Periodistas de Acayucan denunciaron recientemente amenazas, acoso digital y campañas de desprestigio en Facebook tras realizar coberturas críticas hacia la administración municipal del alcalde Raúl David Salomón García
*Desde la semana pasada, periodistas viven bajo tensión, denuncian amenazas y hostigamiento tras coberturas críticas al gobierno municipal. Temen mayores consecuencias. Y sin un pronunciamiento oficial.
*La
Asociación de periodistas ha solicitado al presidente municipal fije un
posicionamiento al respecto y se garantice la seguridad de los comunicadores.
*
Señalan mensajes intimidatorios y campañas de descalificación en redes
sociales; hasta ahora no existen pruebas públicas que acrediten responsabilidad
de funcionarios municipales.
*Las
críticas hacía el ayuntamiento que preside Raúl David Salomón García, se tornaron
cuando ordenaría cerrar la reja del palacio municipal, para impedir el acceso de
una persona representante del juzgado primero de primera instancia y la
dirigente del sindicato de trabajadores al servicio del ayuntamiento al perder
un laudo laboral y tener que pagar 37 MDP, a favor de varios empleados
supuestamente despedidos por autoridades anteriores.
Acayucan, Ver. | 28 septiembre 2026
Francisco Aceves
Tribuna
Libre. – El ejercicio periodístico en Acayucan atraviesa un escenario de
tensión luego de que varios comunicadores denunciaran amenazas,
descalificaciones y hostigamiento a través de redes sociales, particularmente
después de publicar contenidos críticos sobre la administración municipal
encabezada por el alcalde morenista Raúl David Salomón García.
Los señalamientos involucran principalmente a periodistas que cubren información política, policiaca y social en el municipio. Entre los comunicadores que han denunciado actos de intimidación se encuentran Carlos González Alonso y Enrique Quiroz García, quienes refieren haber recibido mensajes con advertencias sobre posibles agresiones físicas.
A
estos casos se suman los de José Luis Ortega Vidal y Jesús Rodríguez Damián,
quienes han sido objeto de publicaciones en redes sociales en las que se les
acusa, entre otros señalamientos, de presunta extorsión y se les califica de
manera despectiva como “chayoteros”.
También
han sido mencionados los creadores de contenido informativo Federico Alvarado y
Lázaro David Chávez, en un contexto de creciente confrontación digital entre
comunicadores y actores vinculados a la actividad política local.
Señalamientos
sin pruebas públicas concluyentes
Algunos
de los periodistas afectados han expresado sospechas sobre una posible
participación de personas relacionadas con áreas de comunicación social o
asesoría política del Ayuntamiento.
Sin
embargo, hasta el momento no se han presentado públicamente pruebas
concluyentes que acrediten la participación de funcionarios municipales en las
amenazas o campañas de hostigamiento. Tampoco se ha difundido un
posicionamiento oficial del alcalde Raúl David Salomón García que confirme o
responda específicamente a estas acusaciones.
La
diferencia entre los señalamientos difundidos en redes sociales y los hechos
que puedan ser acreditados mediante una investigación formal resulta relevante
en un contexto donde las acusaciones pueden tener consecuencias tanto para los
periodistas como para los funcionarios señalados.
También
surgen cuestionamientos en el ámbito político
La
tensión no se limita al gremio periodístico. En el ámbito político municipal
también se han registrado cambios en la actividad pública de la regidora de
Movimiento Ciudadano, Monserrat Mendoza Arvea, quien dejó de publicar en redes
sociales información relacionada con las sesiones de Cabildo, una práctica que
había mantenido mientras expresaba críticas hacia la administración municipal.
El
contexto se complicó después de que la Fiscalía General del Estado realizara un
cateo en una plaza comercial perteneciente a su familia y posteriormente se
informara sobre la vinculación a proceso de su padre, Fernando Mendoza
Villanueva, notario público número 10 con sede en Catemaco.
En
redes sociales han circulado versiones que relacionan estos acontecimientos con
el gobierno municipal. No obstante, esas versiones no constituyen por sí mismas
una atribución de responsabilidad legal y no existe, en la información
disponible públicamente, una determinación que establezca esa relación.
Crece
la preocupación por la libertad de expresión
Los
casos denunciados colocan nuevamente bajo atención las condiciones en las que
periodistas y comunicadores locales desarrollan su trabajo, particularmente
cuando sus coberturas incluyen cuestionamientos a autoridades o actores políticos.
Las
amenazas directas, el acoso digital y las campañas de descalificación pueden
representar un riesgo adicional para quienes ejercen labores informativas, por
lo que cualquier denuncia formal debería ser investigada por las autoridades
competentes y, cuando corresponda, activar los mecanismos de protección
disponibles para periodistas y defensores de derechos humanos.
En
Acayucan, el episodio mantiene bajo atención a periodistas, funcionarios y
organizaciones relacionadas con la libertad de expresión, mientras permanecen
pendientes investigaciones que permitan determinar responsabilidades concretas.
¿Deberían
activarse de oficio los mecanismos estatales de protección ante campañas de
amenazas o difamación digital contra periodistas locales?
Este
miércoles 23 de septiembre del presente, trascendió que el munícipe morenista
Raúl David Salomón García, ordenaría cerrar la reja del palacio municipal, y se
negaría dialogar con una persona representante del juzgado primero de primera
instancia y la dirigente del sindicato unificador de trabajadores al servicio
del ayuntamiento de Acayucan, al perder un laudo laboral y tener que reinstalar
a más de 30 empleados sindicalizados y pagar 37 MDP por salarios caídos.
Se
habla que ese día el alcalde, realizaría varias llamadas a la ciudad de Xalapa,
y mantuvo su postura de no atender a la representante de la instancia civil y
dirigente sindical. Eso habría provocado las críticas a su negación. Al momento
se desconoce cuál es la postura institucional del alcalde Salomón García, tocante
al fallo laboral a favor de los sindicalizados.
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