José Miguel Cobián | 02 julio de 2026
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Tribuna Libre. - El devastador doble terremoto que sacudió el norte de Venezuela el 24 de junio de 2026, con magnitudes de 7,2 y 7,5, ha dejado una estela de destrucción que va más allá de lo que podría explicarse únicamente por la fuerza de la naturaleza. Con más de 1,700 fallecidos, miles de heridos y 189 edificios completamente colapsados, la tragedia exige un análisis profundo. No fue un solo factor, sino una combinación letal de negligencia, corrupción e improvisación lo que convirtió un sismo en una catástrofe de proporciones bíblicas.
Venezuela se asienta sobre una zona de alta actividad sísmica, cerca del límite de las placas del Caribe y Sudamericana. Esta condición geológica no es un secreto; es un hecho conocido que debería dictar cada aspecto de la planificación urbana y la construcción. Sin embargo, el conocimiento de esta amenaza no se tradujo en prevención.
Los expertos coinciden en que el colapso generalizado responde a una confluencia de factores. Por un lado, gran parte de los edificios derrumbados fueron construidos en las décadas de 1950 y 1960, antes de que se adoptaran normativas antisísmicas modernas, y nunca fueron adaptados.
Pero el problema es más grave y actual. La arquitecta venezolana Susana Carrillo González señala un punto crítico: la norma antisísmica COVENIN 1756 existe y está actualizada, el problema real es la falta de fiscalización por parte del Estado. El gobierno permitió que se construyeran edificaciones inapropiadas en suelos no aptos. Zonas como La Guaira, asentadas sobre sedimentos y depósitos de aluviones, vieron cómo se levantaban torres de concreto con "planta baja blanda"—espacios abiertos en la base que, al carecer de muros de resistencia, se convierten en un punto vulnerable donde todo el peso del edificio se concentra durante un sismo, provocando el temido "efecto pancake".
El ingeniero David Cocke lo confirma: la combinación de suelos blandos, torres altas y estructuras de concreto antiguas o mal construidas crea un escenario de alto riesgo.
Más allá de la negligencia, emerge la sombra de la corrupción. Venezuela ocupa el puesto 180 de 182 en el Índice de Percepción de la Corrupción, y este desastre es un reflejo de esa realidad. Expertos internacionales señalan que es "probable" que la corrupción haya contribuido a la construcción deficiente. Se escatimó en materiales, se colocó menos acero del necesario para abaratar costos, y se construyó con una rapidez que priorizaba la apariencia sobre la seguridad.
El caso del Urbanismo Hugo Chávez en Catia La Mar es emblemático. Este complejo de 192 edificios y 3,400 apartamentos, construido por el gobierno, quedó inhabitable. Entre los escombros quedaron al descubierto tablas de madera, vigas y espuma de poliuretano amarilla. No hormigón ni acero, sino espuma, un material que denota la más absoluta falta de calidad y control. El Colegio de Ingenieros de Venezuela había advertido sobre la vulnerabilidad de estos edificios y la falta de estudios de suelo, pero sus advertencias fueron ignoradas.
Mientras en Venezuela los edificios caían como castillos de naipes, la comparación con países como Chile es inevitable. Chile, también altamente sísmico, ha adoptado sistemas constructivos con muros estructurales que resisten los terremotos. Su éxito no reside solo en normas más estrictas, sino en una fiscalización rigurosa que se ha convertido en parte de su cultura de la construcción. Venezuela, en cambio, tiene "normativas excelentes, pero se quedan en el papel porque nadie fiscaliza".
El terremoto de 2026 no ha sido un "acto de Dios". Ha sido, en gran medida, un desastre provocado por la mano del hombre. La combinación de suelos inadecuados, construcciones deficientes, corrupción y, sobre todo, la ausencia total de un Estado que supervise y haga cumplir la ley, ha cobrado un precio incalculable en vidas humanas.
Mientras los equipos de rescate aún buscan entre los escombros, la pregunta que queda flotando en el aire, entre el polvo y el dolor, es cuántas de estas muertes pudieron haberse evitado. La respuesta, aunque dolorosa, es clara: casi todas.
A estas alturas, sabemos que la presidenta en funciones ha tratado de lucrar con la tragedia. El escándalo de la solicitud al Topo Mayor, pidiendo que diera las gracias a la presidenta venezolana lo ha dejado en evidencia.
La actitud de Diosdado Cabello, prohibiendo a los rescatistas internacionales acudir a ciertas zonas residenciales de alto poder adquisitivo ha desatado sospechas de que en esas zonas hay dinero en efectivo y joyas en cajas de seguridad, así como el posible almacenamiento de drogas, que Diosdado no quiero que aparezcan en los noticieros.
El gobierno corrupto de Venezuela sigue activo y dañando a los venezolanos, después de la farsa de la intervención norteamericana, que para lo único que ha servido es para atender a los intereses del inquilino de la casa blanca y sus asociados en las compañías mineras y petroleras.
México también está a sufriendo las consecuencias de un gobierno populista que ha destruido el sistema de salud pública, el de rendición de cuentas, y hasta el de protección civil. Poco a poco hemos visto el daño y muertes, que causa la falta de prevención, la falta de aviso e incluso la falta de mantenimiento, así como la corrupción en obras insignia como el descarrilamiento del tren trans-ístmico, o la línea doce del metro. El huracán en Acapulco del cual nadie avisó, y cuyos 900 millones de pesos para ayuda se extraviaron en las manos de la alcaldesa posteriormente reelecta. Paradoja y para joda que se llevan los acapulqueños.
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