*Se pagarán los pasivos y luego recuperarán el dinero.
*Ayuntamientos
veracruzanos ya no le deberán a la Federación sino al Estado.
Xalapa, Ver. | 20 agosto 2026
Tribuna
Libre. – La Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) podrá liquidar la
deuda que los 212 municipios puedan tener con el Sistema de Administración
Tributaria (SAT) y la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).
Esto
en la medida de la disponibilidad de recursos del Estado, con la finalidad de
sanear los adeudos de los organismos operadores del agua, de acuerdo al decreto
emitido por la gobernadora Rocío Nahle García.
La
titular del Ejecutivo instruyó así al titular de la Sefiplan, para que de
manera extraordinaria y sujeto a la disponibilidad presupuestaria, aplique
recursos públicos estatales para cubrir directamente, ante la autoridad federal
acreedora y por cuenta y orden del municipio de que se trate y/o de sus
organismos municipales, las obligaciones previamente identificadas y validadas,
sin ministración de numerario al municipio, generándose a cargo de éste la
obligación de reintegrar a la Hacienda Pública Estatal la porción recuperable
que se determine conforme a los convenios que al efecto se celebren.
Con
base al Convenio de Coordinación Fiscal, el gobierno de Veracruz podrá saldar
la deuda y posteriormente, con base a los contratos que se firmen, se
recuperará el dinero en los plazos que se establezcan.
En
el decreto la Mandataria precisó que ello no implica que los ayuntamientos adeuden
al SAT o a CONAGUA, sino a la administración estatal.
La
gobernadora precisó que los mecanismos de apoyo financiero previstos en el
Decreto tienen por objeto facilitar el cumplimiento de obligaciones fiscales y
administrativas preexistentes de los municipios mediante esquemas de
coordinación y recuperación de recursos públicos.
Destacó
que la coordinación institucional y la regularización de adeudos históricos o
corrientes ante la Federación y la Comisión Nacional del Agua generarán
condiciones que favorezcan una administración financiera más ordenada,
sostenible y apegada a los principios de responsabilidad hacendaria, asegurando
una gestión eficiente en beneficio de la población del Estado.
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