La firma Agencia de Consultoría Internacional transfirió a Ingemar su permiso para importar combustibles. Sus miembros luego constituyeron otras empresas periféricas para el contrabando de combustible y blanqueo de recursos, según la acusación de la Fiscalía contra el exgobernador del PAN.
Ciudad de México. | 25 septiembre 2026
Tribuna
Libre. – La red de huachicol que la Fiscalía de México atribuye al exgobernador
de Baja California Ernesto Ruffo comenzó a tejerse antes de su ingreso a
Ingemar —la principal compañía investigada— e implica a un puñado de
empresarios y firmas que han orbitado desde hace años el negocio de contrabando
de combustible desde Estados Unidos y el blanqueo de recursos. El político
opositor, militante del PAN, de 74 años, es señalado por la Fiscalía General de
la República (FGR) como uno de los principales orquestadores de una
organización criminal que, según la acusación, ingresó a México de contrabando
18 millones de litros de gasolina y diésel en 2025. Sin embargo, la orden de
aprehensión girada por el juez, a la que el país ha tenido acceso, permite ver
que la trama nació en 2021, al menos cuatro años antes de la llegada de Ruffo a
Ingemar. Esta red criminal además se conecta con otros grandes casos de
huachicol y lavado de dinero más allá del exgobernador panista.
La
Fiscalía sostiene que, a través de las aduanas de Matamoros y Nuevo Laredo,
Estado de Tamaulipas, frontera con EE UU, Ingemar introdujo 163 ferrotanques
con combustible declarando una cantidad mucho menor a la que realmente transportaban,
con lo que evadió, presuntamente, el pago de 166,4 millones de pesos en
impuestos. Esos cargamentos provenían de una decena de exportadores de Estados
Unidos y, tras la mediación de Ingemar, que hizo los trámites aduanales,
llegaron casi en su totalidad a un comprador mexicano, Crismon Hidrocarburos y
Derivados.
La
función de Ruffo en la conspiración era, según la Fiscalía, la de “legitimar”
las operaciones ilícitas de la red de huachicol, aunque también lo acusa, junto
a otros imputados, de ser “uno de los controladores” de la estructura criminal.
También lo señala, en tanto que secretario del consejo de administración de
Ingemar, de “diseñar” el esquema de simulación aduanera y fiscal, “coordinar” a
los operadores que ejecutaban directamente los delitos, y “beneficiarse
económicamente” de las operaciones ilícitas. El entorno del exgobernador, quien
está recluido en el temible penal del Altiplano, sostiene que los negocios
turbios se llevaron a cabo a sus espaldas. “A él lo invitaron a unirse a Ingemar
porque les convenía el peso que tiene su apellido”, sostiene Verónica Ruffo, su
hija. “Fue el tonto útil”, comenta por su parte uno de sus asesores legales,
que ha pedido reservar su nombre.
Antes
de Ingemar, existió la empresa Agencia de Consultoría Internacional,
constituida en 1992 con un giro comercial dirigido a los estudios de mercado.
En 2016, la firma designó como su delegado a Hugo Botello García, un personaje
que se volvería relevante en la trama del huachicol atribuida a Ruffo. En mayo
de 2017, Agencia de Consultoría Internacional cambió radicalmente su objeto
comercial para entrar en el negocio de los hidrocarburos, desde su importación
o exportación a su almacenamiento, transporte y venta. En marzo de 2018, la
Secretaría de Energía le otorgó un permiso para comercializar petrolíferos.
Esta es la autorización que, de acuerdo con la orden de aprehensión, Agencia de
Consultoría Internacional traspasó a Ingemar en julio de 2024. Y es el permiso,
precisamente, que se usó en el contrabando investigado ahora por la FGR.
Botello
—que, pese a su rol central, no está incluido entre las personas denunciadas
por la Fiscalía— comenzó a urdir la infraestructura corporativa del huachicol
fiscal desde Agencia de Consultoría Internacional. Le ayudaron, presuntamente,
Oscar Mauricio García Cornejo y Carlos Xavier Treviño Sepúlveda, que en esa
misma empresa fungían como accionista y administrador único, el primero, y
representante legal, el segundo.
El
expediente judicial permite establecer una línea del tiempo de los hechos.
Botello, de 45 años y originario de Ciudad de México, constituyó en abril de
2018 la firma Lambrucar, donde García Cornejo y Treviño Sepúlveda tendrían
funciones de representación legal. Ingemar se creó en agosto del mismo año. En
noviembre, esta última modificó su giro para entrar en el negocio de los
hidrocarburos. El exgobernador Ruffo se volvió accionista de Ingemar tres años
después. Mientras se creaban Lambrucar e Ingemar, Agencia de Consultoría
Internacional tramitaba el permiso para comercializar combustible.
Otro
socio importante en Lambrucar es José Luis Rangel Martínez, que fue su
representante legal, como lo fue también en Crismon Hidrocarburos y Derivados,
la firma con la que Ingemar tuvo el mayor intercambio de dinero, al ser la
compradora de la gasolina y diésel introducidos a México por la empresa de
Ruffo. Según las indagatorias de la Fiscalía, Crismon transfirió en 2025 a
Ingemar 10.132,4 millones de pesos (600 millones de dólares).
La
FGR considera a Crismon el principal vehículo de financiamiento de la red. Esta
compañía envió 388,4 millones de pesos a las cuentas de Treviño Sepúlveda,
quien a su vez le retornó 417,5 millones. Crismon también pagó a Lambrucar
109,6 millones, y otros 359,2 millones a la firma Mapror. En esta última,
fundada en junio de 2019, Treviño Sepúlveda figura como accionista y
representante legal junto a Rangel Martínez (el representante de Ingemar,
Crismón y Lambrucar).
El
expediente judicial señala que Mapror, por sí misma, está involucrada en otra
carpeta de investigación de la Fiscalía de febrero de 2025 por introducir cerca
de dos millones de hidrocarburos de manera ilícita a través de aduanas
fronterizas. A su vez, García Cornejo, uno de los socios de Botello, es
investigado por un caso de lavado de dinero de 87 millones de pesos mediante la
facturera Viasunsa Ventures. Rangel Martínez, García Cornejo y Treviño
Sepúlveda están incluidos en la orden de aprehensión librada por el juez por el
caso de Ingemar, pero ninguno ha sido detenido.
La
red criminal tejida en torno a Ingemar se conecta con otro gran caso de
contrabando de combustible en el que, de acuerdo con la FGR, estuvieron
implicados tres mandos del Ejército (prófugos). Crismon y Lambrucar
transfirieron en 2025 alrededor de 91 millones de pesos a las empresas Jumandi
Group y Ferroservicios. Según una investigación periodística revelada en julio,
estas dos últimas se asociaron con Servicios Aduanales JR —del empresario
Armando III Riestra Fernández, detenido— para traficar 144 millones de litros
de hidrocarburos entre 2024 y 2025 a través de la aduana de Matamoros,
Tamaulipas.
En
el expediente sobre Ingemar, la Fiscalía acusa a Servicios Aduanales JR de
introducir dos ferrotanques, de los que se declaró falsamente que transportaban
solución de cloruro de sodio, cuando en realidad se trataba de gasolina y
diésel. Este ilícito, según el documento, supuso la evasión del pago de 2,2
millones de pesos en impuestos. La Fiscalía afirma que Servicios Aduanales JR
contó con la ayuda del agente aduanal Víctor José Carretero Zardeneta
(prófugo), que es investigado por otro caso de contrabando de 142.000 litros de
combustible.
El
hecho de que varias empresas y personas de la trama de Ingemar se vinculen a
otros grandes casos de corrupción apunta a cómo el huachicol fiscal y el
blanqueo de recursos confluyen; cómo un puñado de compañías y representantes
controlan gran parte de los hilos en un plan diseñado con anticipación; y cómo
el delito se multiplica casi siempre por las mismas aduanas fronterizas.
La
Fiscalía ha capturado a algunos de los personajes más visibles en la trama de
Ingemar, caso del exgobernador. Desde prisión, Ruffo, por medio de su hija, ha
relatado a este periódico que fue invitado a Ingemar por Ricardo Thompson
Ramírez, uno de los principales accionistas de la firma junto a José Merino
Valdez Cuervo (ambos están detenidos). “Mucha gente siempre se le acercaba a mi
papá para invitarlo a proyectos, a empresas”, dice Verónica Ruffo. Su padre,
añade, no aceptó la invitación en un primer momento, pero se mantuvo como
“asesor”.
“Mi
papá los asesora y ya luego, si ve que camina el proyecto, decide si se suma o
no. Y cuando empezó a ver que el negocio sí iba a caminar, pidió que le dieran
un porcentaje de la asociación”, comenta. La adquisición de acciones ocurrió en
2021.
La
hija del político panista señala, según el relato de su padre, que Ruffo
“comenzó a sospechar” que algo estaba mal en marzo de 2024, cuando viajó a
Monterrey, capital de Nuevo León, a una reunión con los socios de Crismon para
“firmar unos documentos notariados”. Con él fueron Valdez Cuervo y Guadalupe
Hernández Hinojosa, apoderada legal de Ingemar, ya detenida.
“Algo
no le cuadra ahí”, dice la hija. Ruffo se percató de que los pedimentos de
combustible requeridos a Ingemar anotaban cantidades de 10.000 litros. El
exgobernador encaró a Hernández, a quien le pidió una explicación, puesto que
los carrotanques utilizados en el transporte del producto eran de mucha mayor
capacidad. Hernández le replicó que “así venían los pedimentos”, según Verónica
Ruffo. Precisamente, la acusación de la FGR señala que la mecánica del
contrabando de Ingemar era declarar solo el 10% de lo que realmente se
transportaba.
A
raíz de eso, continúa el relato, Ruffo contrató de manera personal a dos
abogados para que le ayudasen a averiguar qué estaba sucediendo en la empresa
de la que era accionista. El exgobernador quiso salirse, dice su hija,
vendiendo su participación, pero Valdez Cuervo no se lo permitió. Luego,
Crismon ofreció comprarlas; Ruffo aceptó, pero el dinero de la compra, asegura
ella, se le pagó a Valdez Cuervo. Esto motivó una ruptura entre los socios.
El
expediente judicial registra una transferencia de 18 millones de pesos de
Ingemar a Ruffo entre 2024 y 2025, “lo que pone de manifiesto su participación
en el aprovechamiento de los recursos generados por la actividad ilícita”, de
acuerdo con la Fiscalía. Verónica Ruffo asegura que, en realidad, se trató de
un préstamo, aunque la investigación no reporta algún retorno económico de
parte del exgobernador a la empresa. Ernesto Ruffo fue llamado a declarar por
primera vez en noviembre de 2025. Le detuvieron en julio de este año.
Su
hija asegura que el político panista no sabía del contrabando de combustible de
Ingemar, ni de los nexos de la red con otros casos de corrupción. Tampoco
sabía, asegura ella, de los personajes que estuvieron en el origen de la trama
ni de las empresas que constituyeron para llevar a cabo el delito.
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