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*Una investigación revela cómo una red vinculada a un funcionario de la
refinería Lázaro Cárdenas de Minatitlán, en Veracruz, habría concentrado
contratos y supervisión para una compañía donde su esposa en representante
legal; la red acumuló más de 162 millones de pesos en al menos diez contratos
Minatitlán, Ver. | 12 mayo de 2026
Tribuna Libre. - XPECTRO
FM Una operación financiera ilegal, sustentada en la asignación de contratos
millonarios a familiares de un funcionario de la refinería Lázaro Cárdenas de
Minatitlán, permitió el desvío de más de 162 millones de pesos de Petróleos
Mexicanos (Pemex).
Una sola familia se adjudicó al menos diez contratos millonarios mediante un
esquema tan simple como burdo: la contratación de la empresa Soluciones en
Ingeniería y Distribución Comercial, S.A. de C.V. (SEDICOSA), cuya apoderada
legal es Elizabeth López Antonio, esposa de Bernabé Pérez Velázquez,
coordinador de Mantenimientos de Instrumentos de la refinería de Minatitlán.
El entramado fraudulento ha llegado al extremo de que la compañía familiar fue
supervisada, en los trabajos que le fueron asignados, por el propio esposo de
su representante legal, en su calidad de directivo de la refinería, una planta
emblemática por ser la primera en México y Latinoamérica.
Un esquema tan irregular que obligó a la Unidad de Responsabilidades de
Petróleos Mexicanos, en su Área de Denuncias e Investigaciones, y a la
Auditoría Superior de la Federación (ASF) a abrir una investigación que
involucra a altos funcionarios de la planta –entre ellos al Gerente de la misma
refinería, Daniel Edmundo Lira- que autorizaron contratos, trabajos y pagos
millonarios.
El esquema familiar se repitió en distintos contratos, hasta sumar al menos
diez plenamente documentados, lo que derivó en ingresos por casi 162 millones
de pesos, distribuidos en contratos que van desde los 2, 6 y 15, hasta los 60 millones
de pesos, con recursos públicos.
El principal involucrado en el caso, Bernabé Pérez Velázquez, presume en sus
redes sociales desempeñarse como ingeniero de servicio en el área de
instrumentación analítica, además de fungir como coordinador de mantenimiento
en la refinería.
“En el año 2010 me invitan a formar parte de la puesta en marcha de las plantas
del área de reconfiguración de la Refinería de Minatitlán, siendo responsable
de los sistemas de control instalados, como Yokogawa y Emerson, quedándome de
base en esta empresa desde ese año”, presume.
La refinería Lázaro Cárdenas de Minatitlán constituye una de las instalaciones
estratégicas del sistema nacional de refinación de Petróleos Mexicanos, al ser
clave en el procesamiento de crudo y la producción de combustibles que
abastecen buena parte del sur y sureste del país.
En los últimos cuatro años, la planta ha sido objeto de inversiones millonarias
orientadas a su rehabilitación, mantenimiento y modernización, como parte de la
estrategia federal para fortalecer la capacidad de refinación nacional.
Los recursos destinados —provenientes del erario— han buscado incrementar la
eficiencia operativa, reducir paros técnicos y elevar la producción de
combustibles, consolidando a la refinería de Minatitlán como un activo
económico relevante.
Una red de contratos bajo
control familiar
Hasta el momento, se han documentado al menos diez contratos adjudicados a la
empresa familiar, con montos variados para trabajos dentro de la refinería, una
de las instalaciones que más recursos públicos ha concentrado en mantenimiento.
El monto más bajo identificado asciende a 3 millones 816 mil pesos,
correspondiente al contrato número 5100440229. A partir de ahí, se suman otros
contratos registrados bajo los folios 5100442462, 5100442596, 5100442772 y
5100438883, así como los expedientes 5400032434, 5400037065, 5400036902 y
5400036193, los cuales, en conjunto, reflejan una operación de alto volumen
económico al interior de la refinería.
Entre ellos destacan cifras de 60.3 millones, 36.2 millones y 17.4 millones de
pesos, además de otros contratos que oscilan entre los 3.8 y 15.9 millones. En
conjunto, estos montos configuran una red de asignaciones millonarias que, por
su recurrencia y concentración, sugieren un patrón sistemático en la entrega de
recursos.
El entramado quedó evidenciado en una investigación de la Unidad de
Responsabilidades de Petróleos Mexicanos, que identificó una relación estrecha
y una posible colusión entre el funcionario Bernabé Pérez Velázquez y Elizabeth
López Antonio, apoderada legal de la empresa Soluciones en Ingeniería y
Distribución Comercial, S.A. de C.V.
De acuerdo con un documento al que tuvo acceso XPECTRO FM, la revisión de los
contratos formalizados con dicha compañía confirmó la participación de
Elizabeth López Antonio como representante legal, estableciendo así su vínculo
directo en las operaciones bajo análisis.
Se trata del contrato número 5400036193, correspondiente al servicio de
actualización del Sistema de Control Distribuido de la Planta HDG de la
refinería Lázaro Cárdenas de Minatitlán, por un monto de 60 millones 356 mil
438.22 pesos. De acuerdo con las condiciones pactadas, el contrato contempló su
ejecución del 13 de febrero de 2025 al 11 de agosto del mismo año.
A este se sumó el contrato número 5400036455, que estableció el servicio de
mantenimiento de orígenes de datos para la gestión y envío de información desde
los Sistemas de Control Distribuido, con un monto de 2 millones 864 mil 021.06
pesos. El documento fijó como fecha de designación del supervisor el 1 de
noviembre de 2025.
La investigación interna de Petróleos Mexicanos confirmó la participación
directa del servidor público y de la representante de la compañía, quienes, en
su calidad de esposo y esposa, intervinieron tanto en la ejecución como en la supervisión
de los trabajos.
“De los contratos que a continuación se enlistan, se observa la participación
del Servidor Público Ing. Bernabé Pérez Velázquez como Supervisor de los
Contratos y la C. Elizabeth López Antonio como Representante para la ejecución
de los contratos”, concluyó la indagatoria.
Y es que se descubrió que el servidor público Bernabé Pérez Velázquez, fue
designado como supervisor del primer contrato número 5400036193 por el monto de
60 millones 356 mil 438.22 pesos.
Dicha designación se formalizó mediante el documento con folio DGTRI-SPP-GRMIN
—cuya copia posee XPECTRO FM—, emitido por la Dirección General de Petróleos
Mexicanos, a través de la Subdirección de Producción de Petrolíferos y la
Gerencia de la Refinería de Minatitlán.
Es decir, que el Área Usuaria (Gerencia) -con fundamento en el Artículo 40
Fracción LI del Estatuto Transformación Industrial (28/06/2019)-, lo designó
supervisor del contrato asignado a la empresa cuya socia y apoderada aparece su
esposa.
“Las particularidades para supervisar y administrar la ejecución del contrato
serán primer electrónico institucional por la Coordinación de Obras y
Servicios; esto incluirá el cláusula del contrato en formato PDF”, describió y
agregó:
“Con esta designación, usted adquiere las responsabilidades directas para
supervisar la ejecución del contrato mencionado, conforme a lo establecido en
el mismo y la norma que continuación, se destacan, de manera enunciativa pero
no limitativa”.
En los hechos, la cadena de decisiones documentadas no solo evidencia un
conflicto de interés, sino un esquema en el que la supervisión y la ejecución
de los contratos quedaron en manos del mismo núcleo familiar, cerrando el
círculo de control sobre recursos públicos millonarios.
De la denuncia al
expediente
El pasado 16 de enero, la Unidad de Responsabilidades de Petróleos Mexicanos, a
través de su Área de Denuncias e Investigaciones, recibió una denuncia anónima
sobre las irregularidades en las que han incurrido el servidor público, su
núcleo familiar y funcionarios de distintos niveles de la refinería Lázaro
Cárdenas de Minatitlán.
El área especializada en atender casos de corrupción integró el expediente
1134/2026/PPC/PEMEX/DE62 y formalizó el inicio de las actuaciones mediante la
emisión del oficio URPM-ADI-00377-2026-C5, en cumplimiento de las disposiciones
establecidas en el Reglamento Interior de la Secretaría Anticorrupción y Buen
Gobierno y en los lineamientos para la atención e investigación de denuncias,
según consta en el documento emitido por Petróleos Mexicanos.
“En cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo dictado dentro del expediente
1134/2026/PPC/PEMEX/DE62, por la Titular del Área de Denuncias e
Investigaciones de la Unidad de Responsabilidades de Petróleos Mexicanos y, en
auxilio en el ejercicio de sus facultades, de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 74, fracción XXI y 77, párrafo segundo, del Reglamento Interior
de la Secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, así como de los diversos
artículos 2, fracción XX y 16, fracción IX, del "Acuerdo” por el que se
emiten los Lineamientos para la atención e investigación de denuncias",
por este medio se notifica el oficio URPM-ADI-00377-2026-C5”, señala el
documento emitido por Pemex.
La denuncia fue recibida a través de los correos electrónicos atencion.ciudadana@pemex.com y requerimientos.denuncias@pemex.com, así como por
correspondencia dirigida a la Oficialía de Partes de la Unidad de
Responsabilidades de Petróleos Mexicanos, ubicada en la alcaldía Miguel
Hidalgo, en la Ciudad de México.
“Por último, le informo que la confirmación electrónica de entrega funge como
acuse de recibo y surte efectos de notificación; no obstante, le solicito
atentamente confirme la recepción del presente correo por este mismo medio,
adicional a la confirmación de lectura”, señala la empresa productiva del
Estado, notificación que fue confirmada por la denunciante anónima.
Con ello, la denuncia no solo quedó formalmente registrada, sino que activó el
aparato institucional de investigación, colocando bajo escrutinio una red de
presuntas irregularidades que alcanzan tanto al servidor público como a su
entorno familiar y a funcionarios de distintos niveles dentro de la refinería.

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