Juan
Manuel Vázquez Barajas, exconsejero del OPLE Veracruz involucrado en mega
escándalo por corrupción en el INE
***Como
responsable jurídico validó contratos millonarios mediante adjudicaciones
directas. Su participación está documentada y su nombre aparece oficialmente en
la validación jurídica del contrato con el número INE/011/2024, a favorde “Comercializadora JVLY”, cuya contratación
presenta observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, por
aproximadamente $63 millones de pesos y propiedad de José Alfredo Hernández
Casillas.
Claudia Guerrero Martínez | 29 octubre 2026
Tribuna
Libre. – ¿Se acuerdan de Juan Manuel
Vázquez Barajas, exconsejero del Ople Veracruz, durante el periodo 2015 a
2021? Muchos lo reconocen por haber
presidido la Comisión de Quejas y Denuncias y resulta que este abogado
especialista en materia electoral fungió como consejero electoral en el
Organismo Público Local Electoral (OPLE) en Veracruz y al concluir, se
incorporó al Instituto Nacional Electoral, como jefe de Oficina de la
Secretaría Ejecutiva y como encargado del Despacho de la Dirección Ejecutiva de
Asuntos Jurídicos. Ante el escándalo por corrupción y salida de Guadalupe
Taddei Zavala, como presidenta del INE, se filtra información sobre
colaboradores que están vinculados con el desvío de recursos, tráfico de
influencias y conflicto de intereses. Les cuento a las y los inteligentes
lectores.
En
medio del mega escándalo en el INE, por irregularidades contractuales y tráfico
en contratos para beneficio de proveedores, provocando la renuncia de Guadalupe
Taddei Zavala al órgano electoral, hay
un veracruzano que ha pasado prácticamente inadvertido, de nombre Juan Manuel
Vázquez Barajas, exconsejero del OPLE Veracruz, quien llegó al INE como
coordinador estratégico de la Presidencia y posteriormente encabezó la
Dirección Jurídica y actualmente ocupa la Jefatura de Oficina de la Secretaría
Ejecutiva.
Detectamos
que durante su gestión como responsable jurídico, se validaron contratos
millonarios mediante adjudicaciones directas. Su participación está documentada
y su nombre aparece oficialmente en la validación jurídica del contrato con el
número INE/011/2024, adjudicado a “Comercializadora JVLY”, empresa cuya
contratación presenta observaciones de la Auditoría Superior de la Federación,
por aproximadamente $63 millones de pesos.
Cabe
destacar, que en el mismo contrato INE/011/2024 adjudicado el 7 de marzo de
2024, por el Instituto Nacional Electoral a la empresa “Comercializadora JVLY,
SA de CV , por la cantidad de $63 millones 241 mil pesos, en el concepto es por
el servicio de impresión, producción y distribución de materiales de simulacro
para la capacitación electoral del Proceso Electoral Federal 2023-2024 y esta
empresa está vinculada a José Alfredo Hernández Casillas, como propietario y
operada por Jesús Alberto Juárez. Y este contrato ya presentaba anomalías en su
asignación, pues la consejera del INE, Frida Gómez Puga, quien no cumplía ni un
mes en el cargo, el 07 de mayo de 2026, denunció haberle falsificado su firma
en un documento integrado en una denuncia ante la FGR, como se da a conocer con
la liga: https://es-us.noticias.yahoo.com/consejera-ine-acusa-firma-falsa-221859630.html
La
misma nota informa: “Reportes de prensa señalan que el documento atribuido a la
consejera Frida Gómez Puga sería una denuncia presentada el 11 de mayo ante la
FGR contra Jesús Octavio García González, encargado de la Dirección Ejecutiva
de Administración del INE, por presuntas irregularidades relacionadas con el
manejo de recursos del Instituto”.
Cinco
meses después, ante un escándalo por corrupción y tráfico de influencias,
motivó a la renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del INE.
La
actuación de Juan Manuel Vázquez Barajas cobra especial relevancia frente a las
contrataciones relacionadas con “Corporativo Zeg” y “Cajas Graf”, vinculadas
con Jonathan Navarrete Torres, identificado como el supuesto chofer de Taddei y
José Alfredo Hernández Casillas, el empresario exhibido en París con el hijo
menor de la hoy expresidenta del INE, siendo grabado en una lujosa habitación y
brindando con champaña. Videos que el mismo “Alfredo”, como lo llamaba Taddei
Zavala los filtró a medios de comunicación, en una negociación desde la
Presidencia de México.
La
ASF abrió una investigación de oficio por las irregularidades contractuales del
INE, que comprende a las empresas, proveedores y servidores públicos involucrados.
En ese contexto, la actuación de Vázquez Barajas y de la Dirección Jurídica que
encabezó, constituye una línea relevante de revisión, particularmente por las
validaciones que respaldaron la formalización de los contratos.
A
ello se suma el grupo de colaboradores provenientes de Xalapa que ocuparon
posiciones estratégicas en la Dirección Jurídica y la Secretaría Ejecutiva,
cuya participación en los procedimientos contractuales también merecen ser
examinadas. La investigación de la ASF debe alcanzar no solamente a quienes
adjudicaron y recibieron los contratos, sino también a quienes los revisaron,
validaron y respaldaron jurídicamente, incluidos a Juan Manuel Vázquez Barajas y los integrantes de su equipo que hubiesen
intervenido.
Tras
la salida de Guadalupe Taddei y los primeros relevos de funcionarios de alto
nivel, la permanencia de Juan Manuel Vázquez Barajas y de ese grupo de
colaboradores constituye otro asunto relevante dentro de la crisis
institucional del INE. El escrutinio no puede terminar con la renuncia de la
expresidenta del INE, cuando existen actuaciones jurídicas documentadas que
deben ser esclarecidas.
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Entre
lo utópico y lo verdadero
Historia
de corrupción sobre aseguramiento de combustible en Tihuatlán involucrando al
fiscal Mauricio A. Rosaldo García
***Empleados
de la FGR en Veracruz fueron beneficiados por inundaciones en Poza Rica, al
recibir bonificaciones ilegales.
***Nepotismo
y conflicto de intereses entre los hermanos Aldo y Andrés Colorado Neri, como
policías federales y señalados por ayudar a grupos criminales.
Claudia Guerrero Martínez | 28 octubre 2026
Tribuna
Libre. – Trabajadores de la FGR en Veracruz denuncian anomalías y violencia
laboral, compartiendo una carta donde señalan un sinfín de anomalías en la
Fiscalía Federal en Veracruz, antes Delegación de la Fiscalía General de la
República en Veracruz, tanto en el área administrativa, como en la sustantiva,
en las cuales, está sufriendo y padeciendo todo el personal que por años y con
trayectoria en la institución, en la actualidad, son rehenes de una gavilla de
ladrones y resentidos.
Las
anomalías de este grupo se revelan en los delitos cometidos por cada pseudo
servidor público en la FGR de Veracruz:
·
La C. Sheila Irasema Saldaña Hernández: Se le atribuye, que en su calidad de
subcoordinadora de Apoyo a la Labor Sustantiva de la FGR en Veracruz, falseó
información ante el entonces Coordinador Administrativo de la Fiscalía
Especializada de Control Regional, fiscalía de la que depende la Delegación
Veracruz de la FGR, para beneficiar a sus amigos con el “Apoyo Excepcional”
otorgado por el entonces fiscal general Alejandro Gertz Manero. Dicho apoyo
tenía como objetivo, que los trabajadores de la institución, quienes padecieron
las inundaciones del 10 de octubre de 2025, en la Ciudad de Poza Rica,
Veracruz, Sheila Irasema incluyó en la
lista de damnificados que mandó a la Fiscalía Especializada de Control Regional
y es gente que no sufrió la inundación o afectación alguna, además de no estar
adscritos a Poza Rica, recibiendo un mes de sueldo y es información falsa
proporcionada por la misma Sheila Irasema Saldaña Hernández para beneficiar a
Fernando Mendoza, quien era secretario en el área de Recursos Humanos en la FGR
en Veracruz, a su jefa Kelly Bustos Ayil, titular de Recursos Humanos, de la
FGR en Veracruz y a diverso personal del área administrativa y secretarial de
la FGR que estaban en la sede del Puerto de Veracruz, lugar ajeno totalmente a
la afectación de Poza Rica. Son personas que Sheila Irasema quiso beneficiar
rindiendo un informe falso de las plantillas de personal que estaban en Poza
Rica y ella informó que se encontraban adscritas en subsede de Poza Rica, al
momento de la inundación.
·
También es atribuible a Sheila Irasema Saldaña Hernández que de los donativos
en dinero recibidos en el ámbito nacional, por todos los servidores de la FGR,
fueron asignados sin una metodología, sin comprobar la afectación que tuvieron
los damnificados y dicha persona determinó unilateralmente dar $150 mil pesos a
un perito en Medicina Forense, de nombre Darién Peredo, quien indicó tener dos
casas inundadas sin mostrar escrituras y sin demostrar la propiedad de esas dos
casas, siendo sólo su dicho. Presumió haber salido “ganador”, gracias al apoyo
de Sheila Saldaña.
.Ademásde
otro auxiliar ministerial amigo de Sheila Irasema Saldaña Hernández, quien
vivía en una zona que no se inundó y le dieron a él otro apoyo de $150 mil
pesos, cuando no sufrió ninguna afectación y metió documentos para justificar a
unos familiares lejanos, sin declarar que su esposa e hijos viven en una zona
privilegiada.
¿No
advirtieron ser mentiras o no vieron que trabajadores de la FGR tienen 2 casas?
Además
que en Poza Rica, desde hace mucho tiempo, a los ministerios públicos y
auxiliares los rotan y obligan a renunciar. Es sabido que no hay un control de
asistencia y cuando renuncia algún servidor público, el nuevo encargado de
Recursos Humanos de la FGR en Veracruz, de nombre Eric González, pide a los
servidores públicos que se hagan listas atrasadas para maquillar, cuando existe
un reloj checador, el cual, no descargan las listas y no realizan los
descuentos por faltas.
Otro
delito cometido por Sheila Irasema Saldaña Hernández es haber contratado al
hermano del Agente del Ministerio Público de La Federación, Aldo Colorado Neri,
quien actualmente es titular de la Unidad de Investigación y Litigación Zona
Norte, con sede en Tuxpan Veracruz, siendo el familiar directo contratado como
auxiliar ministerial. Aun sabiendo del nepotismo para incrustar a Andrés
Colorado Neri, este fue contratado de manera inmediata y está propuesto para
ser Agente del Ministerio Público federal.
Y
peor, también tiene tranzas con los proveedores de vigilancia y limpieza,
porque no van a limpiar, ni hacen las labores los mismos proveedores y aun así
la FGR paga las facturas completas y se sabe que por fuera le dan el efectivo.
Todo esto es fruto de las licitaciones amañadas que tiene desde hace años.
Dichos servidores públicos han formado una mafia en complicidad o a espaldas
del Fiscal Federal en Veracruz (antes delegado) Mauricio Alexandro Rosaldo
García, quien es un fantasma dentro de la procuración de justicia, ya que rara
vez acude a trabajar a la Delegación y siempre se la pasa en eventos con la
gobernadora Rocío Nahle, quien es su "madrina", dicho por él.
Además,
Nahle García es la promotora de los “tres cochinitos”, el hermano de Mauricio
Alexandro Rosaldo García, quien es alcalde de MORENA en Coatzacoalcos, Pedro
Miguel Rosaldo García y su otro hermano, Andrés Augusto Rosaldo García, hermano
de Mauricio Rosaldo, quien se desempeña como jefe de la Unidad Administrativa
en la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz.
Quien
tiene sanciones por corrupción y sigue laborando, sin pasar desapercibido es
Marco Tulio Hernández, el agente del Ministerio Público en Funciones de
secretario técnico, quien desde épocas del impresentable Gonzalo Medina
Palacios, alias “El Corleone”, anterior fiscal federal en Veracruz, el mismo
que salió del cargo por acusaciones por delincuencia organizada, íntimo amigo
del exgobernador Cuitláhuac García y actualmente, Marco Tulio Hernández es
agente del Ministerio Público, pero únicamente realiza labores administrativas,
lo cual, está estrictamente prohibido, pues no actúa como ministerio público,
no sabe rendir informes justificados relativos a las demandas de amparo
radicadas en los juzgados y mucho menos, sabe hacer conclusiones. Tampoco tiene
la capacidad y todo su trabajo se lo delega al Licenciado Rey David Gómez
Alfonso, quien es fiscal en Jefe en el
Puerto de Veracruz o el Licenciado Santiago Ceballos de la Cruz, ministerio
público encargado del sistema tradicional, quien a su vez delega la
responsabilidad a sus secretarios y Marco Tulio pide el trabajo en Word para
únicamente ponerle su nombre y firma, aunado a que retarda todo lo que se pasa
para firma del fiscal federal, inclusive las devoluciones de los bienes que
pertenecen a las víctimas, provocando una revictimización en todo el Estado.
Marco
Tulio Hernández, Sheila Irasema Saldaña, Aldo Rubén Colorado Neri, titular de
la Unidad de Investigación y Litigación Zona Norte, con sede en Tuxpan y Robin
Clark Melendez, quien es titular de la Unidad de Investigación y Litigación en
Coatzacoalcos, han realizado una serie de cambios de adscripción y no
renovaciones de contratos, para tener las plazas libres e ingresar a la
institución a sus hermanos, primos, novias de ellos o de sus fiscales en jefe,
como es el caso reciente de la fiscal en Jefe de Poza Rica, de nombre Betsabé
Anaid Guzmán Balbuena, una improvisada que tiene dos años de haberse titulado
como Licenciada en Derecho y presume, que con los servidores públicos corridos
y haber dejado plazas vacías, mediante
el pago de una fuerte suma, a Sheila Irasema y Aldo Colorado, alias “El Gran
Khali”, ya van a contratar a la hermana de Betsabe Guzmán, siendo una pedagoga.
Además
de que el coche oficial marca Nissan Versa, con placas del Estado de México,
asignado al equipo de Investigación y Litigación, subsede Poza Rica, lo trae
cierto esposo para pasear a su hijo, suegra y hermana. En resumidas cuentas, el
carro oficial lo usa de forma personal, cuestión que se puede corroborar y
aportar como prueba con el localizador satelital del vehículo, donde se
observan las rutas y dónde pernocta el coche.
Además,
Robin Clark Sandoval, siendo anteriormente fiscal en jefe en Tuxpan, fue el
artífice de amañar un asunto de huachicol con 12 detenidos, asegurando en
Veracruz más de 256 mil litros de hidrocarburo, en mayo del 2026, como se da a
conocer con la liga:
https://nxnoticias.com/aseguran-mas-de-256-mil-litros-de-hidrocarburo-en-veracruz/
donde informa: “La Fiscalía General de la República aseguró más de 256 mil
litros de hidrocarburo en un inmueble de Tihuatlán, Veracruz, tras una
investigación iniciada por una denuncia anónima sobre almacenamiento ilegal de
combustible. Durante el operativo en la localidad de Plan de Ayala, las
autoridades decomisaron 20 tractocamiones, decenas de tanques y contenedores,
vehículos, equipo de laboratorio y documentos diversos. Además, doce personas
fueron detenidas y quedaron a disposición del Ministerio Público".
Con
base a este aseguramiento en Tihuatlán, adivinen qué pasó. Resulta que quien
ejecutó el cateo es el hermano de Robin Clark Sandoval, de nombre Errol
Emmanuel Sandoval Meléndez, policía federal ministerial, en claro caso de
nepotismo, quien como ejecutor del cateo firmó como testigo, siendo una
cuestión totalmente adrede e ilegal y así su hermano Robin Clark aceptó esa
acta de cateo para que el asunto se cayera y
previó recibir $5 millones de
pesos del abogado de apellido “Rivas”, quien fue a la audiencia.
Como
premio, a Robin Clark lo mandaron de
titular de la Unidad de Investigación y Litigación en Coatzacoalcos, lugar
donde violenta los derechos laborales y humilla al personal, acciones que
fueron grabadas y es materia de otras denuncias de auxiliares como Elizabeth
Sosa, en Coatzacoalcos y demás personal de Cosamaloapan.
Aunado
a que estos altos funcionarios de la FGR tienen fuertes relaciones con el jefe
de plaza del crimen organizado, relaciones que heredó desde su papá, un
exmilitar retirado con severas acusaciones por delitos del orden federal. Tanto Aldo Colorado Neri, Robin Clark
Sandoval y Marco Tulio Hernández se jactan de ser intocables, ya que se dicen
respaldados por Mauricio Alexandro Rosaldo y su hermano el alcalde de
Coatzacoalcos, Pedro Miguel Rosaldo García.
Y
nos piden trabajadores de la FGR en Veracruz: “Con motivo a todo esto, se
solicita iniciar de manera inmediata, la investigación penal y administrativa
que corresponda contra Sheila Irasema Saldaña Hernández y el personal de la
subcoordinación administrativa, bajo su mando y quienes están involucrados. Que
se nos reconozca el carácter de víctimas a todo el personal, quienes
verdaderamente sufrimos daños materiales y psicológicos por la inundación del
2025. En calidad de víctimas, se nos informe la metodología para la asignación
de las donaciones y apoyos excepcionales, ya que de comprobarse haberse
asignado a servidores públicos que no estaban adscritos o viviendo en Poza
Rica, devuelvan el dinero y en vía de reparación del daño se distribuya entre
los verdaderos damnificados. Lo mismo se solicita para las cantidades pagadas
como apoyo excepcional. Hasta el momento, no se ha iniciado carpeta de
investigación alguna, toda vez que Mauricio Alexandro Rosaldo es ahijado de
Rocío García Nahle y ha dado la orden de que no se inicie investigación
alguna”.
Dudas
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