Se registra como aspirante de Morena cómplice de Rocha Moya; replicó esquema de licitaciones simuladas en Congreso

  

***María Teresa Guerra, defensora de las cuentas públicas presentadas por Rocha Moya ante el Congreso local, se registró como aspirante a candidata de Morena a la gubernatura de Sinaloa.  

                      Ciudad de México| 30 junio de 2026  

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Tribuna Libre. -  (XPFM) La ahora presidenta con licencia de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Sinaloa, Teresa Guerra Ochoa, una de las principales aliadas de Rubén Rocha Moya, busca ser la abanderada de Morena rumbo a la gubernatura del estado el próximo año. 

En una clara maniobra para proteger al ex gobernador acusado por narcotráfico en Estados Unidos, su principal operadora en el legislativo sinaloense se inscribió el sábado anterior en esta ciudad para contender con otros 12 aspirantes que buscan la candidatura oficialista. 

Teresa Guerra junto con legisladores morenistas le dio el visto bueno a las cuentas públicas revisadas por el Congreso local entregadas por el gobierno de Rocha Moya, a pesar de las irregularidades denunciadas y que ahora son señaladas desde la Fiscalía de los Estados Unidos. 

En su paso por la Legislatura del Estado -según documentos en poder de XPECTRO FM- asignó dos contratos por 62.5 millones de pesos para la construcción de las instalaciones de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, mediante licitaciones cuestionadas, sobrecostos por más de seis millones de pesos y una obra pública que acabó siendo observada por la Auditoría Superior, replicando los pasos de Rocha Moya 

La investigación sobre el esquema de contratación pública que se documentó en “La Banda Sinaloense del Gobernador Rocha Moya” —actualmente buscado por las autoridades de Estados Unidos por sus presuntos vínculos con el narcotráfico— no se limitó al Poder Ejecutivo, sino que alcanzó al Poder Legislativo de Sinaloa. 

La revisión de los expedientes oficiales reveló que el mismo patrón de competencia simulada, modificaciones contractuales y deficiente planeación se llevó a cabo en la Legislatura, cuya presidenta era Guerra Ochoa, quien hoy busca la candidatura de Morena a la gubernatura. 

A su paso por la presidencia de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Sinaloa, María Teresa fue criticada por permitir presuntos actos de nepotismo al presentarse sustituciones en curules por personas con relaciones familiares directas, situación que culpó a su partido, Morena. 

Uno de los casos más emblemáticos fue el del diputado Juan Carlos Patrón Rosales, quien pidió licencia para, desde septiembre de 2025, ser representante de la Procuraduría Agraria en Sinaloa; sin embargo, fue sustituido por su esposa, la ahora diputada Elizabeth Ramírez Tirado. 

La cónyuge es identificada como presidenta del Consejo de Administración de la empresa Acuícola White Fish S.C. de R.L. de C.V., constituida el 25 de febrero de 2013 en Mazatlán, Sinaloa, y en la cual su esposo es también socio. 

Un segundo caso emblemático fue el del diputado Genaro García Castro —sometido a un proceso de desafuero por presuntos actos de corrupción en 2021, cuando fue secretario del Ayuntamiento de Ahome—, quien fue sustituido por su primo Hóliner Castro Marañón. 

Simulaciones y sobrecostos 

De acuerdo con documentos oficiales, el esquema de simulación de licitaciones también incluyó al Congreso del Estado de Sinaloa, con dos obras para el mismo fin, asignándolas a diversas empresas y con evidentes vicios durante las licitaciones. 

Los propios informes oficiales dan cuenta de que, mediante la Licitación Pública Nacional número LPN No. HGES-SG-OP-LPN-001-2024, se concursó ese año la construcción de la primera etapa del edificio complementario de dos niveles para las instalaciones de la Auditoría. 

Durante el proceso hubo dos licitantes que, curiosamente, ofrecieron la misma cantidad. 

El primero, mediante propuesta conjunta, fue integrado por las empresas Constructora Ceseco S.A. de C.V. y Diseños y Construcciones González S.A. de C.V.; el segundo estuvo conformado por dos empresas morales y una persona física (Pima Gerencia de Proyectos y Construcciones S.A. de C.V., Mospal Construcciones S.A. de C.V. y Arturo Hernández Pérez). 

La asignación del contrato por 27 millones 184 mil 495 pesos fue para las empresas Constructora Ceseco S.A. de C.V. y Diseños y Construcciones González S.A. de C.V., según consta en el contrato HCES-SG-OP-002-2024, de fecha 8 de julio de 2024. 

Sin embargo, para el 27 de septiembre de ese mismo año se realizó un convenio modificatorio para incrementar el costo del presupuesto asignado a dicha obra en 8.56 por ciento, es decir, 2 millones 350 mil 704 pesos más de lo contemplado en el contrato inicial. 

La justificación fue un dictamen técnico en el que se señaló un presunto ajuste por volúmenes adicionales de obra y conceptos no previstos en el catálogo (obra extraordinaria), por lo cual el monto real contratado fue de 29 millones 535 mil 200 pesos. 

La obra en su conjunto recibió observaciones en el Informe Individual de la Revisión y Fiscalización Superior 2024 de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, pues si bien las obras, en su primera etapa, estaban ejecutadas, las instalaciones eran inoperantes e incluso se encontró que el Congreso del Estado no había emprendido las acciones necesarias que permitieran que dichos trabajos continuaran hasta su total conclusión, operación, uso y óptimo aprovechamiento del edificio. 

La observación número 69 encontró que faltaban por ejecutarse diversas obras prioritarias, complementarias y accesorias, como muros perimetrales, albañilería, acabados y recubrimientos, pintura e impermeabilización, instalaciones eléctricas, hidrosanitarias, de voz y datos, contraincendios, aires acondicionados, trabajos de puertas, cancelería y carpintería. 

Además de una subestación eléctrica y demás trabajos de media tensión, mobiliario y equipamiento, cisterna, elevadores, escaleras de emergencia, planta de emergencia, obras exteriores y señalización pertinente; y que carecía de los servicios básicos de energía eléctrica, agua potable y alcantarillado sanitario por parte de los organismos operadores. 

Ante los señalamientos, durante el ejercicio 2025 se licitó la segunda etapa de la obra, adjudicando el contrato HCES-SG-OP-LPN-001-2025, con fecha 25 de julio de 2025, ahora a la empresa Proseco Construcciones S.A. de C.V., por la cantidad de 35 millones 489 mil 228 pesos. 

Durante la licitación se repitió el mismo procedimiento del ejercicio 2024; es decir, los otros licitantes participantes ofrecieron la misma cantidad. 

Para este segundo contrato, el representante legal de Constructora Ceseco S.A. de C.V. (la cual construyó la primera etapa) manifestó su inconformidad por haber quedado descalificada por omitir la instalación de tapial, la limpieza de los trabajos y el cartel informativo, por lo que anunció que se inconformaría. 

Y se repitió el mismo patrón, pero ahora con ocho meses de diferencia: el Congreso realizó de nueva cuenta un convenio modificatorio —firmado el 11 de febrero de 2026— para incrementar en 12.84 por ciento el monto asignado a la obra. 

Es decir, 4 millones 554 mil 202 pesos, por lo cual el monto final de la obra, en su segunda etapa, fue de 40 millones 43 mil 430 pesos. 

La obra en su conjunto recibió observaciones de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, sobre todo en materia de Planeación, Programación y Presupuestación de la Obra Pública. 

La Auditoría Superior del Estado determinó que las irregularidades detectadas en la obra contravinieron disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Sinaloa, la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa, la Ley de Austeridad para el Estado de Sinaloa y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa. 

De igual forma, concluyó que fueron incumplidas disposiciones del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; y aunque el Congreso del Estado presentó evidencia de la continuidad de los trabajos para una segunda etapa del edificio, la Auditoría señaló que no acreditó la conclusión ni la operación de la obra, por lo que la observación permaneció vigente. 

Y es que, según el resultado número 67 de las auditorías, no se encontraron debidamente elaboradas las etapas del Programa Anual de Inversión en Obra Pública 2024, así como su modificación, autorizadas por el Comité de Obras Públicas del Poder Legislativo del Estado de Sinaloa. 

Se detectaron inconsistencias en las fechas de iniciación y terminación de las obras públicas y servicios relacionados con las mismas en todas sus fases; así como en la terminación de obras en proceso, las obras inconclusas y las complementarias que sean indispensables para el buen funcionamiento de las obras públicas existentes.   

 

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