*Proponer a la gobernadora Rocío Nahle reformar ordenamientos para que en obras donde no se cuente con documento de propiedad, pueda validarse con una constancia emitida por la SEV.
Xalapa, Ver. | 22 julio 2026
Tribuna
Libre. - La
Diputación Permanente de la LXVII Legislatura recibió la iniciativa de decreto,
enviada por la gobernadora Rocío Nahle García, con la que busca incentivar la
inversión en infraestructura educativa, en beneficio de niñas, niños y
adolescentes, superando las complejidades del estatus jurídico de los inmuebles
donde estén asentados los centros educativos.
En dicho proyecto, la mandataria propone al
Congreso incorporar el Artículo 35 Bis a la Ley de Fiscalización Superior y
Rendición de Cuentas para que, tratándose de proyectos de inversión en
infraestructura educativa cuyo propósito sea la construcción, mantenimiento o
equipamiento de planteles educativos públicos, el Órgano de Fiscalización
Superior del estado (Orfis) fiscalice el manejo, custodia y aplicación de los
fondos y recursos públicos estatales y municipales destinados a ello, para lo
cual verificaría su aplicación en inmuebles con propiedad debidamente
acreditada a favor del ente fiscalizable correspondiente.
Precisa que, en caso de que la propiedad se
encuentre en trámite de ser regularizada y adquirida por el ente fiscalizable,
o que no pertenezca a la federación, al estado o a los municipios, el organismo
autónomo verificaría que se cuente con la constancia de la Secretaría de
Educación de Veracruz (SEV), con la cual acredita la operación regular del
plantel educativo, el reconocimiento de validez de su funcionamiento y la matrícula
mínima de alumnos del ciclo escolar correspondiente.
Igualmente, plantea agregar un tercer párrafo
al Artículo 19 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas
del Estado para indicar que, tratándose de obras públicas y servicios
relacionados con ellas que realizan los entes públicos en materia de
infraestructura educativa y la propiedad, los derechos de propiedad o los
otorgados por quien pueda disponer legalmente de los mismos se encuentren en
proceso de regularización, podrá acreditarse por parte de los entes públicos
con la constancia de la SEV en la que se acredita. la operación regular del
plantel educativo, el reconocimiento de validez de su funcionamiento y la
matrícula mínima de alumnos del ciclo escolar correspondiente del centro donde
se ejecutan las obras.
La iniciativa añade que con esta modificación
se mantendría el control del Orfis en las tareas de revisión de ingresos,
egresos y deuda pública sobre todos los entes fiscalizables, pero permitiría
que en los casos donde no se cuente con el instrumento público que acredita la
propiedad del inmueble donde se encuentra la escuela, pueda ser validado por la
SEV.
Dicha validación contendría que en el inmueble
opera el centro educativo, con los registros correspondientes y una matrícula
por ciclo escolar establecido, lo cual “permitirá garantizar que los recursos
fueron aplicados a un centro escolar, sin que por ello se configure una falta
que afecte la aplicación de dichos recursos”.
Por último, la iniciativa prevé precisar en la
ley mencionada que, cuando se realice todo tipo de acciones para crear,
construir, conservar, demoler o modificar bienes inmuebles donde se aloje un
centro educativo, y la propiedad, los derechos de propiedad o incluso los
derechos otorgados por quien pueda disponer legalmente de los mismos no se
encuentren plenamente regularizados a favor de los entes públicos que ejecutan
dichas obras, podrá acreditarse la situación jurídica con la constancia emitida
por la SEV.
La iniciativa fue turnada por la Mesa
Directiva a la Comisión Permanente de Vigilancia, para su análisis y dictamen.
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