José Miguel Cobián | 24 marzo 2026
Tribuna
Libre.- Todos los acontecimientos en
esta vida tienen un origen, a veces perdido en el tiempo. Por ejemplo, sin la
conquista de Constantinopla por parte de los Turcos, quizá se hubiera retrasado
el descubrimiento de América pues no hubiera habido el incentivo de encontrar
otras rutas para obtener productos y comerciar con las indias orientales.
Lo
mismo pasa en la política mexicana. Lo que sigue es un ejercicio de absoluta
ficción, sin ninguna prueba que demuestre absolutamente nada de lo que voy a
comentar a continuación. Y sin embargo,
es un escenario posible.
En el
momento en que el presidente Trump decida resolver el problema del ¨epicentro
de violencia por drogas y terrorismo en América¨, va a voltear a ver a México
con mucho mayor interés y podrá buscar presionar mucho más fuerte a la
presidenta de México para que ella permita el libre tránsito y libre actuación
de los efectivos norteamericanos, destinados a resolver ese problema.
Si la
presidenta se sigue oponiendo, cabe la posibilidad de que la casa blanca libere
buena parte de la información que posee sobre la intervención de las
organizaciones criminales en la elección de 2024. Si hubiera pruebas suficientes de que hubo
intervención de criminales para
beneficiar a la coalición en el poder, esa sería razón suficiente para
legalmente exigir la extinción del gobierno en funciones, de los funcionarios
electos gracias a esos apoyos y componendas con grupos criminales, y la
destrucción de cualquier ley aprobada por mayoría ilegítimas desde el momento
de toma de posesión a la fecha en que suceda.
La
crisis constitucional sería brutal. Los diputados, los senadores, muchos
gobernadores y la presidenta de la república deberían ser destituidos, y todas
las resoluciones legales, acuerdos, circulares, decretos, decisiones en
general, leyes, reformas constitucionales, etc. Quedarían sin efecto.
El
problema fundamental es que en México no tenemos mecanismos legales para
enfrentar una situación de esa naturaleza.
Una situación extrema que nadie pudiera desear que se presentara, pues
la crisis legal y social que pudiera derivar de ello sería enorme.
Sin
mecanismos legales, habría que nombrar un presidente sustituto, pero no habría
congreso de la unión legalmente electo que pudiera llevar a cabo el
procedimiento. Lamentablemente la única
opción sería que un hombre o mujer fuerte tomara el poder, y pusiera orden en
la democracia mexicana, lo cual parece llevar a la posibilidad de un golpe de
estado, para no perder gobernabilidad ni tranquilidad social en México.
Conociendo
la psicología del mexicano, solo una minoría extremadamente radical saldría a
defender con las armas al gobierno del cual se hubiera demostrado que no es
legítimo, así que quizá fuera la única solución viable.
La
secretaría de marina en estos momentos enfrenta una crisis de confiabilidad y
respetabilidad como nunca en la historia
moderna de la institución. Los mandos
que al interior pugnan por un juicio implacable al ex secretario de marina
durante el sexenio de López, y los que defienden a capa y espada ocultar los
delitos cometidos por la institución en ese sexenio, no ha hecho más que
escalar desde el cambio de gobierno federal.
De lo que todos están seguros es de que si no se lleva a cabo una limpia
con la ley en la mano, la Marina Armada de México, su prestigio, y la confianza
que los mexicanos habían depositado en ella durante muchos años, se habrán
perdido por varias generaciones.
Apostar al olvido es una apuesta muy riesgosa.
La
única institución con suficientes efectivos y capacidad de mantener una
relativa paz social en caso de una situación hipotética como la mencionada es
en estos momentos el ejército mexicano, y en el momento en que se presentara la
obligación de salvar a la patria de esa manera, tendría que llevarse a cabo una
limpia al interior de esa institución, ya que es sabido que la corrupción
también ha tocado a mandos que se han aliado a organizaciones criminales para
lucrar haciéndose de la vista gorda.
Si el
ejército no limpiara su propia casa, carecería de legitimidad, lo cual haría
mucho más difícil que se aceptara una toma de gobierno, que curiosamente no
sería un golpe de estado, sino una situación temporal para poner orden en el
país, en tanto se convoca a nuevas elecciones y se reconstruyen las instituciones destruidas a partir
de la entrada de la nueva legislatura en septiembre de 2024.
La
obligatoria detención y posterior juicio de funcionarios y ex funcionarios de
altísimo nivel, obligaría a tomar control de los gobiernos de varios estados
del país, y de las secretarias y principales instituciones del estado mexicano,
para que continúen y mejoren su funcionamiento en beneficio de los mexicanos.
Imaginar
un escenario de este tipo, por muy desagradable que suene a quienes amamos a
México, no es algo absurdo, dadas las
circunstancias actuales de la relación de algunos gobiernos de morena
con organizaciones criminales, catalogadas como enemigos de Estados Unidos.
Pensar
en la violencia que naturalmente se desataría, no únicamente por las
organizaciones que conocemos como cárteles, sino también por las organizaciones
criminales y grupos de choque controlados por el gobierno federal y los
estatales, es algo que sería obligatorio para el plan de pacificación que
tendría que venir una vez consumados los hechos.
México
tendría que pagar un precio muy alto, por la ineficiencia y complicidad de
muchos gobiernos que permitieron el crecimiento de organizaciones criminales,
tanto los cárteles como los grupos criminales que operan desde dentro del
sistema.
Esperemos
que la presidenta pueda entender lo que se viene para México, y saber justificar o capotear los
ataques que seguramente se van a generar contra los enemigos de los intereses
de Estados Unidos en México. Evitar
generar una crisis diplomática. Evitar
envolverse en una bandera que su gobierno no ha sabido defender, al no
enfrentar a los criminales dentro y fuera del gobierno, debería de ser la
principal prioridad de la presidenta de México, y sus asesores. Ello implica dejar la retórica absurda de una
soberanía nacional inexistente y dejar de hablar de masiosares y tonterías que
sólo alimentan a un ávido público interno, pero que nada resuelven ante el
conflicto internacional que se avecina.
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