*Abogados y trabajadores acusan favoritismo, hostigamiento y bloqueo a la justicia; exigen intervención urgente de Marath Baruch Bolaños López Secretario del Trabajo y Previsión Social, así como de María Eugenia Navarrete Rodríguez Presidenta de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje
*Señalan
a Víctor Olmedo Ruiz por una gestión rodeada de polémica a tan solo cuatro
meses de haber asumido el cargo
Xalapa, Ver. | 13 noviembre 2026
Tribuna
Libre. – Lo que comenzó como un relevo
administrativo en la Junta Especial amenaza con convertirse en uno de los
mayores escándalos laborales de los últimos años.
Apenas
cuatro meses después de asumir la presidencia, Víctor Olmedo Ruiz enfrenta una
creciente ola de inconformidades provenientes de abogados litigantes,
trabajadores y usuarios de la institución, quienes denuncian prácticas que,
aseguran, están generando retrasos, incertidumbre jurídica y un clima de
tensión al interior del organismo encargado de impartir justicia laboral y por
si esto no fuera poco se escucha de acoso laboral a su personal.
Las
acusaciones son múltiples y coinciden en un punto: la percepción de que la
Junta opera bajo criterios discrecionales que estarían afectando tanto a
trabajadores como a litigantes.
Entre
los señalamientos más recurrentes destaca la supuesta instrucción de impedir la
recepción de promociones sujetas a término después de las 14:30 horas, una
medida que abogados consideran incompatible con los principios básicos del
debido proceso y el acceso efectivo a la justicia.
Para
los litigantes consultados, la situación resulta especialmente grave porque
podría colocar a las partes en riesgo de perder derechos procesales por una
decisión administrativa ajena a la ley.
“Nos
están cerrando la puerta cuando los términos siguen corriendo”, expresó uno de
los abogados inconformes.
Denuncian
ambiente de miedo y presiones internas
Pero
las quejas no terminan en la atención al público.
Trabajadores
de la propia Junta aseguran que existe un ambiente laboral caracterizado por la
presión constante, el temor a represalias y decisiones administrativas
cuestionadas por el personal.
Algunos
empleados afirman que las cargas de trabajo han aumentado significativamente
debido a la exigencia de acelerar determinados expedientes, mientras otros
asuntos permanecen rezagados durante meses o incluso años.
Las
denuncias también alcanzan a sus secretarias Ameyalli Fernández Tapia y María Jose González
Dominguez que sin conocimiento previo dan fechas postergadas a los usuarios y
litigantes para que “Vengan a dar su vuelta” a ver cuando hay otra fecha de
posible resolución, ocasionando que usuarios foráneos de Ciudades como Poza
Rica u Orizaba viajen a ver como va su asunto que duerme el sueño de los
Justos.
Expedientes
rápidos para unos, espera interminable para otros. Tambien se encargan de
proteger la ausencia del Titular de la Junta diciendo que Anda de visitador en
juzgados federales, situacion que es falsa ya que el señor Presidente no tiene
el carácter de visitador ni nada por el estilo.
La
acusación que más inquietud genera entre abogados y trabajadores apunta al
supuesto trato preferencial de ciertos expedientes.
De
acuerdo con las versiones obtenidas, asuntos relacionados con organismos de
gran relevancia económica y política, como Pemex, el IMSS y otras entidades
paraestatales, estarían avanzando a un ritmo considerablemente superior al de
otros procedimientos con mayor antigüedad, esto con el fin de que sus Amigos
consentidos embarguen a estas empresas y el se pueda beneficiar de los laudos
dictados de manera pronta y expedita.
Para
los denunciantes, esta situación alimenta dudas sobre los criterios utilizados
para determinar qué expedientes reciben atención prioritaria y cuáles continúan
acumulando retrasos.
Exigen
intervención federal
Ante
la magnitud de los señalamientos, abogados, trabajadores y usuarios exigieron
la intervención inmediata de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, de
la Presidencia de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y de los órganos
de control encargados de vigilar el actuar de los servidores públicos
federales.
Los
inconformes demandan una revisión integral del funcionamiento de la Junta
Especial numero 22 de la Federal de conciliación y arbitraje, auditorías
administrativas y una investigación independiente que permita esclarecer si las
prácticas denunciadas se ajustan a la legalidad y a los principios de imparcialidad
que deben regir la impartición de justicia laboral.
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