, una
práctica que contrasta con la esencia de los regímenes democráticos, donde la
interlocución entre gobierno y oposición resulta fundamental para la
construcción de acuerdos y la gobernabilidad. En este sentido, se señala una
paradoja en la figura del ex presidente López Obrador: un político que,
habiendo iniciado su carrera en 1977 dentro de un sistema que entonces
comenzaba a abrirse al diálogo con las minorías, adoptó en el poder una postura
que algunos califican como heredera de un priismo totalitario.
La
historia política mexicana ofrece un contraste significativo. Hace casi medio
siglo, durante el gobierno de José López Portillo y ante la coyuntura de una
candidatura presidencial única en 1976, el régimen priista comprendió la
urgencia de democratizar el sistema. Bajo la dirección de Jesús Reyes Heroles
como Secretario de Gobernación, se convocó a una amplia reforma política que
sentó a dialogar a la oposición, incluyendo a partidos que operaban en la
clandestinidad en un contexto de lucha guerrillera. Aquella reforma, entre
otros logros, otorgó el registro legal al Partido Comunista Mexicano. En el
presente, se argumenta que el gobierno morenista ha optado por la vía opuesta,
ignorando a los partidos opositores en un estilo más cercano al autoritarismo
que a la construcción democrática.
El
discurso oficial ha justificado la extinción de órganos autónomos y
fideicomisos bajo el argumento del combate a la corrupción y la necesidad de
eliminar privilegios. Sin embargo, el autor sostiene que estos
"ahorros" no han sido debidamente informados ni su destino ha sido
transparente, citando como ejemplo el caso del avión presidencial y los
beneficios que, presuntamente, recayeron en los hijos del ex presidente López
Obrador. Esta retórica del ahorro y la austeridad se suma, desde esta
perspectiva, al catálogo de lo que se consideran inconsistencias del proyecto
en curso.
La
derrota legislativa del 11 de marzo representa, en este análisis, un momento de
quiebre: la primera gran desautorización política a la presidenta Sheinbaum por
parte de su propia coalición, evidenciando una fractura con el legado y los
intereses de su mentor político. Esta falta de liderazgo en el Congreso quedó
manifiesta en la celebración de la derrota por parte del coordinador de la
bancada oficialista, Ricardo Monreal, junto con coordinadores de la oposición,
lo que revela las profundas tensiones internas en Morena y sugiere que el
control del Poder Legislativo reside aún en facciones leales al
lopezobradorismo, más que en la titular del Ejecutivo.
Resulta
paradójico que, de haber prosperado la reforma, uno de sus efectos colaterales
habría sido la desaparición de sus propios aliados, el PVEM y el PT, a los que
el texto califica como "rémoras" del sistema político. Se les
describe como empresas familiares con más de tres décadas de presencia, que
jamás han contendido electoralmente en solitario, aliándose sucesivamente con
diversas fuerzas políticas (PRI, Frente Democrático Nacional, PRD, PAN y
Morena) en una lógica de supervivencia y beneficio particular.
En un
plano comparativo, se evoca la perestroika y la glasnost impulsadas por Mijaíl
Gorbachov en la Unión Soviética durante la década de 1980. Estas reformas,
concebidas para reconstruir y transparentar el sistema de partido único,
terminaron por precipitar la disolución de la URSS en 1991. A modo de advertencia,
se sugiere que la reforma dictatorial mexicana, al buscar consolidar a Morena
por décadas en el poder, podría generar consecuencias imprevistas.
La
comisión presidencial encargada de diseñar la reforma estuvo integrada por
figuras como Pablo Gómez, a quien se describe contradictoriamente como un
comunista que terminó al servicio de un presidente de origen priista; Rosa
Icela Rodríguez, Secretaria de Gobernación; José Merino; Ernestina Godoy;
Lázaro Cárdenas Batel, testigo de la lucha democrática reciente; Jesús Ramírez
Cuevas; y Arturo Zaldívar. La iniciativa presentada por la presidenta Sheinbaum
fue calificada por sus críticos como violatoria del pacto federal y del
artículo 115 constitucional, que establece las bases del municipio libre. La derrota
de esta reforma refleja una profunda crisis de liderazgo y una peligrosa
propensión a emular caudillismos del pasado, en lo que denomina el
"síndrome de Vicente Guerrero".
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