José Miguel Cobián Elías | 19 Nov. 2026
Tribuna
Libre. – Cada poco días, leo a personas
que no tienen idea de lo que comparten, presumir cifras de inversión extranjera
directa, sin entender a qué se refiere, ni cuánto es reinversión y cuánto es
inversión en nuevos activos que generan nuevos empleos. Y sobre todo sin
entender el impacto de la inversión total, de la cual, la extranjera representa
alrededor del quince por ciento.
Cada
trimestre, la publicación de las cifras de Inversión Extranjera Directa (IED)
desata celebraciones en el discurso oficial mexicano. Se anuncian montos
históricos y se presentan como prueba irrefutable de confianza empresarial y
dinamismo económico. Sin embargo, desde una óptica estrictamente
macroeconómica, celebrar la IED como el motor principal de la economía
constituye una mentira analítica que oculta dos realidades incómodas: su peso
marginal dentro de la inversión total del país y el desplome de los capitales
extranjeros verdaderamente nuevos desde 2018.
En
la contabilidad nacional, la capacidad de un país para crecer a largo plazo se
mide por la Formación Bruta de Capital Fijo (FBKF): el gasto real en
maquinaria, equipo y construcción.
En
México, la inversión total ha oscilado históricamente entre el 20% y el 25% del
Producto Interno Bruto (PIB). Dentro de ese universo, la IED total representa
apenas entre el 8% y el 16% de la inversión del país —equivalente a un modesto
2% a 3.5% del PIB—. El verdadero motor es el empresario y el hogar mexicano: la
inversión privada nacional aporta de manera constante entre el 70% y el 77% de
todo el capital físico que se crea en el territorio.
Debemos
abrir la caja negra de la IED para entender las falsedades de la información
del gobierno. Este indicador se divide en tres rubros: nuevas inversiones
(capital fresco para crear plantas o empresas desde cero), reinversión de
utilidades (ganancias generadas en México por multinacionales ya establecidas
que deciden no repatriarlas) y cuentas entre compañías.
Entre
2023 y 2026, cerca de 8 de cada 10 dólares reportados como IED correspondieron
a reinversión de utilidades. Las nuevas inversiones extranjeras cayeron a
mínimos históricos, representando apenas entre el 0.7% y el 1.7% de la inversión
total de México —menos de medio punto porcentual del PIB—. Presumir récords de
IED cuando el capital fresco del exterior prácticamente se ha secado equivale a
confundir el mantenimiento de una casa con la construcción de un vecindario
nuevo.
La
evolución de la inversión desde 2012 evidencia cómo las decisiones de política
pública moldean —o inhiben— el apetito de riesgo de los capitales.
Durante
el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018), la estrategia apostó por la
apertura estructural en sectores estratégicos como energía y
telecomunicaciones. En ese periodo, la inversión total promedió 23.4% del PIB.
Sin embargo, el gobierno ejecutó una severa consolidación fiscal tras la caída
de los precios del petróleo: la inversión pública se desplomó del 5.3% del PIB
en 2012 (21.2% de la inversión total) al 2.8% del PIB en 2018. Aunque las
reformas lograron atraer flujos constantes de capital extranjero nuevo —que
promediaron más del 4.3% de la inversión total del país—, la debilidad del
gasto público en infraestructura impidió que la inversión agregada superara el
umbral del 25% del PIB necesario para crecer por encima del 4% anual.
Con
la llegada de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), el modelo dio un vuelco
estatista y de confrontación con el sector privado. La cancelación del
aeropuerto de Texcoco, el freno a las rondas petroleras, la parálisis en
permisos de energías limpias y los constantes cambios regulatorios enviaron una
señal de incertidumbre jurídica que golpeó la confianza del posible inversionista,
y bloqueó la posibilidad de que el Nearshoring (la relocalización) lograra el
despegue económico de México.
El
resultado entre 2018 y 2022 fue un estancamiento severo: la inversión total
cayó hasta tocar un piso de 19.6% del PIB en 2020 y tardó casi cinco años en
recuperar su nivel previo. Si bien en 2023 y 2024 la inversión total repuntó
hacia el 24% del PIB, este fenómeno respondió a factores transitorios: el gasto
público desbordado para concluir megaobras insignia (Tren Maya, refinería de
Dos Bocas) que elevó la inversión pública al 3.9% del PIB, y el efecto
estadístico del nearshoring, que impulsó al sector privado nacional a ampliar
naves industriales. No obstante, el capital extranjero nuevo nunca llegó en la
magnitud prometida; por el contrario, entre 2023 y 2024 cayó a su nivel más
bajo en décadas.
La
administración de Claudia Sheinbaum (2024-2026) heredó un déficit fiscal
insostenible y una estructura institucional profundamente alterada. Para
contener el endeudamiento en 2025, el gobierno aplicó un recorte drástico al
gasto de capital, haciendo que la inversión pública retrocediera nuevamente al
3.1% del PIB (13.5% de la inversión total), sin contar con espacio fiscal para
detonar nueva infraestructura de gran calado. Históricamente una mayor inversión
pública sirve de detonante y multiplicar para la inversión privada, nacional y
extranjera, si se reduce, se convierte en otro factor que inhibe la inversión y
con ello el crecimiento de la economía del país.
Paralelamente,
la aprobación de la reforma al Poder Judicial, la desaparición de los órganos
autónomos reguladores y las restricciones constitucionales en materia
energética consolidaron un entorno de alta aversión al riesgo. El impacto ha
sido inmediato: hacia 2025 y 2026, la inversión total volvió a descender por
debajo del 23% del PIB, arrastrada por la cautela del empresariado nacional y
la parálisis de nuevos proyectos extranjeros.
El
periodo comprendido de 2018 a la fecha exhibe el fracaso de una política
económica que privilegió el control político sobre la certidumbre jurídica.
México desperdició la mayor oportunidad de relocalización industrial de las
últimas décadas. El hecho de que en el sexenio 2018-2024 no se invirtió en
distribución de electricidad, y ante la incapacidad de CFE de recibir y llevar
la nueva producción de electricidad privada, el gobierno decidió cancelar
proyectos ya aprobados y en algunos casos terminados y listos para producir,
aduciendo que CFE debería producir el 54% de la energía nacional. Al destruir
el crecimiento de la industria eléctrica, también se destruyó la posibilidad de
que nuevas empresas se instalaran en los corredores industriales que la IP
construyó, y sobre todo, hoy se pierde la posibilidad de participar en el boom
económico que genera la Inteligencia Artificial con sus billonarias inversiones
en dólares. Un México sin electricidad adicional no puede recibir ni nuevas
industrias, ni los centros de datos de la inteligencia artificial.
Mientras
economías competidoras en Asia captaron olas masivas de inversión greenfield,
México se conformó con las utilidades reinvertidas de las empresas que ya
operaban en el país. Presumir récords de IED en este contexto no solo es una
distorsión estadística: es la cortina de humo con la que se intenta ocultar una
economía que invierte poco, crece por debajo de su potencial y ahuyenta el
capital nuevo que debería financiar su futuro.
Espero
que esto aclare la falsedad de la costumbre gubernamental de presumir
incrementos en la inversión extranjera directa, cuando representan una muy
pequeña parte de la inversión total nacional.
México
para hacer crecer su economía requiere de inversión superior al 25% del PIB, de
electricidad, de mexicanos capacitados y educados, de garantías de un poder
judicial funcional e independiente, de seguridad en ciudades y carreteras, y de
un gobierno verdaderamente promotor de la inversión y el empleo. Ninguna de
esas condiciones existe hoy en nuestro país. https://www.facebook.com/jose.miguel.cobian.elias.2025

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